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Contratos espurios

La adjudicación pública debe revisarse para evitar casos como el del antiguo despacho de Montoro

La adjudicación de contratos públicos es uno de los graves problemas sin resolver en la legislación administrativa, a pesar de la sobreabundancia de normas y protocolos. No solo siguen concediéndose jugosas contrataciones públicas a dedo desde el Estado, las autonomías, los Ayuntamientos o las empresas públicas: además, la picaresca administrativa ha inventado fórmulas como la fragmentación de contratos (hasta 12.000 euros no es obligado el concurso público) para sortear la adjudicación transparente de obras o servicios.

En el caso del contrato adjudicado a dedo por parte de la Cámara de Comercio al despacho de abogados Equipo Económico, fundado en 2006 por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Aznar, confluyen las sospechas sobre dos prácticas controvertidas que generan un amplio cuadro de irregularidades políticas y administrativas: lo que se conoce como puertas giratorias, es decir, el paso inmediato de cargos políticos al sector privado y retorno al sector público, y una supuesta vulneración de la Ley de Contratos del Estado. Un proyecto de asesoría de 90.000 euros se habría concedido sin mediar concurso público a un despacho legal fundado por un exministro de Hacienda, que, por cierto, abandonó cuando volvió al Gobierno.

Sobre esta concesión cabe pedir, como es de rigor, una investigación (conducida por la Fiscalía Anticorrupción). No hay que dejarse enredar por justificaciones que se arrojan como pantalla; por ejemplo, la que asegura que el trabajo (un informe del impacto de la legislación sobre las Cámaras que preparaba el Gobierno) se realizó y se entregó (¡faltaría más!); o que las Cámaras pagaron el servicio con dinero privado, cuando son un organismo que gestiona más de 100 millones procedentes de Bruselas. Más bien habría que subrayar que el ministro responsable de investigar las irregularidades de los demás —¡y que tanto presume de hacerlo!— debería haber sido especialmente cuidadoso.

La lección que cabe extraer para el futuro es que la normativa legal que regula las contrataciones del Estado presenta lagunas que es necesario y urgente corregir. Lo óptimo es limitar las concesiones directas y acabar con la fragmentación de contratos. No hay que engañarse: resulta una tarea difícil, porque implica no solo poner un parche legal inmediato, sino crear además una estructura eficaz de intervención y control que detecte las irregularidades antes o en el momento de producirse. Es decir, requiere voluntad política, tiempo y dinero.

Al mismo tiempo, hay que acotar legalmente mejor el tráfico incesante entre sector público y privado en el cual se entrecruzan influencias e intereses. Equipo Económico está dirigido por el exsecretario de Estado de Hacienda con Montoro, Ricardo Martínez Rico. La fiscalía tendría que investigar hasta qué punto la adjudicación (en 2012) se debió a un juego indeseable de influencias o a méritos indudables. De nuevo parece necesario estrechar la ley y organizar las estructuras de vigilancia sobre el destino de los caudales públicos.

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