Victimismo

Una nueva investigación sobre presunta financiación irregular de Convergència mediante el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas ha irrumpido como un tornado en la campaña electoral catalana. Los nuevos indicios afectan de lleno a la actual cúpula del partido y lastran gravemente la candidatura Junts pel Sí, impulsada por Artur Mas. El juez ordenó registrar la sede del partido y de la Fundació Catalanista i Democràta (CatDem) vinculada a este, ante los datos que ha recabado sobre el cobro de comisiones del 3% del valor de las obras adjudicadas a la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, cuyo patriarca, Carles Sumarroca, fue fundador de Convergència y colaborador de Jordi Pujol. También se hicieron registros en cuatro Ayuntamientos —Sant Cugat, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar—, lo que apunta a una preocupante extensión de la trama. La investigación se produce 10 años después de que el entonces presidente Pasqual Maragall aludiera a la existencia de comisiones del 3% en un pleno del Parlament, de las que tuvo que retractarse por no disponer de pruebas.

Convergència reaccionó ayer atribuyendo el registro a una maniobra política para incidir sobre los resultados del 27-S y perjudicar a la candidatura independentista. Sin menoscabo de la presunción de inocencia que le ampara, esta línea de defensa resulta pueril e indigna. No vale recurrir al victimismo cuando median acusaciones tan graves y la investigación se ha desarrollado de forma impecable. Los ciudadanos se merecen un mayor respeto. A diferencia de otros episodios con extraños informes policiales cuya autoría nadie asumió oficialmente, en esta ocasión se trata de una actuación derivada de un sumario abierto hace dos años, precisamente por una denuncia de ERC. En concreto, por el supuesto pago de comisiones por parte de Teyco al alcalde convergente de Torredembarra, un sumario que instruye un juez de El Vendrell, el predeterminado para el caso. El que en ese tiempo se hayan sucedido varias elecciones es algo ajeno a la justicia.

Pero Convergència ya nos tiene acostumbrados a la estrategia de intentar eludir sus responsabilidades presentándose como víctima de una conspiración anticatalana. Si alguna conspiración hay que temer en este caso, es la del silencio de unos socios de candidatura que en otras circunstancias hubieran exigido la dimisión inmediata de los cargos bajo sospecha. Lo cual revela la anómala situación que vive la política catalana. Hay que recordar que este caso no solo tiene similitudes sino también conexiones —a través del extesorero del partido Daniel Osàcar— con el del caso Palau, también sobre financiación irregular de CDC, que habría recibido 6,6 millones de euros de la empresa Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas. El ordenador de Osàcar en Convergència fue registrado ayer, esta vez con relación a comisiones presuntamente cobradas entre 2009 y 2011. Ante esta situación, es legítimo que los catalanes se pregunten si Artur Mas merece de nuevo su confianza, por mucho que su candidatura vaya camuflada en el cuarto puesto de la lista.