Ministras que luchan contra la pandemia que mata solo a mujeres

En la década de los noventa, durante la Conferencia Internacional de Beijing (1995) se reconoció con preocupación que la violencia hacia las mujeres era una epidemia debido a la magnitud de su impacto. Veinte años después, en el marco de la Sexta Conferencia de Estados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (Lima, 2015), las cifras indican que ha llegado al límite de pandemia.

En la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe, el 36% de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual. Además, la región registra la segunda tasa más alta de feminicidio, después de África.

En relación con este problema estructural, se realizó en Perú la Sexta Conferencia de Estados Parte de la Convención Belém do Pará, los días 15 y 16 de octubre, que reunió a representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a las ministras de Estado y delegadas de las instancias relacionadas con el avance de la Mujer de los 32 países integrantes de la Convención.

La Sexta Conferencia forma parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), una metodología de evaluación sistemática y permanente, basada en una práctica de intercambio y cooperación entre los países y un Comité de Expertas, que busca analizar los avances en la implementación de la Convención, así como los desafíos persistentes en las respuestas Estatales ante la violencia contra las mujeres.

Marcela Huaita Alegre, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, explica que "la Convención de Belém do Pará refleja la creciente preocupación de los Estados y la ciudadanía de la Región sobre la grave discriminación y la violencia históricas que persisten contra las mujeres, de donde se deriva la necesidad de adoptar políticas públicas y programas para su prevención, sanción y erradicación".

"En toda la Región de Latinoamérica y El Caribe somos conscientes que el Estado es el primer responsable de proteger los derechos de las mujeres. Sabemos que la violencia no se va a erradicar desde un solo sector. Para hacer realidad este compromiso es importante el acuerdo de la ciudadanía con todos los sectores sociales", afirma Ana María Baiardi, ministra de la Mujer de Paraguay.

Institucionalizar las políticas a favor de las mujeres

Uno de los indicadores estructurales del MESECVI para asegurar avances en la implementación de la Convención, es la adopción de medidas, normas jurídicas, estrategias, políticas y programas destinados a implementar los derechos de las mujeres y garantizar la continuidad y sostenibilidad del compromiso del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres.

Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante el 2012, creó la Dirección General contra la Violencia de Género. "Además del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual que brinda servicios a la población, ahora tenemos una Dirección de políticas que promueve la inclusión de otros actores sociales en la erradicación de la violencia, como la empresa, la academia y sobre todo los varones. Es un hito que está marcando metas para los próximos años. Este año está culminando el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y comenzará un nuevo Plan 2016 - 2021. Estamos seguras de que este Plan bicentenario representará un paradigma para el Estado peruano", destaca Marcela Huaita.

El Estado es el primer responsable de proteger los derechos de las mujeres Ministra de Mujer de Paraguay

En 2012, el Estado paraguayo elevó a rango de Ministerio a la Secretaría de la Mujer, convirtiéndola en Ministerio de la Mujer, con la misión de impulsar e implementar políticas públicas con perspectiva de género, promover el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres y acciones específicas para disminuir brechas de género y prevenir la violencia basada en género y la trata de mujeres. "Elevar el nivel institucional no garantiza la erradicación de la violencia, pero sí envía un mensaje claro al país del compromiso firme del Estado paraguayo para erradicar la violencia contra las mujeres", enfatiza Ana María Baiardi.

La semana pasada, el Estado peruano oficializó el Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo, que asegura una respuesta rápida y coordinada ante las denuncias por maltrato. "El protocolo busca articular las acciones de diversos sectores del Estado, como la Policía Nacional, operadores de justicia y el MIMP, para evaluar el grado de violencia del cual es víctima una mujer, y así determinar la manera de brindarle protección", puntualiza Huaita.

Por su parte, el Estado paraguayo este año tiene en el Congreso una propuesta de Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que tipifica el feminicidio, el acoso callejero y laboral. "Es una herramienta válida que no sólo es punitiva, sino que garantiza la protección a la víctima y a su familia. Es una ley que sanciona al funcionario público que no cumple con su cometido. Sabemos que es un trabajo fuerte por hacer a nivel de funcionarios públicos, de la policía, jueces y la fiscalía", subraya Baiardi.

Los presupuestos garantizan la institucionalidad

La ministra peruana considera fundamental la apuesta presupuestaria del Estado para hacer efectivas las políticas, planes y programas a favor de los derechos de las mujeres. "El compromiso del gobierno del presidente Ollanta Humala fue tener un Centro de Emergencia Mujer (CEM) en cada una de las provincias del país. Este año 2015, hemos cumplido con este compromiso, logrando tener 237 Centros de Emergencia Mujer, sabiendo que existen 195 provincias en el país. Esto ha implicado un aumento del presupuesto en un 260%, y que no sólo se tengan CEM para la atención de la población urbana, sino que se desarrolle una estrategia de prevención con la población rural".

Huaita destaca que el aumento del presupuesto ha contribuido a crear institucionalidad. "Se han generado cambios importantes a nivel normativo, se ha trabajado cercanamente con el Congreso de la República para posibilitar la aprobación de leyes como la propuesta contra el acoso político y la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se ha trabajado con diversidad de actores como la policía, y se ha publicado una nueva norma que significa un avance para tener un protocolo que identifique la potencial víctima de alto riesgo en el feminicidio".

En el caso de Paraguay, al ser considerado el Ministerio de la Mujer como un ente rector de transversalización de género en las políticas públicas del Estado, el presupuesto está repartido en cada Ministerio a través de sus Unidades de Género, con las cuales se mantiene una labor coordinada permanente. Por su parte, el Ministerio de la Mujer gestiona acciones de campo específicas. "El Ministerio tiene presupuesto definido para promover el empoderamiento económico de las mujeres con apoyo de la Unión Europea. Tenemos proyectos concretos destinados a reducir la pobreza, porque fortalecer la autonomía económica de las mujeres contribuye a erradicar la violencia de género", expresa la ministra paraguaya.

Resultados de la sexta conferencia de Estados parte

Los acuerdos finales de la sexta conferencia estuvieron dirigidos a focalizar la atención en la prevención y atención de la violencia sexual y embarazo adolescente y los vínculos entre ellos; y del VIH/SIDA. También, abordaron la violencia y el acoso político contra las mujeres (como una nueva forma de violencia que les impide participar de manera igualitaria en espacios de representación y decisión); apostaron por una educación libre de estereotipos, por facilitar el acceso a la justicia y combatir la tolerancia social e institucional a la violencia de género.

Acordaron fortalecer políticas públicas que atiendan de forma integral a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, en especial a quienes resulten embarazadas producto de esta violencia, y garantizar que reciban una atención especializada y oportuna. Así mismo, se decidió priorizar la elaboración de un proyecto de Ley integral modelo para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres por razones de género (Femicidio/Feminicidio), que sirva de base para aquellos países que aún no lo han hecho consideren crear o actualizar su legislación.

También se brindará asistencia técnica, desde el MESECVI, a las instituciones del sistema judicial para continuar incorporando la perspectiva de derechos de las mujeres y de igualdad de género y no discriminación, considerando la dimensión intercultural. Finalmente, se exhortó a los Estados parte a aumentar su apoyo para el sostenimiento del MESECVI, toda vez que se tienen que asumir significativos retos y responsabilidades en el futuro.

"América Latina es un continente que tiene muchas brechas por acortar. Necesita concentrar esfuerzos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y la Convención Belém do Pará evidencia que los 32 Estados caminamos hacia un mismo sentido para garantizar el derecho a una vida libre de violencia", concluye Marcela Huaita.

"Hace dos semanas obtuvimos los resultados de una encuesta nacional sobre los costos empresariales de la violencia intrafamiliar. Esta es una buena práctica que se inició en el Perú, se replicó en Bolivia y ahora en Paraguay. De esta manera, las conferencias adquieren una gran valía. Por ello, nosotras apostamos al multilateralismo para erradicar la violencia contra las mujeres", finaliza Ana María Baiardi.