Moratoria polémica

Apenas unas semanas después de asumir el cargo, la alcaldesa de Barcelona y su equipo de gobierno han aplicado uno de los puntos más controvertidos de su programa electoral: una moratoria de un año en la licencia de apertura de nuevos establecimientos turísticos, desde grandes hoteles a pensiones y albergues juveniles. Con esta medida, el equipo de gobierno pretende replantear la principal actividad económica de la ciudad; lo que hace, además, es abrir un debate interesante para otros lugares de España.

Barcelona es la ciudad española con más pernoctaciones turísticas —17,4 millones en 2014—, y su oferta hotelera ha experimentado un rápido ascenso: de 37.224 plazas en 2003 a las actuales 69.128. Además, la oferta de apartamentos turísticos ha pasado en tres años de 2.059 a 9.606, a los que hay que sumar una cifra no determinada que operan sin licencia. El fuerte crecimiento de los últimos años ha alarmado a los que temen —incluido el propio sector— que el modelo pueda morir de éxito. La concentración de la oferta en unos pocos barrios del centro y la llegada de grandes cruceros causa un nivel de saturación que ocasiona tensiones con el vecindario y disgusta a los propios turistas. La Rambla es un paseo maravilloso, a condición de que sea mínimamente confortable pasear por ella.

Los problemas se manifestaron el año pasado con movilizaciones ciudadanas contra la masificación y el turismo de borrachera, que llevaron al entonces alcalde Xavier Trias a decretar la suspensión de licencias de apartamentos turísticos y abrir un periodo de reflexión para redefinir el modelo. Esta reflexión es imprescindible, no solo en Barcelona, sino en otras ciudades españolas, donde las infraestructuras turísticas (alojamiento, confort ciudadano, transporte) empiezan a estar superadas por la masiva afluencia de visitantes. El turismo, como industria, necesita de planes de negocio que implican, entre otras cosas, decidir qué zonas y mercados se estimulan mediante la inversión selectiva y cuáles deben ser relegadas por baja rentabilidad o simplemente porque son incompatibles con el bienestar de ciudades o barrios.

La planificación turística exige pues un periodo de meditación. El problema es que el primer deber de una moratoria es minimizar los daños de la paralización. El crecimiento exponencial de visitantes en una ciudad escasa de espacio y comprimida entre el mar y la montaña debe ser objeto de revisión, pero esta tiene que ser consensuada con el sector; y hay que conciliar los distintos intereses sin dañar el que en estos momentos constituye, con el 14% del PIB y 120.000 empleos, un motor económico imprescindible.

Es obvio preguntarse si no hubiera sido posible hacer esa revisión sin necesidad de una moratoria de licencias. Una vez decretada, el periodo de un año es claramente excesivo, y más todavía la posibilidad de prorrogarlo. No se puede tener tanto tiempo paralizado un sector así. También hay que reconsiderar la situación de los proyectos cuya licencia ya había sido solicitada. La necesidad de regulación no está reñida con la seguridad jurídica y con la protección de intereses previos legítimos.