África No es un país
Coordinado por Lola Huete Machado

El sueño de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. Foto Radio Jambo.

En la 24ª cumbre de la Unión Africana (UA) , celebrada en Adís Abeba el 30 y 31 de enero pasado, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, intentó acelerar la creación de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos (CAJDH), en lo que parece un paso más de su campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI) y la creación de un sistema de justicia totalmente africano que juzgue los casos que tengan que ver con el continente.

En 2004, los líderes africanos decidieron que la llamada Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, creada en 1998, se fusionase con la Corte de Justicia de la Unión Africana, establecida en 2003, para crear la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, también conocida como la Corte Africana. El organismo resultante sería un tribunal regional, semejante al que existe en otros continentes (como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos), que algunos dirigentes africanos quieren utilizar para contrarrestar el poder de la CPI, o lo que ellos llaman la injerencia de este tribunal en los asuntos africanos. En repetidas ocasiones, los 54 países miembros de la UA han acusado a la CPI de perseguir prácticamente solo casos africanos. Es por esta razón que periódicamente, algunos líderes del continente piden la retirada en bloque de los 34 países africanos que son miembro de la CPI.

La última vez que oímos esta petición fue el pasado mes de diciembre tras el anuncio hecho por la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, de que se suspendía la causa sobre el genocidio de Darfur, en la que están imputados el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y varios altos cargos de su gobierno, debido a la falta de cooperación por parte de la comunidad internacional. Noticia que se conocía pocos días después de que la misma fiscal se viera forzada a retirar los cargos por crímenes contra la humanidad que pesaban contra el presidente de Kenia. En esa ocasión, la señora Bensouda acusó al gobierno de Nairobi de intimidar a los testigos del caso, que se negaban a dar testimonio, lo cual hacía imposible que se pudieran probar las alegaciones.

También el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha sido una de las voces que, en diferentes ocasiones y de forma bastante contundente, se ha manifestado contra la CPI; posiblemente porque también se considera víctima de una persecución por parte de esta. En varias ocasiones, Naciones Unidas se ha visto presionada para enviar el caso del presidente zimbabuense ante el tribunal por los crímenes contra la humanidad que se le imputan. En esta última cumbre de la UA, Robert Mugabe ha sido elegido presidente del organismo y una de sus primeras declaraciones ha tenido que ver con este tema, diciendo que la propuesta de que los países africanos se retiraren de la CPI debe estar en la agenda de la próxima reunión de la UA que tendrá lugar en junio en Sudáfrica.

Así veía Gado la discusión sobre la Corte Africana el pasado 31 de enero.

El estatuto de la CAJDH, adoptado en 2008, establece que la Corte estará compuesta de dos secciones: una dedicada a asuntos generales y la otra a los derechos humanos. Este documento fue enmendado en 2014, en el llamado Protocolo de Malabo, para garantizar la inmunidad de los dirigentes continentales frente a este tribunal.

Si los líderes africanos no pueden ser juzgados por la CAJDH, todavía lo pueden ser por la CPI, siempre y cuando sus países no se retiren de la misma. De ahí, la urgencia, que señalábamos anteriormente, de algunos gobernantes para que esto se produzca lo antes posible y que no se facilite que las dos instituciones pudieran operar paralelamente.

Pero parece que este instrumento de justicia para África no cuenta con el beneplácito de todos los países del continente por lo que no termina de establecerse, para lo cual necesita que 15 estados ratifiquen el estatuto y, a día de hoy, solo 11 lo han hecho.

Otras dudas que surgen con respecto a la Corte Africana tienen que ver con su complejidad y lo amplio de su misión; como puede ser el hecho de que su jurisdicción se extiende a 14 tipos diferentes de crímenes (entre los que se encuentra el tráfico de seres humanos, la piratería o el terrorismo), mientras que la CPI solo tiene tres: crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. Además, todavía no ha entrado en funcionamiento la CAJDH y ya hay propuestas para incluir nuevos delitos entre sus competencias, como podría ser el derrocamiento anticonstitucional de un gobierno.

Otro de los temas que no están todavía claros es el referente a determinar quién financiara el tribunal y cómo. En la actualidad, la Unión Africana solo aporta el 28 % de su presupuesto anual. El resto procede de donaciones de la Unión Europea, los Estados Unidos, el Banco Mundial, China y Turquía.

Curiosamente, con la idea de contrarrestar este punto, una de las discusiones que se propusieron en la última cumbre de la UA fue la de cómo reducir la dependencia del exterior. Con este fin, los líderes africanos han establecido un plan que se basa en la creación de nuevos impuestos como puede ser una tasa de dos dólares por noche de hotel, diez en los billetes de avión para vuelos con destino o procedentes de África… Estas propuestas, dejadas a la libertad de cada país, no son nuevas, ya se plantearon hace algunos años aunque sin encontrar el apoyo necesario para su puesta en marcha ya que algunos miembros pensaban que recaían injustamente sobre el turismo mientras que grandes industrias mineras o petroleras quedaban al margen.

Estando así las cosas, la pregunta es de dónde saldrá el dinero para cubrir el presupuesto de la CAJDH. En la actualidad la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos tiene asignados siete millones de euros al año, que son a todos luces insuficientes (el presupuesto anual de la CIP es de 126 millones y está demostrándose demasiado pobre). El presidente keniano, en su discurso prometió la donación un millón de dólares para la puesta en marcha de la Corte, pero ningún otro país ha hecho oferta semejante, tampoco este dinero garantiza el funcionamiento ordinario de la institución.

Por todos estos datos, se piensa que, a pesar del empeño de algunos dirigentes africanos, no tanto por acercar la justicia a sus ciudadanos, sino más bien por intereses que podríamos tildar de personales, la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos está muy lejos de ser una realidad.

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