¿Es posible que no se supiera?

Broadchurch es una mini-serie de televisión que comienza con el hallazgo de un joven muerto. En una escena, la detective que lleva el caso desecha el testimonio de una testigo clave porque descubre que, años atrás, su marido había abusado sexualmente de una de sus hijas y en el juicio había declarado desconocer lo ocurrido. Aunque no fue condenada, perdió la custodia de la menor que le quedaba. Motivo por el que la agente no la consideró apta para testificar, ya que no se creía que ignorara lo que sucedía en su propia casa. La sorpresa viene al final, cuando se descubre que el marido de la detective es el asesino del joven, con el que además mantenía una relación secreta, asunto del que ella tampoco se había enterado.

Historias como ésta nos pueden confundir si las extrapolamos a las muy publicitadas actividades supuestamente ilícitas perpetradas en importantes instituciones: los ERE andaluces, el caso Bárcenas, las visas black, los religiosos pederastas, el caso Palau o el de la familia Pujol. Repetidamente, observamos que todas las personas, relevantes y próximas a los hechos, insisten en que "no sabían nada". Insistencia que puede dar pábulo a nuestra credulidad, especialmente, si recordamos casos de hijos que ocultan a sus padres el consumo de estupefacientes o cónyuges que esconden su infidelidad. Sin embargo, aceptar como la explicación más plausible —para los presuntos delitos vinculados a esas entidades— que acontecen porque "nadie se entera de lo que sucede" sería un error. Veamos por qué.

Empecemos analizando una familia. Solo en la que no funciona con normalidad, uno de los progenitores puede llevar a cabo una actividad ilícita durante años sin que el otro la detecte. Por eso, una vez que se juzga y condena al responsable del delito, no es infrecuente que se le retire la custodia filial al que nunca se enteró de lo pasaba en su propia casa. Analicemos ahora una organización. Si un directivo es capaz de cometer ilegalidades durante años sin que sus colegas ni el máximo responsable reparen en ello, es obvio que tampoco funciona con normalidad. Pero, a diferencia de una familia, una entidad pública o privada no solo tiene un fin social, sino la necesidad de producir bienes o servicios. Y si la dirección no se entera de que se cometen delitos en su seno es difícil que esté lo suficientemente articulada como para mantener un nivel de actividad que asegure su continuidad a largo plazo. Razonando a la inversa, si la organización subsiste y genera resultados, será, entre otros motivos, por el efecto de la coordinación entre sus miembros y departamentos; lo que es tanto como decir que todos saben (o entrevén) lo que hacen los demás.

El silencio sobre los desmanes sólo se explica por una mal entendida protección de la imagen, el miedo o la complicidad.

Ciertamente, hay excepciones. También la ficción nos enseña cómo, en determinadas circunstancias, los directivos de una entidad pueden realmente desconocer las actividades de sus colegas. El argumento de The Shadowline, otra mini-serie de televisión, gira entorno a las enormes dificultades para investigar un crimen cometido en una organización, en la que sus responsables en verdad ignoran lo que hacen sus colegas. De hecho, la policía lo ve como algo normal, ya que están investigando a una mafia, donde lo usual es que el capo de una famiglia compartimente su organización, de suerte que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Éste es su modus operandi. Pero reparemos en que aun en este obscuro entorno, como mínimo, siempre existirán dos personas conocedoras de una determinada actuación: el capo y su lugarteniente. De otro modo, serían devorados por el caos. Idéntica suerte correría una institución que, sin ser mafiosa, funcionase de forma compartimentada, algo poco usual pero no ilegal. Éste es el caso de los servicios de inteligencia, donde también es preciso que una cabeza coordine las partes para que funcione el todo. Por eso, como tantas veces nos ha mostrado el cine, las organizaciones compartimentadas suelen prescindir de aquellos miembros que actúan por su cuenta.

Pero el tipo de instituciones a las que nos referimos no suelen estar compartimentadas. Y, aunque lo estuviesen, como hemos visto, raro sería que no existieran al menos dos conocedores de cada asunto. Por esta razón, en una organización no caótica, es muy improbable que solo haya un responsable de las irregularidades cometidas durante años. Así, cuando únicamente hay un encausado, más bien cabría pensar que se trata de un cabeza de turco. Aunque, afortunadamente, en muchas democracias e instituciones (públicas y privadas), especialmente las más empeñadas en seguir siéndolo, incluso el veredicto exculpatorio de sus directivos o del jefe del chivo expiatorio no suele constituir el punto final. Lo acostumbrado es que se retire la confianza al responsable de la entidad o que éste renuncie al cargo, algo parecido a la pérdida de la custodia del hijo de la protagonista de Broadchurch (o lo que en la tradición romana se conocía como culpa in vigilando).

Una vez argumentado por qué es muy improbable que en una institución todos desconozcan la existencia de delitos cometidos de forma reiterada, aún queda dilucidar por qué, quienes lo saben, callan. Podemos señalar tres posibles causas: una mal entendida protección de la imagen de la organización, el miedo y la complicidad.

En las organizaciones religiosas, al igual que en las familias, solo sería posible ocultar los desmanes durante largo tiempo, si se llevan a cabo fuera de su entorno natural. Pero esto no es nada fácil para un religioso pederasta, pues suele actuar precisamente en donde desempeña su labor. Si los que conocen este tipo de abusos —que además suelen detestar— no los delatan, puede que se deba a que pertenecen a una institución con una misión salvífica, cuyo prestigio se sienten obligados a proteger de las escandalosas faltas de unos cuantos descarriados. Un proceder ruinoso como ha develado el transcurrir del tiempo.

Sin embargo, esta motivación es difícilmente trasladable a las entidades seculares existentes en un Estado de derecho, ya que sus miembros no constituyen una parte inherente y vitalicia de ellas; por ende, no se ven impelidos a defender su reputación de forma tan obcecada. Lo que da pie a pensar que, en estos casos, el silencio es consecuencia del miedo o la mera complicidad.

El cómplice obtiene unos beneficios claros, pero si cae tendrá que asumir los cargos que le puedan imputar

El miedo extremo que puede provocar un posible ajuste de cuentas, típico de las películas de gánsteres hollywoodenses, no ha lugar en una organización relevante y conocida en un país como el nuestro. Más bien se trata de otro tipo de miedo, más sutil, como puede colegirse, por ejemplo, de una observación del informe preparado por el Frob sobre las visas black y que ha pasado casi desapercibida: "Se aprecia el hecho de que varios de los consejeros o directivos no hicieron uso de las mismas... lo que justifica que era posible advertir lo indebido de un uso personal o impropio". En otras palabras, algunos conocían la presunta ilegalidad que se estaba cometiendo en su institución y, aunque no participaron en ella, optaron por callar, tal vez, por miedo a perder su puesto.

Por último, está la complicidad, posiblemente la causa más habitual del silencio y también la que más cohesiona al grupo. El cómplice obtiene unos beneficios claros, pero si cae tendrá que asumir los cargos que le puedan imputar, ser fuerte y evitar la inculpación de sus colegas. Algo semejante a lo que ocurría en la legendaria serie de la CBS, Misión: Imposible, en cuyos episodios una grabación recordaba que el gobierno nunca reconocería la misión encomendada; luego, se autodestruía.

Todo lo explicado nos lleva a suponer que en cualquier entidad pública o privada que funcione como tal, es decir, que no viva en el caos, sus directivos, salvo que se trate de un hecho aislado, saben lo que sucede en su interior o, cuando menos, lo atisban. Y, justamente, es esa complicidad (por obra u omisión) la que retrasa, dificulta o, finalmente, imposibilita la demostración legal de las transgresiones cometidas durante años. Algo que sorprende e irrita a la ciudadanía, al no comprender que, a veces, las pruebas reunidas resultan tan débiles —a la luz de la Ley— que en realidad no hay caso.

Concluimos, pues, que en ocasiones, al igual que Galileo tuvo que conformarse simplemente diciendo: "y, sin embargo, se mueve", a los ciudadanos solo nos queda el consuelo de poder afirmar con cierta contundencia: "y, sin embargo, lo sabían".

Alonso Gil Salinas es ngeniero químico, MBA y consultor de empresa. José Luis Puerta es  doctor en filosofía y médico