Abuso

En Madrid llovía a cántaros y la organización había vendido más de 15.000 entradas. En éstas, que no eran baratas, no constaba advertencia de seguridad alguna, así que la mayoría de los asistentes acudieron con sus paraguas. Los porteros les advertían que no podían entrar con ellos y les sugerían que los dejaran en la consigna, una pequeña carpa instalada bajo la lluvia, sin distintivo ni identificación de ninguna clase. Allí, dos personas recogían los paraguas de 15.000 y, además, cobraban dos euros por cada uno. Delante de mí, una pareja unió los suyos con una cinta para que ocuparan una sola percha y les dijeron que tenían que pagar cuatro euros igual. Entonces me acerqué y les pregunté quiénes eran. No quisieron decírmelo. Insistí en que, si prestaban un servicio público, no podían negarse a decirme quiénes eran, y me dijeron que iban a llamar al encargado. El encargado no vino y la gente siguió pagando. ¿A quién? No conseguí saberlo. El Palacio de los Deportes es propiedad de la Comunidad de Madrid, y su Gobierno el responsable último de no proporcionar una alternativa gratuita a los ciudadanos perjudicados por una medida de seguridad no anunciada. Pagar en estas condiciones es propio de una república bananera, pero es lo que tiene la corrupción, porque si roban los de arriba, ¿por qué no van a robar los de abajo? Y es lo que tiene la opacidad, porque si no se sabe nada de quienes roban por arriba, ¿por qué van a dar pistas los que roban por abajo? Esto ocurría en la misma semana en la que se abrió el portal de transparencia del Gobierno y Rajoy dio la crisis por terminada. Al final, la gente tiraba sus paraguas a los contenedores con tal de no pagar. Su rabia me pareció digna de mejores causas. Ojalá lo sea pronto.