Directivos ‘low cost’

El Gobierno tiene la palabra austeridad en la boca desde hace años. La ha proclamado para justificar recortes y para limitar ciertas inversiones y gastos. El Gobierno ha hablado de austeridad a familias y a asalariados. Pero se le había olvidado dirigirse a los directivos de empresas públicas y no fue hasta ayer, apenas dos meses antes de que acabe la legislatura, cuando el Ministerio de Hacienda publicó una orden en la que regula sus gastos de representación, dietas y viajes. Montoro les ha impuesto importantes sacrificios, como el de limitar los vuelos en clase businessa casos excepcionales o el de utilizar, con carácter general, el transporte público. Pero les ha tenido que recordar también que han de presentar la factura o justificante de los gastos.

Lo que en cualquier organización sería sentido común, en el caso de Hacienda se ha presentado como recomendación: los directivos han de aplicar un criterio restrictivo “evitando desplazamientos innecesarios”; no pueden quedarse unos diítas para disfrutar del destino tras cumplir con el curro sino que han de evitar “antelaciones o prolongaciones injustificadas de estancia”, y han de planificar para “obtener mejores precios y optimizar costes”.

Montoro no ha tenido mucha prisa por ponerles límites a los directivos de las empresas públicas, que habrán de hacer cola —como el resto de los mortales—, tendrán que programar sus traslados —como hacen otros directivos— o, incluso, volar en low cost sin posibilidad de alegar una urticaria, algo que deberían haber regulado en 2012. El ministerio ha argumentado que estas recomendaciones ya se estaban aplicando como norma interna, pero, entonces, ¿de verdad tenemos a directivos en sociedades públicas que necesitan que se les dicten estas cosas? ¿Aún no han entendido que no es que no paguen ellos sino que lo pagamos todos? ¿Necesitan nuestros administradores que una orden les imponga la justificación del gasto del dinero público?

La austeridad en la Administración no debería ser una recomendación ni una regla a imponer. Debería ser el principio básico para el uso de nuestros dineros. Y empezará a serlo de verdad cuando no nos extrañe que un alcalde llegue al Ayuntamiento en bicicleta o que use el metro en algunos de sus desplazamientos.