Un grifo, un derecho

El agua es un bien escaso y se ha convertido en un recurso estratégico tan valioso que en algunos países han llegado a producirse conflictos armados por lograr su control. Pese a los compromisos internacionales por mejorar esta situación, en pleno siglo XXI, 663 millones de personas en el mundo siguen sin tener acceso a agua potable, declarado Derecho Humano en 2010. “Se teme que el problema sea más grave de lo que se estima. Tener un grifo cerca de tu hogar te contabiliza como persona con la que se ha cumplido el objetivo de acceder al agua, aunque tengas que recorrer kilómetros hasta llegar a él. No se tiene en cuenta su calidad, cuántas horas al día funciona o cuántas tienes que esperar diariamente para obtenerla”, explica Moisès Subirana, técnico de la campaña de agua de la ONG Ingeniería sin Fronteras. Pobreza, intereses empresariales y gobiernos inestables han hecho que, además, 2.500 millones de personas no tengan acceso al saneamiento y 1.000 niños mueran cada día por enfermedades de transmisión hídrica según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

En 1990, la OMS y Unicef comenzaron a monitorizar el acceso a agua y saneamiento en el mundo. En aquel momento, 1.300 millones de personas no disponían de él, casi la mitad de la población mundial carecía de letrinas mejoradas y el 25% de los habitantes del planeta defecaba al aire libre. En el año 2000, la ONU firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se comprometía reducir estas cifras a la mitad para 2015. Esta fecha límite ha llegado y, aunque la mayoría de países han cumplido su promesa, todavía estamos muy lejos de cumplir el objetivo global en saneamiento en vista de los datos del informe final de las dos organizaciones publicado el en junio de este año.

En 2010, según el documento, el objetivo de acceso al agua ya estaba cumplido y el 77% de la población mundial disponía del recurso. En 2015, la cifra alcanza el 91%, según la ONU. Pese al optimismo que pueden infundir estas cifras, los datos en materia de saneamiento están muy lejos de alcanzarse. En el informe final de la OMS se estima más de un tercio del planeta sigue sin poseer instalaciones mejoradas (cuando debía ser menos de la cuarta parte) y, de ellas, 946 millones continúan defecando al aire libre (cuando debían ser 750).

Los mayores problemas están, cómo no, en los países en vías de desarrollo. La región más afectada del mundo es África Subsahariana, que no ha podido cumplir ninguno de los dos objetivos: cerca del 50% de las personas sin agua limpia en el mundo vive en esta región y el número de personas que no tiene retretes adecuados en esta zona representa casi un tercio del total mundial. En esta área, según datos de la OMS, la defecación al aire libre no solo no se ha reducido en las últimas décadas, sino que ha aumentado por el crecimiento de la población y un desarrollo insuficiente. Asia es la segunda zona más afectada, ya que el 39% de las personas sin agua segura y el 61% de las personas sin letrinas vive en este continente. Pese a la rotundidad de las cifras oficiales, la relatora especial de Naciones Unidas para el agua y saneamiento, Catarina de Albuquerque, las ha puesto en duda porque la debilidad de los indicadores y la ambigüedad de los datos hacen pensar que las cifras reales son aún menos halagüeñas.

El acceso a ambos recursos es muy desigual en zonas urbanas y rurales. La ONU asegura que el 80% de las personas sin agua potable vive en el campo, igual que el 70% de quienes no disponen de saneamiento y el 90% de quienes todavía defecan al aire libre.

“La falta de agua no es problema de escasez, porque las personas viven en espacios donde hay una mínima disponibilidad. El problema es que la calidad de estas fuentes no es suficiente”, explica Moisès Subirana, miembro de Ingeniería sin Fronteras. Uno de los principales escollos para mejorar la calidad es evitar la contaminación biológica. El consumo de agua con bacterias y virus patógenos procedentes de la contaminación fecal supone un problema casi tan grave como la falta de acceso a recursos limpios. Según los últimos datos de Unicef, 1.000 niños mueren cada día en el mundo por enfermedades de transmisión hídrica. La instalación de letrinas y la normalización de su uso son los objetivos principales para conseguir controlar enfermedades como la diarrea, el cólera o la hepatitis, con las que podrían evitarse más de 840.000 muertes anuales, según la OMS.

Andrés Hueso es experto en saneamiento en la ONG británica Water Aid, que desde 1981 desarrolla proyectos de cooperación en materia de agua en 37 países. “Históricamente, el trabajo en saneamiento ha estado centrado en las infraestructuras pero no en la concienciación, que es la clave para que la gente las utilice ahora y en el futuro. En muchas escuelas de todo el mundo no hay letrinas ni acceso al agua y a la edad en la que adquieres los hábitos no tienes el recurso. Eso es una limitación, especialmente para que las niñas aprendan hábitos de higiene”, precisa.

El 42% de los centros de salud en África no tienen acceso a una fuente de agua a menos de 500 metros. Hueso explica que una de las claves sobre las que incide su organización por las graves consecuencias que tiene para el contagio de enfermedades es que en las consultas médicas muchos profesionales no puedan ni siquiera lavarse las manos. La OMS estima que establecer hábitos de higiene básicos en mujeres embarazadas y lactantes podría reducir un 25% la mortalidad de madres y neonatos.

La industria empeora el problema

Aunque la contaminación biológica es un factor de calidad de agua sobre el que las organizaciones trabajan de manera directa, deben lidiar con un problema mayor que se escapa a su control: la contaminación química industrial del agua.

La pobreza, la falta de legislación de protección al medio ambiente y la influencia que las grandes multinacionales ejercen sobre los gobiernos débiles cuya prioridad no es la defensa de los derechos de la población hacen que la lucha contra la contaminación industrial sea muy compleja.

La ONG Alianza por la Solidaridad ha lanzado el proyecto Tierrra para denunciar el “acaparamiento de tierras y de agua” de las empresas. La campaña ha destapado ya varios casos de abuso de los recursos por parte de grandes firmas de distintos sectores como el de la minería o la industria alimentaria.

“A partir de 2008, coincidiendo con la crisis de los alimentos, empezamos a ver que por mucha tubería que pusiésemos, mucha capacitación que hiciésemos y aunque formásemos a la gente, la cantidad y calidad del agua no mejoraba. Fue entonces cuando decidimos hacer investigaciones para ver cuál era el comportamiento de determinadas inversiones extranjeras de empresas que estaban llegando con un renovado interés por la agricultura y la generación de energía”, explica Almudena Moreno, coordinadora de la campaña.

“El caso de la embotelladora de Coca-Cola en El Salvador es uno de ellos. La planta se trasladó a Nejapa en 1999 tras secar el acuífero en su anterior ubicación. Aunque los estándares internacionales así lo recomiendan, la empresa no ha hecho estudios de impacto ambiental y social de la planta ni tampoco ha cumplido su propio compromiso de reducir un 22% el uso de agua en la fabricación de sus bebidas”, detalla Moreno. “Por cada litro de Coca-Cola que fabrican, utilizan 2,5 litros de agua. El resto lo vierten a la naturaleza. Esto supone una amenaza para el derecho a este recurso de 30.000 personas en Nejapa y del 30% de la población de San Salvador que dependen de este acuífero”, precisa.

Tres años de lucha han sido necesarios para encontrar respuestas. Las movilizaciones sociales y las 4.000 firmas recogidas tras la denuncia de Alianza por la Solidaridad han conseguido que el Gobierno salvadoreño establezca una moratoria de un año en la explotación del acuífero para evaluar sus recursos y el impacto de las empresas. Durante este tiempo, no se emitirán nuevos permisos de explotación a la espera de conocer las reservas.

Pero, pese a los esfuerzos de los organismos internacionales para mejorar la legislación y las exigencias en materia de medio ambiente, las empresas siempre encuentran maneras de eludir responsabilidades.

“En Nicaragua hemos estudiado una empresa minera que es claro ejemplo que lo está ocurriendo en todas partes del mundo. A medida que las leyes ambientales y de protección de los trabajadores han ido en aumento, la empresa ha convertido a los trabajadores en autónomos, comprándoles el material que fabrican en las minas de oro. Por supuesto, extrayendo el oro con mercurio y sin ningún tipo de protección. De esta manera, la responsabilidad ambiental no es de la empresa sino de los propios trabajadores”, relata Moreno. “Al ser metales pesados, las comunidades no ven su toxicidad ahora sino a largo plazo y como es un recurso económico inmediato lo aceptan sin tener en cuenta los efectos posteriores”, cuenta la coordinadora de la campaña.

Alianza por la Solidaridad explica que “las inversiones pueden ser rentables pero deben ser responsables” porque, de lo contrario, los beneficios generados son solo para la empresa y no para las comunidades. “Pero claro, la deslocalización seguramente les sale mucho más rentable porque los condicionantes legales son mucho más bajos que los estándares europeos que les obligan a pagar estudios y mediciones. De forma que cierran fábricas aquí y las abren allí”, critica Almudena Moreno, responsable del proyecto.

Agua en situaciones de emergencia

En un contexto donde las prioridades políticas y económicas están por encima de las necesidades vitales, no es extraño que el agua sea motivo de conflicto. El control del agua sirve para subyugar a la población y ejercer presión sobre las comunidades. Organizaciones como Médicos sin Fronteras, cuya actuación se centra en conflictos y emergencias, lo saben bien.

El pasado mes de mayo, los sistemas de suministro de agua del campo de refugiados Denthoma 1 en Melut (Sudán del Sur) fueron boicoteados, dejando sin suministro a 20.000 desplazados que huyen de la escalada de violencia que se vive en la zona. Sudán, sumido en un conflicto desde diciembre de 2013, es uno de los países con menor acceso al agua y saneamiento del planeta. La ciudad de Melut es uno de los puntos más críticos y Médicos sin Fronteras (MSF) tiene instalado un hospital de emergencia para atender a miles de personas que huyen de la guerra.

MSF explica que durante la semana en que el equipo médico tuvo que ser evacuado de la zona por el recrudecimiento de los combates, el hospital de campaña fue destrozado, las farmacias saqueadas y el único sistema disponible para el suministro de agua, inutilizado. Diez de los depósitos principales tenían agujeros de bala, los tanques habían sido tiroteados y las válvulas habían sido bloqueadas con botellas de plástico para que el agua potable, si llegaba, no circulase. Durante tres días, los 20.000 habitantes habían estado bebiendo agua del Nilo directamente sin tratar.

“En las zonas de conflicto la población es muy móvil y las soluciones de acceso al agua son diferentes en relación con el tipo de asentamiento”, explica Cristina Imaz, responsable de Logística de la Unidad de Emergencias de Médicos sin Fronteras. “Donde la población es más móvil, como en Yemen, que escasea el combustible y el agua hay que extraerla de pozos, la llevamos con camiones porque, aunque pongamos otro sistema, al día siguiente la gente ya se habrá ido. En esos casos, el acceso continuo al agua es casi imposible”, explica. En asentamientos más estables, con campos de refugiados que pueden estar abiertos durante años, MSF instala sistemas de abastecimiento más definitivos que permitan el mejor suministro posible. Soluciones provisionales que, en muchas ocasiones se acaban convirtiendo en la única fuente de agua potable durante generaciones.