Con la firmeza debida

Las autoridades andorranas y el Banco de España han actuado con la contundencia debida al decidir la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y su filial Banco de Madrid, la entidad que gestionó el dinero oculto de Pujol. La información transmitida por el Tesoro de Estados Unidos de que algunos directivos del BPA colaboraban en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos y venezolanos —EE UU cree que el dinero blanqueado procede “del crimen organizado”—, obligó al Principado a tomar una decisión drástica, que ahora debe corroborarse con una investigación a fondo. El consejo de administración del Banco de Madrid dimitió porque la autoridad bancaria española dejó claro que no confiaba en su gestión.

¿Cuál sería el resultado óptimo de la intervención española y andorrana? Pues una investigación exhaustiva de la gestión del banco, en Andorra y en Madrid, para determinar el alcance de las operaciones de blanqueo y para comprobar el cumplimiento fiscal de los capitales depositados (hasta casi 900 millones en Sicav sólo en el Banco de Madrid). La naturaleza de los vehículos financieros no prejuzga delito, pero los interventores del banco obtendrán información valiosa con el cruce de los datos disponibles sobre declaraciones de bienes en el exterior. Se trata, además, de que los informes de los interventores se ejecuten con la máxima rapidez posible, para evitar en lo posible un deterioro de los balances de las entidades en el caso de que no haya lugar a imputación de delitos.

Hasta aquí, estamos ante una decisión política contundente cuyos daños principales son de imagen (Andorra aparece como un foco de blanqueo de dinero negro), de capital (el BPA sufre fugas de dinero de cierta consideración) y de gestión (la dimisión del Consejo del Banco de Madrid). Pero los efectos pueden tener un alcance mayor si Andorra resuelve liquidar o vender el BPA, decisión en la que probablemente influirá la opinión de Washington y que podría conducir a la venta o el cierre del Banco de Madrid.

El Banco de España y el consejo del Banco tendrán que explicar algunos detalles significativos de la intervención. El primero es por qué el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) no detectó casos graves de blanqueo (sí mencionó que el banco había cerrado cuentas sospechosas sin comunicarlo de forma correcta), y posteriormente el Tesoro americano facilitó información suficiente para justificar una intervención. También requiere una aclaración el hecho de que el Consejo decidiera continuar inicialmente en sus funciones para, horas después, presentar la dimisión en bloque.

La relativa rapidez y eficacia con que se han desarrollado los acontecimientos debería ser una norma común de colaboración en las actuaciones contra el blanqueo de dinero (como en este caso), el fraude fiscal y el fraude bancario. Si se actuara siempre con el mismo interés y firmeza, buena parte de los problemas del fraude fiscal podrían solucionarse con rapidez.