Democracia sin apellidos

Disfrazar los intereses personales de grandes ideales es una estratagema muy vieja en política; cuando esos grandes ideales tocan los cimientos de una sociedad, se está jugando con fuego. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quiere aprobar, contra viento y marea, una controvertida ley que, con el pretexto de consagrar a Israel como Estado judío, asegura la tranquilidad del jefe de Gobierno frente a los sectores más radicales de su electorado y entre algunos de sus socios en el Ejecutivo: pero coloca a Israel en un precipicio jurídico, al prevalecer el carácter judío sobre las demás leyes del país. Y algo mucho peor: puede consagrar legalmente la discriminación colectiva del 24% de los israelíes.

Empeñarse, 66 años después de la independencia, en subrayar el carácter judío de Israel es una obviedad innecesaria. Está recogido en el plan de partición de la ONU de 1947, en la declaración de independencia de 1948 leída por Ben Gurion, en la bandera, el escudo y hasta en el habla general, en diversos idiomas, en los que a menudo se utiliza “Estado judío” como sinónimo de Israel. Que el presidente palestino, Mahmud Abbas, no quiera reconocerlo así no debe ser motivo para convertir ese dato en una ley básica del país —Israel no tiene Constitución como tal, sino 11 leyes fundamentales— salvo que Netanyahu trate de elevarlo al rango de categoría absoluta y escollo insuperable de desacuerdo (algo que no debería pasar de un punto de discrepancia importante pero superada por los hechos). Y que quiera además usarlo como escaramuza en la política interna israelí.

La iniciativa de Netanyahu coloca en el umbral de ciudadanos de segunda categoría a algo más de dos millones de israelíes —1.700.000 árabes y 300.000 de otras confesiones— que no son judíos. El primer ministro asegura que sus derechos individuales seguirán siendo reconocidos como tales en igualdad de condiciones con los demás, pero calla respecto a lo que sucederá con sus derechos como minorías. Simplemente quedarán relegados porque, según la ley, tendrá preeminencia el carácter judío. Por cierto, Netanyahu sometió por primera vez a su Consejo de Ministros esta iniciativa días después de que un policía israelí de religión drusa muriera defendiendo a sus conciudadanos judíos que rezaban en una sinagoga cuando fueron víctimas de un ataque terrorista palestino.

La democracia no tiene apellidos. Cuando los lleva, es menos democracia. Israel no necesita poner el apellido judío a la suya.