Rebaja electoral

No es necesario subrayar que el adelanto del segundo tramo de la rebaja del IRPF, prevista inicialmente para 2016, a este mes de julio, anunciado ayer por el presidente del Gobierno, responde a motivos estrictamente electorales. Las razones económicas esgrimidas para explicar la decisión (intensificación de la tasa de crecimiento, mejora de las exportaciones, aumento de la recaudación fiscal) son correctas, pero no justifican las prisas por bajar el impuesto con anticipación. Rajoy pronosticó que este año la economía crecerá a una tasa del 3,3% y del 3% en 2016, una proyección que probablemente se sostendría sin necesidad de ganar seis meses a la rebaja fiscal.

Reducir el tipo máximo de cotización al 45% y el mínimo al 19% tendrá sin duda efectos económicos, aunque no serán espectaculares. Significa, según el Gobierno, depositar unos 1.500 millones en los bolsillos de los contribuyentes. Esa cantidad elevará el consumo e, indirectamente, la inversión. El equipo económico podrá argüir que estimula la demanda y, en términos políticos, el Gobierno conseguirá in extremis cumplir con la promesa electoral de bajar impuestos. Al menos en lo que se refiere al que grava la renta, porque no es el caso de otros tributos. Como el efecto a corto plazo sobre la recaudación tampoco es dañino, pocos impedimentos hay para aceptar una rebaja tributaria en renta aquí y ahora.

Ahora bien, la estructura fiscal de un país ni puede ni debe ser modificada a impulsos repentinos; la prueba es que Hacienda todavía intenta resolver el problema de cómo aplicar tramos distintos en un mismo ejercicio fiscal. Cualquier cambio, y más en un gravamen tan importante como el IRPF, requiere un análisis de equilibrio con los restantes impuestos; y, además, un cálculo afinado de cuáles son las necesidades financieras del Estado.

Hay que recordar que España tiene unos compromisos de déficit con Bruselas que obligan a reducir este año el desequilibrio público en, al menos, 16.000 millones. La rebaja del IRPF puede ser coherente con un crecimiento de la recaudación; pero a medio plazo la relación de estabilidad financiera con Europa y la reducción instantánea de impuestos carecen de coherencia.

Lo que los ciudadanos esperan es una reforma fiscal integral, que reordene la importancia de los tributos, determine cuál de ellos se puede bajar, cuáles deben subir —y en qué tramos— y cuál es la solución más racional para los llamados gastos fiscales (subvenciones y desgravaciones), que recortan la recaudación pero no producen los estímulos esperados.

Los contribuyentes piden una reforma que atienda a un perímetro mínimo de bienestar social. Por citar un ejemplo inmediato, la evolución del paro y de la afiliación en junio indican una mejora en el mercado laboral y el retorno a los niveles de afiliación previos a la llegada del PP al Gobierno. Un hito que confirma la irreversibilidad de la fase de crecimiento. Pero también muestran una caída persistente de la cobertura de protección social a los parados. Este, entre otros, es un problema que hay que incluir en una reforma fiscal.