Promesas sin base

Construir el Estado ambicionado por el presidente en funciones del Gobierno catalán y candidato a la reelección, Artur Mas, resulta mucho más difícil de lo que él y sus correligionarios quieren hacer creer. El domingo pasado aceptó abiertamente, por primera vez, que la cuestión del Estado catalán plantea dificultades a los Gobiernos de la UE y que si alguno se opone a ratificarlo “tendremos un problema”, señal evidente de que la cuestión no está tan arreglada como pretenden los independentistas. Mas tuvo ayer mismo otra prueba de las dificultades del camino emprendido, en forma de suspensión de un artículo de la ley catalana de Hacienda por el Tribunal Constitucional, lo cual toca la principal estructura intentada por nacionalistas e independentistas en su camino hacia la desconexión de España.

La razón alegada por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, para recurrir la disposición sobre Hacienda no tiene que ver con asuntos de fondo respecto a la recaudación de impuestos o cuantías impositivas, ni tampoco con la existencia de la Agencia Tributaria catalana, cuya ley de creación data de 2007. Lo que se recurre es una reforma aprobada en junio pasado —por tanto, muy cerca de la convocatoria del 27-S—, que da al Gobierno catalán la potestad de captar a funcionarios de la Administración General del Estado para que se queden en la catalana, primando a los que ya cuentan con destino en Cataluña y sin respetar el derecho de acceso al resto de interesados del conjunto de España.

Por el momento, lo único que ha sucedido es la suspensión automática de la norma recurrida —y de otra referida a la implantación de un impuesto en Cataluña a los operadores de comunicaciones electrónicas—, en espera de que el alto tribunal ratifique o levante esas suspensiones. Sin embargo, el nacionalismo lo ha aprovechado para recurrir de inmediato al resorte del victimismo. “Asfixia y recentralización” fue la retórica elegida por la vicepresidenta y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, quien anunció también la continuidad del proceso destinado a dotar de más personal a la Agencia Tributaria catalana.

No es nada positivo que el Constitucional irrumpa en plena campaña a las elecciones del 27 de septiembre. Pero lo cierto es que nacionalistas e independentistas continúan impertérritos por el camino de las decisiones unilaterales. De hecho, la norma recurrida fue adoptada el 12 de junio, en plena aceleración del proceso independentista, y el recurso de Rajoy contra ella no tardó mucho (se presentó el 31 de julio). Por tanto, no se trata de ninguna treta improvisada ahora por el Gobierno, sino de la continuidad de una línea de recurso contra todas las disposiciones encaminadas a construir las “estructuras de Estado” intentadas por los independentistas.

Ni este ni ningún otro Ejecutivo pueden endosar un choque continuo con la legalidad existente. Una cosa es pactar cambios en ella y otra organizarse un conjunto de normas a medida. El Estado de derecho existe y no se puede confundir a los ciudadanos dándoles la impresión de que unas cuantas maniobras astutas bastan para desconectar a Cataluña del resto de España: por ejemplo, agarrarse a una posible mayoría absoluta de diputados en el Parlamento catalán como argumento bastante para declarar la independencia.

En realidad, Artur Mas da pasos guiado por finalidades electoralistas, pero ya no puede ocultar por más tiempo a sus conciudadanos que los planes para una independencia unilateral tienen dificultades mucho más serias de las que está dispuesto a explicarles. Y debería hacerlo antes de las elecciones.