Luces y sombras sobre las auditorías en el sector público

Desde hace unos meses la auditoría de las administraciones públicas ha pasado de ser uno de los grandes olvidados de nuestro sistema institucional a ser objeto de un intenso debate político. A los que trabajamos en auditoría este fenómeno nos genera sensaciones encontradas. Es un rayo de esperanza, que podría permitir avanzar por fin hacia un modelo de control de gestión en el sector público similar al del mundo privado, oscurecido a su vez por los errores que se están produciendo.

Hay un primer fallo, típico también en las auditorías de las empresas, que es pensar que todas las auditorías son iguales. Hay muchos tipos de auditorías, cada una con una función determinada, lo que delimita claramente qué podemos y qué no podemos saber a través de ellas. Salvo un muy reducido tipo de auditorías, las que usan técnicas forensic, que ayudan a la detección del fraude, éste no es su fin principal y suelen estar planificadas para detectar problemas importantes, pero no esos. La eficiencia, la transparencia, la reducción de costes, la correcta asignación de recursos sí que son sus objetivos. Desde este punto de vista, efectivamente, son un arma política muy eficaz, pero no para utilizarla contra el enemigo, sino para ayudar, con una clara vocación constructiva, a cumplir los programas políticos y a rendir cuentas adecuadamente ante los ciudadanos.

Otro de los problemas está relacionado con el desarrollo asimétrico que han vivido los sistemas de control de lo público y lo privado. Mientras que en el sector privado las sucesivas crisis del último siglo han impulsado el desarrollo de dos sistemas de control paralelos y complementarios – uno interno y otro externo-, en el sector público el control externo, el que ejercen personas e instituciones independientes, sigue siendo mínimo y ejecutado a destiempo, sobre todo en la administración municipal. Por eso, mientras que en España se tiene que auditar cualquier empresa mediana, un ayuntamiento como el de Madrid, con un presupuesto consolidado de más de 4.000 millones de euros, no se audita externamente cada año al no exigírselo la Ley.

Alguien podría decir que sí que hay control externo en la Administración, que para eso están los tribunales de cuentas y el resto de órganos de control externo (OCEX). Pero esa misma persona tendría que reconocer que estos órganos nunca han contado con la estructura y los recursos necesarios, y que en muchos casos se crearon sin suficiente apoyo político, hasta el punto de que con la crisis se decidió suprimirlos en algunas comunidades autónomas por considerarse –en lo que constituye un enorme contrasentido- centros de gasto.

A pesar de estos problemas, las luces son más importantes que las sombras. El interés que la transparencia está generando en nuestra sociedad ya se está plasmando en iniciativas legales que van en la dirección correcta. La mayoría de ellas son de carácter voluntario. El ejemplo más significativo en este caso sería el ayuntamiento de Barcelona que, sin que ninguna ley nacional o autonómica le obligue, la lleva a cabo desde hace muchos años con el objetivo de reducir el coste de su deuda. La Comunidad Navarra es también otro buen ejemplo.

Pero también hay avances que sí que conllevan cambios normativos de obligado cumplimiento. El más importante es el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local cuya aprobación es inminente. Esta nueva normativa va a suponer una notable mejora en el control externo de miles de entidades públicas del ámbito local. La figura central de este control son los interventores de los ayuntamientos pero, al mismo tiempo, se facilita la colaboración público-privada cuando se estime necesario, que va a ser fundamental sobre todo en los casos en los que se requieren técnicas y conocimientos que los auditores privados manejan con más eficiencia y experiencia que nadie.

Aunque éste será un paso muy relevante, para acercarnos al modelo ideal, quedarían pendientes numerosas medidas. La más importante es la auditoría externa obligatoria de los ayuntamientos de mayor dimensión. Con el nuevo régimen de control interno los interventores municipales llevarán a cabo auditorías de las entidades antes mencionadas, pero ¿quién controla cada año las cuentas de los ayuntamientos que son firmadas por ellos? Si estas cuentas no se someten al mismo control, el sistema quedará cojo.

Desde luego, los OCEX deberían de jugar un papel principal en este control, pero ahora mismo ni la ley ni los recursos financieros que reciben se lo permiten. Del mismo modo, hay importantes lagunas legales que lo imposibilitan. Por ejemplo, para poder auditar correctamente a los grandes municipios habría que regular el alcance de los trabajos de auditoría del sector público, delimitar bien sus objetivos y alcances, desarrollar la normativa técnica a aplicar y crear un sistema de control de calidad como en las auditorías privadas. Como en tantos otros temas claves en sociedades tan sofisticadas como la nuestra, tenemos que dedicarle más recursos. Tenemos un cambio cultural que gestionar entre nuestros políticos, nuestros empresarios y nuestros funcionarios. Y tenemos unas elecciones generales, unos programas electorales y una nueva legislatura que son una oportunidad perfecta para responder a este reto. Ojalá el nuevo Gobierno recoja el guante.

Mario Alonso Ayala es presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España