La Transición, epopeya agrietada

La mayoría de las comunidades políticas modernas, esas que llamamos naciones, se asientan sobre interpretaciones del pasado que, promovidas por élites y asociaciones de todo tipo, legitiman fronteras y regímenes y se ofrecen a la ciudadanía como explicaciones de su presente. Esos relatos, renovados una y otra vez, subrayan a menudo los momentos fundacionales, epopeyas en las que los antepasados realizaron actos admirables que sus descendientes deben tomar como modelo para sus vidas. Las escuelas y los medios de comunicación los difunden, los historiadores más entregados confirman su importancia, las conmemoraciones periódicas los recuerdan. En el mejor de los casos, dan lugar a fiestas patrióticas que marcan en rojo el calendario.

Las epopeyas pretéritas suelen buscarse en aquellas guerras que pusieron a prueba el temple nacional, luchas en pos de la soberanía y la unidad empapadas con la sangre de héroes y mártires. Pero hay sociedades que, además de cantar las glorias patrias, celebran con ellas los valores liberal-democráticos plasmados en sus respectivas Constituciones. Francia, por ejemplo, aún exalta la Gran Revolución de 1789-1794, vinculada a los principios republicanos; y Estados Unidos a los padres fundadores que declararon la independencia y sumaron a las libertades el impulso federal. El 14 y el 4 de julio reafirman esos cultos. En tiempos más recientes, la República italiana encontró sus raíces en el antifascismo y las democracias del antiguo bloque soviético lo hicieron en sus revueltas anticomunistas. Mientras la narración resulte verosímil y facilite la convivencia, las complejidades de lo ocurrido no traspasan las fronteras de los debates académicos.

España ha tenido serias dificultades para encontrar una empresa heroica que sirviera de cimiento a la nación. La que reunió a más partidarios en la época contemporánea fue la Guerra de la Independencia de 1808-1814: el 2 de mayo, fecha del levantamiento madrileño contra Napoleón, despertó un fervor notable y todavía es, sorprendentemente, una referencia compartida por personajes tan dispares como Esperanza Aguirre y Pablo Iglesias Turrión, aunque hace mucho que quedó en festejo local. No arraigó en cambio el potencial cívico de la Constitución de 1812, objeto del encono incansable de las derechas reaccionarias y católicas. Sin embargo, el descubrimiento y la conquista de América han dado a luz una efeméride, el 12 de octubre, que ha sobrevivido a diversos vaivenes políticos y hoy es nuestra fiesta nacional. Pese a los ataques indigenistas, la vocación americana se ha convertido en el mínimo común denominador —desleído pero imprescindible— de todas las versiones del españolismo.

La corrupción ha apuntalado la idea de que en los setenta se conformó un régimen podrido

En realidad, los españoles sí disponen de una gran epopeya, elaborada en los últimos cuarenta años y de indiscutible calibre democrático: la construcción y el asentamiento de un régimen constitucional tras la dictadura franquista, entre 1975 y 1982. Este proceso, denominado la Transición, con mayúscula, adquirió todos los rasgos de un momento fundacional: guiados por sus dirigentes, los ciudadanos superaron sus pasadas divisiones —el terrible legado de la Guerra Civil y de la interminable tiranía de Franco— y construyeron juntos un largo periodo de paz, libertad y progreso, que culminó con la integración en las instituciones europeas. Ahí estaban sus héroes, desde Adolfo Suárez hasta Santiago Carrillo, que acabaron con los contenciosos de las dos Españas. Y sus coyunturas críticas, como la del golpe militar de 1981, resuelta gracias a la defensa de la legalidad por parte del rey Juan Carlos, el piloto del cambio que salió reforzado del envite. El 6 de diciembre, día de la Constitución de 1978, no adquirió la máxima categoría festiva por los recelos de quienes sostenían que la patria tenía una historia mucho más antigua. Pero la Transición fue durante décadas nuestra Revolución Francesa, el espejo en que nos gustaba reflejarnos y pasear como un paradigma de éxito por el mundo.

El acuerdo sobre ese marco histórico se ha deteriorado de manera muy rápida conforme se agrandaba la crisis de legitimidad del sistema político español. La Transición lleva camino de ser, más que un momento fundacional compartido, una bandera melancólica de la generación que la hizo. Algunos historiadores han puesto de relieve las exageraciones en que incurrieron sus apologistas, pero las fuentes de ese deterioro proceden sobre todo del ámbito político. En primer lugar, la reivindicación de la llamada memoria histórica por quienes tuercen los hechos y ven en el pacto democrático una traición a los derrotados de la guerra, que no se atrevió a depurar responsabilidades por los crímenes de la dictadura y se limitó a aprobar una amnésica amnistía. Según los ensayos más militantes, ese defecto denotaba la tutela de la joven democracia por los sectores autoritarios, con lo que la alabada Constitución de 1978 era una forma de sobrevivir para los poderes tradicionales; y Juan Carlos I, poco más que el sucesor de Franco a título de rey. A la vez, se construía un mito alternativo, que idealiza la Segunda República y transforma a los combatientes del bando republicano en la Guerra Civil —también a los más aguerridos anarquistas o estalinistas— en demócratas sin tacha. Los recientes escándalos de corrupción han apuntalado la discutible idea de que en los años setenta se conformó un régimen podrido que hay que derruir, mientras se venía abajo el juancarlismo que arropaba a la Monarquía. Ni siquiera el horizonte europeo conserva ya su atractivo.

A juicio de los nacionalistas, el orden constitucional ya no vale y
debe ser sustituido

En segundo lugar, la deriva independentista del nacionalismo catalán ha planteado otra enmienda a la totalidad de la epopeya, al hacer evidente que la cuestión territorial no quedó en absoluto zanjada entonces. A juicio de los nacionalistas, el orden constitucional ya no vale y debe ser sustituido, tras una infinita y no menos mítica serie de humillaciones, por un nuevo escenario que permita autodeterminarse a las naciones sin Estado. Ambos frentes han obtenido, por parte del Partido Popular, fuera y dentro del Gobierno, una sola respuesta: considerar la Transición un icono sagrado y la Constitución un texto intocable. La vía intermedia de los socialistas, que trataron de hacer compatible la reivindicación de aquellos logros con el reconocimiento a las víctimas de la violencia franquista, fue repelida como una quiebra del pacto constituyente y una apertura de heridas ya cicatrizadas. Al tiempo, cualquier propuesta seria de reforma constitucional se veía, y aún se ve, como una cesión ante los enemigos de la democracia. En todo caso, la salida de este atolladero ha de pasar por la reconstrucción de los puentes en torno a soluciones distintas, que conllevarán sin duda otros relatos pero precisarán también de valores propios de la agrietada Transición. Como el propósito de negociar y de llegar a acuerdos entre contrarios, tan poco practicado por quienes la idolatran.

Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.