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La pésima educación

La actual es la democracia más larga de nuestra historia, pero es imposible hacer en 37 años lo que otros han hecho en siglos

Había decidido yo dejar de hablar aquí sobre el asunto catalán durante una buena temporada cuando el otro día, caminando por el Ampurdán con mi perra y mi viejo amigo Robert Soteras –catalanista y empleado de banca a punto de jubilación–, éste dijo distraídamente algo que, aunque parezca mentira, aún no había oído decir desde que hace tres años empezó el llamado proceso soberanista: “En el fondo, todo el problema viene de nuestra falta de tradición democrática, de nuestra falta de educación”.

La democracia no se aprende de un día para otro; asimilar en qué consiste exige tiempo

Tenía más razón que un santo. La democracia no se aprende de un día para otro; asimilar en qué consiste exige tiempo. De ahí que, comparada con la cultura democrática de Reino Unido o Estados Unidos, la nuestra sea raquítica. ¿Cómo no va a serlo? La historia moderna de esos dos países es una historia ininterrumpida de más de doscientos años de democracia, durante los cuales los hábitos democráticos han arraigado en la mentalidad y las costumbres de la ciudadanía. Nuestra historia, en cambio, es una historia de dictaduras, guerras civiles, revoluciones, pseudodemocracias y golpes de Estado salpicada de paréntesis democráticos; la actual es la democracia más larga de nuestra historia, pero es imposible hacer en 37 años lo que otros han hecho en dos siglos, extirpando el dogmatismo, la intolerancia y la barbarie ancestral de nuestra cultura política.

Esto explica las ideas turulatas que a veces tenemos sobre la democracia. En Cataluña se puso hace poco de moda decir, por ejemplo, que la democracia consiste en votar, como si en las dictaduras no se votase: ¿han olvidado que en el franquismo se votaba, y que hasta hubo un referéndum? ¿Acaso no saben que se vota en Cuba? No hay democracia sin votos, pero no bastan los votos para que exista una democracia; tampoco basta con respetar la ley, pero sin respeto a la ley la democracia es una estafa. Esto es el abecé de la cuestión, su grado cero. En Cataluña, sin embargo, muchos no parecen haberlo entendido aún; entre ellos, increíblemente, no pocos políticos, lo que explica que ya casi nos hayamos acostumbrado a oírles decir que sólo respetarán la ley si les parece justa o que harán lo posible por saltársela o driblarla (jugada más conocida entre nosotros como “meterle goles al Estado”); en Reino Unido, en Estados Unidos, es inimaginable que un político diga algo parecido sin que lo corran de inmediato a gorrazos, porque todo el mundo –no digamos quienes hacen las leyes– sabe que, en democracia, las leyes no se violan: se cambian.

Dicho esto, no extrañará que la última ocurrencia de Mas y sus adláteres consista en prometer que van a ir hacia la independencia, tras las elecciones, sin encomendarse a nadie, sin tener mayoría de votos (sólo de escaños) y sin organizar un referéndum sobre la independencia (sólo sobre la constitución del nuevo Estado). A esa barbaridad incalificable llaman nuestros gobernantes catalanes radicalidad democrática.

La ley, que en democracia está para cumplirse, pero también para cambiarse

¿Estoy diciendo que los principales responsables del desaguisado son Mas y los suyos? Por supuesto: ¡vade retro, equidistancia! Pero también estoy diciendo que no son los únicos responsables, y que tienen una idea asimismo deficitaria de la democracia Rajoy, sus adláteres y todos aquellos que –vade retro, perfeccionistas de la política, como los llamaría Isaiah Berlin– sostienen que, aunque un 70% de los catalanes votase a favor de la independencia, no habría que hablar con los catalanes sobre la independencia. Es un disparate: no sólo es injusto obligar a una mayoría clara de gente a estar donde no quiere estar; sobre todo es peligroso (y a la larga imposible).

La ley, que en democracia está para cumplirse, pero también para cambiarse, sirve para conjurar esos peligros, canalizando de manera pacífica y razonable los conflictos potenciales. Quizá porque también llevan 150 años de democracia ininterrumpida, los canadienses así lo entendieron. El resultado fue la llamada Ley de Claridad, un instrumento revolucionario que resolvió ejemplarmente el problema de Quebec y que, si los independentistas ganan de forma inequívoca las elecciones catalanas, deberíamos adaptar aquí. Suponiendo, claro está, que queramos resolver de verdad el problema y que queramos hacerlo como gente bien educada.

elpaissemanal@elpais.es