Apartheid sanitario: de la ideología a la ignorancia

PorEkaitz Cancela(@ecanrog), de la Fundación porCausa.

Manifestación en Bilbao contra el apartheid sanitario. Foto: Luis Alberto García/El País.

“La no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre va a poner en riesgo la salud de miles de personas”. Amnistía Internacional,Médicos del MundoyRed Acogeno eran adivinos, pero sí se habían tomado la molestia de analizar los efectos sobre una de las poblaciones más debiles de la exclusión sanitaria de inmigrantes. Entró en vigor gracias al Real Decreto-ley 16/2012 “para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Por supuesto, la narrativa contrastó con los hechos.

La exclusión sanitaria de las personas inmigrantes ha tenido efectos devastadores en la población más vulnerables. Así lo denuncia Red Acoge en un informe en el que analizó el impacto del denominado “apartheid sanitario” sobre 140 personas inmigrantes excluidas de la atención sanitaria. Cuatro son los supuestos en los que se evalúan las consecuencias de no facilitar la cobertura sanitaria: inmigrantes en situación administrativa irregular, personas residentes excluidas, menores a los que se deniega el acceso y facturación en urgencias.

En el primero de los casos, cuando el Partido Popular decretó con mayoría absoluta privar a las personas de sus derechos, “propició una enorme inseguridad jurídica”. En muchos casos, como señala el estudio, las personas manifiestan temor a la hora de acudir al sistema publico de salud puess ignoran si tienen o no derecho a ello o si se les cobrar posterior por el servicio prestado. Hablamos de un sistema de atención, que dio de baja casi un millón de tarjetas sanitarias (873.000), muy alejado de lo que debería ser un reconocimiento universal de la sanidad.

Por otro lado, las personas extranjera con residencia legal y sus familias, que también se vieron excluidas. Sobre todo en el supuesto de los descendientes de ciudadanos españoles nacionalizados en un proceso de reunificación familiar perfectamente legal y respaldado por los impuestos que pagan sus hijos. “Negarles el tratamiento es como negárselo a mi abuela porque nunca fue nada más que un ama de casa”, escribía Gonzalo Fanjul sobre estas lineas. La excusa aludida en estos casos es el llamado “turismo sanitario”, ese que que hacen los europeos con la fiesta en Mallorca, pero aplicado a un derecho básico; o el “efecto llamada”. Este es el argumento camaleónico del Gobierno por antonomasia, que bien sirve para justificar un “apartheid sanitario” a casi un millón de personas o para rechazan un tercio de las ya bajas cuotas de refugiados impuestas por Europa.

Cuando una persona está desatendida puede pasarle de todo, y más si son menores. Estos también ha visto denegado su acceso a los servicios sanitarios. Como señala Red Acoge, en la práctica, los problemas burocráticos propicia que se les deniega la asistencia sanitaria por no poder expedírseles la tarjeta por carecer de pasaporte. “Pensemos en menores rumanos o búlgaros que han nacido en España, que carecen de nacionalidad eespañola y que en muchas ocasiones sus familias por falta de recursos no han podido tramitar el pasaporte y que no tienen ningún tipo de identidad”. Estos casos son especialmente graves puesto que a pesar de estar previsto en la ley, en la práctica, conseguir que la administración les expida la tarjeta resulta casi imposible.

Por último, la facturación en urgencias, que incluso ha derivado en muertes. El alto coste de los servicios médicos y el miedo a que esto sea un obstáculo en el futuro para poder regularizar su situación en España contribuye a que las personas no acudan a los servicios de urgencia aún cuando tengan necesidad y derecho a ello.

La realidad supera la ficción. Jeanneth Beltran era una joven nicaragüense de 30 años que vivía en Toledo. Se resistía acudir al médico porque temía que en el futuro se le enviara a su domicilio una factura a la que no pudiera hacer frente. Finalmente acudió con una amiga al servicio de urgencias, la cual solo pudo certificar la muerte de su compañera tras largas horas de espera para al menos ser atendida. Días después, en el que fuera el domicilio de Jeanneth, recibió una carta de la Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha reclamando el coste de servicio prestado en las urgencias del Hospital de Toledo.

El 31 de marzo de este año, el Gobierno rectificó parcialmente el Real Decreto que ya se ha llevado varias vidas por delante y aseguró que permitiría el acceso de los inmigrantes irregulares a la atención primaria de salud. Cuatro meses después todavía no ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas. Los cambios de gobierno tras las elecciones han aumentado el número de comunidades que no cumple el decreto y por tanto se ha generado una gran desigualdad entre regiones.

Por supuesto, el único argumento para defender estas medidas ha sido la ideología. Ignorante, que jamás tuvo en cuenta el riesgo para la salud pública de que una población que abunda en enfermedades infecciosas desapareciera de la sanidad, o el terror de familias con hijos a acudir a un ambulatorio por miedo a ser denunciados o enfrentarse a una factura inviable. Tampoco contemplaron el laberinto administrativo que las personas sin papeles tienen que pasar hasta ser “legales” -tiempo en el que se les priva del derecho a la salud. Ni mucho menos tienen datos para justificar su posición: ahorro derivado de la exclusión, servicios cuyo uso se reduciría o incrementaría… Casi tres años de ley, y como señalaba Laura Olías, el Ministerio de Sanidad no ha hecho el calculo de lo que ha supuesto quitar la tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas.

En el año 2012 Naciones Unidas pidió, mediante resolución unánime, que todos los países modificaran sus respectivos sistemas sanitarios en pro de una cobertura universal. Sin embargo, alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a una sanidad básica.

La nacionalidad es una reducción de la humanidad: una forma de legitimar el egoísmo. Aceptar que hemos de ser más solidarios con el grupo de los que tienen el mismo documento que nosotros implica sentar el principio de la exclusión.