Colombia pone nombre a la violencia contra sus mujeres

Emergencia 1,2,3 ¿En qué puedo ayudarle?

Señor agente es que fui violada en un barranco, en la calle 45 con...

No le entiendo nada, hable bien.

¡Señor agente, me violaron, ayúdeme por favor!

¿Qué emergencia tiene?

Me violaron, me violaron.

¿Ha bebido usted?

Es un extracto de la llamada real que Rosa Elvira Cely hizo a los servicios de emergencia después de haber sido golpeada, violada y empalada por un compañero de clase en el Parque Nacional de Bogotá. Fue el principio de una “cadena de negligencias” que, según su familia, acabó en mayo de 2012 con la vida de Rosa y la convirtió en el rostro de la violencia contra la mujer en Colombia.

“A mi hermana no la mató un agresor, fue víctima de un estado indolente”, lamenta, tres años después, Adriana Cely. Hoy, el nombre de su hermana da título a la primera ley contra el feminicidio en Colombia, el segundo país latinoamericano después de México con mayor índice de este tipo de delitos. Cada 13 minutos una mujer es víctima de violencia y cada cuatro días una de ellas muere a manos de su pareja o ex pareja, según la Consejería para la Equidad de la Mujer.

“El feminicidio es la mayor expresión de la violencia de género y no solo ocurre por parte de la pareja, también por familiares, compañeros de estudio o trabajo o por la propia comunidad”, explica Isabel Agatón, abogada y principal impulsora de la nueva ley 1761 de 2015, la ley Rosa E. Cely contra el feminicidio. En vigor desde el pasado 6 de julio, la reforma impone penas de 20 a 41 años de cárcel que pueden ampliarse a 50 en casos con agravantes, por ejemplo si el agresor es un funcionario público o si la víctima menor de edad. Hasta ahora los asesinatos de mujeres eran juzgados como homicidios, con penas de entre 13 y 25 años. “Además de este castigo ejemplar, ahora el Estado también tendrá que rendir cuentas si no inicia una investigación inmediata. Habrá menos margen para la impunidad”, precisa Agatón.

Desde el año 2008, Colombia ya dispone de una ley sobre no violencia contra la mujer. En ella incluso se habla de feminicidio, aunque no como un delito autónomo sino como un agravante en caso de homicidio. El problema es que casi nunca se aplicaba. Según un estudio publicado en 2013 por la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, en cuatro años sólo se había utilizado este agravante en tres ocasiones. En el resto de asesinatos, la perspectiva de género quedaba oculta.

“Quedé viva de milagro y él aún sigue en su casa”

Dos milímetros de perforación en la arteria mamaria principal, dos centímetros en el pulmón derecho. Hoy las heridas que a punto estuvieron de acabar con la vida de Kelly Méndez son solo cicatrices pero, ella insiste, algo en su interior murió aquel 23 de noviembre de 2014, cuando fue atacada en Bogotá por su ex pareja. Le propinó dos puñaladas en el pecho.

“Lo había dejado hace casi un año pero él me perseguía, me hacía hasta 50 llamadas diarias, insistía en que volviera con él”, cuenta Kelly, de 26 años. Hoy, nueve meses después, rememora cada detalle de aquel día sin que le tiemble la voz. "Al menos ya no lloro cuando lo cuento”, —reconoce, orgullosa de sí misma—. Es un paso más".

“Estábamos en su coche, aparcados junto a mi casa, cuando volvió a pedirme que volviera con él. Yo me negué y entonces dijo: 'si no eres mía no eres de nadie'. Se abalanzó sobre mí y hundió la mano en mi pecho. Pensé que había sido un golpe, pero entonces vi el cuchillo de mango negro”, relata esta superviviente. Primero le perforó el pulmón derecho y luego el seno izquierdo. Solo después de suplicarle una y otra vez, Kelly consiguió que la llevara al hospital. “Al llegar a urgencias dijo que un par de hombres me habían asaltado para robarme”. Cuando despertó del coma, tres días después, solo pronunció dos palabras: Fue Yerson.

Lo capturaron esa semana y confesó. Durante el juicio se le intentó aplicar el agravante de feminicidio pero la fiscal, como en la mayoría de casos, lo descartó. Yerson Osvaldo Neva, de 31 años, fue condenado a ocho años y medio de prisión. Le rebajaron la pena por haber llevado a Kelly al hospital y haberse preocupado por ella durante los tres días en que estuvo en coma. Aun así el agresor sigue hoy fuera de la cárcel porque el proceso continúa abierto a la espera de resolver una apelación de su defensa.

“Quedé viva de milagro y él aún sigue en su casa. No es justo, él es un asesino”, replica la víctima. Kelly continúa hoy con sus tratamientos de recuperación físicos y psicológicos. Reconoce que le cuesta respirar y que seguramente tardará años hasta volver a sentir la parte derecha de su cuerpo, pero no es lo peor. “Aún tengo pesadillas, siento persecución, más sabiendo que él está en su casa. No estoy del todo segura”. Si en el momento de su agresión hubiera existido la nueva ley contra el feminicidio, esto no ocurriría.

Ni una Rosa más

Cada 24 de mayo, decenas de mujeres —en el último año también muchos hombres— suman sus voces en el Parque Nacional para decir basta a la violencia machista. Allí, rodeada de flores, descansa una placa con la inscripción Rosa Elvira Cely. Te llevamos en nuestro corazón. Ni una Rosa más’ Es el recuerdo de uno de los crímenes de género más brutales que ha vivido la ciudad de Bogotá en los últimos años. Hoy, su responsable, Javier Velasco, cumple condena por violar, torturar y asesinar a esta mujer de 32 años. Aún así, para Adriana, hermana de la víctima, “aunque el culpable de la muerte de Rosa está en la cárcel, no se ha hecho justicia”. Desde hace tres años, la familia Cely mantiene varios pleitos abiertos contra todas las instituciones que atendieron a Rosa el día que fue atacada.

“La policía la revictimizó, la ambulancia que tenía que socorrerla nunca llegó, tuvo que esperar hasta cuatro horas en la sala de espera hasta ser intervenida quirúrgicamente. Ella murió cinco días después a causa de la infección provocada por el empalamiento, pero todos fueron responsables”, denuncia Adriana Cely, quien también acusa a la propia Fiscalía de la “cadena de negligencias” que rodeó el asesinato de su hermana. “Javier Velasco ya había sido condenado por matar a otra mujer en 2002. Además, había sido denunciado por violar a los hijos de esta y a una trabajadora sexual. Aún así estaba en la calle”, insiste.

Todavía hay muchos jueces y fiscales en Colombia que aún hablan de crimen pasional

Isabel Agatón, abogada

Para la abogada Isabel Agatón, el crimen de Rosa Elvira Cely supuso un hito en Colombia porque por primera vez “puso en evidencia la impunidad que sufrían las mujeres víctimas de violencia por culpa del pensamiento patriarcal que impregna todo el sistema”. Agatón recuerda como hasta 1936, la justicia colombiana eximía de los cargos al hombre que diese muerte a una mujer tras encontrarla manteniendo relaciones sexuales con otro porque “consideraba que obraba en defensa de su honor”. Eso ocurría hace casi 80 años pero aún hoy, según la letrada, “la mayoría de funcionarios públicos siguen sin saber qué es la violencia de género, incluso hay muchos jueces y fiscales que todavía hablan de crimen pasional”.

Es el efecto de una violencia normalizada que también cala en la opinión pública. Según el estudio Tolerancia Social e Institucional frente a las violencias contra las mujeres, publicado en marzo de 2015 por el Gobierno colombiano, el 37% de los ciudadanos considera que “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen” y el 19% piensa que “una buena esposa debe obedecer a su esposo, así no esté de acuerdo”.

Ahora, todas las esperanzas se vuelcan en la nueva ley. En primer lugar, porque “además de prevenir, nombra las cosas por su nombre, habla claramente de feminicidio, del asesinato de mujeres por ser mujeres. La experiencia nos dice que lo que no se nombra, no existe”, destaca Agatón. En segundo lugar, porque ésta también incluye la creación de una asignatura sobre género y derechos humanos que deberá impartirse desde la educación básica hasta la universidad.

Según Marina Gallego, coordinadora nacional del colectivo feminista Ruta Pacífica de las Mujeres, “la ley es importante pero una ley por sí sola no sirve para conseguir cambios reales, habrá que ver cómo se implementa. La voluntad del Estado debe manifestarse con recursos”. De momento, el proyecto no tiene presupuesto y las cifras son lo suficientemente alarmantes como para que éste se acelere. Según datos de la Defensoría del Pueblo, 1.106 mujeres fueron asesinadas en 2014 en Colombia. 305 en lo que llevamos de 2015.

Adriana Cely se muestra optimista. “Si hemos conseguido una ley, si hemos conseguido que esa ley lleve el nombre de Rosa, podemos lograr que las mentalidades cerradas cambien”. Su lucha ahora ya no es solo por su hermana, también por el resto de mujeres de su país. Desde la pérdida de Rosa, trabaja para la Secretaría de la Mujer de Bogotá en la atención a víctimas de violencia de género. También ha participado en la novela recién publicada La vida es Rosa, en la que se narra toda la secuencia del crimen, y con frecuencia visita los colegios de Bogotá para dar charlas a adolescentes sobre violencia machista. “De alguna manera, siento como si con todo esto estuviese ayudando a mi hermana”, reconoce.

Hace un año presentó una demanda contra el Estado colombiano para exigir la reparación integral para todas las mujeres. Con la ayuda de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas la asociación española Mujeres de Guatemala, quiere presionar al Gobierno para que simbólicamente pida perdón por el dolor causado y consentido durante todo este tiempo a las mujeres colombianas. “Es necesario por todas aquellas que han muerto, pero sobre todo para todas las que seguimos vivas”.