Filibusterismo

La ajetreada cumbre soberanista de ayer, presidida por el titular de la Generalitat, Artur Mas, aparentó una voluntad común de mantener la convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre en Cataluña, conculcando la decisión de paralizarla del Tribunal Constitucional (TC), como producto de un supuesto deseo de “unidad” a todo trance.

Pero bajo ese deseo anidan graves fisuras, como hoy informa este periódico. Porque todos los partidos pretenden defender al mismo tiempo sus propios perfiles. Y todos, prisioneros de la presión populista de la calle, quieren evitar ser el primero en desdecirse de una consulta legalmente suspendida —y que saben imposible—, no sea que le carguen el sambenito de traidor a la causa. Actúan así encadenados, mutuamente atrapados entre sí, para mantener un consenso que tiene tanto de ficción como de ficción es su objetivo inmediato, el 9-N.

A ese agarrotamiento multilateral se le superpone otro pulso, vertical: el del president, único competente para convocar elecciones anticipadas. Mas bracea, ansioso por fijar un plan b: encabezar una lista única que enmascare una segura catástrofe en las urnas (anticipada ayer de nuevo por el instituto de encuestas), el sorpasso de Convergència por Esquerra, ya iniciado en las europeas, y su jubilación obligatoria a la vera de su padrino, Jordi Pujol. Sin un acuerdo sobre esa lista única, sin la “unidad” de todos a los que espera someter, convocaría a su antojo. Pero claro, a algunos —como Iniciativa— les incomoda la servidumbre a un caudillismo conservador.

Es ese escenario de fondo, de frágil unitarismo, el que explica los vaivenes de la guerrilla reglamentaria, obstruccionismo judicial o filibusterismo normativo practicado por Artur Mas, y multiplicado en los últimos días para ganar tiempo en (corteses) ultimátums. Se trata de enarbolar heroicos desafíos, a la Constitución y al TC, sin ofrecer flancos formales automática y rotundamente ilegales —solo sujetos a interpretación, ese típico indicio de fraude de ley— para capitalizar a los radicales movilizados y segar el alza de su socio/rival Esquerra.

Por eso se elabora una defectuosa ley de “consultas” y se aparca una semana en el cajón; se elabora a su amparo un decreto de convocatoria en secreto ante sus socios; recurre la suspensión de ambos textos al TC para mantener la apariencia de que aún se mantienen vivos, permitiendo así la agitación y propaganda consiguientes; se amaga entre dudas la designación de los miembros de la comisión de control de la consulta (una suerte de junta electoral), que al final firma, pero ¡sin fijar fecha para su entrada en vigor!

Esta frivolidad normativa no se justifica por ningún inmovilismo del Gobierno central (por otra parte, lamentable cuando alimenta la dinámica de crispación). No se justifica, porque opera en primer lugar contra los propios catalanes. Su efecto inmediato es llevar a engaño a la ciudadanía a cuya “soberanía” se apela, con la falsa finta de que el 9-N se celebrará un pseudoreferéndum legal que sus convocantes saben hundido.

Este engaño político es tanto o más grave que el fraude de ley que asoma a cada paso legal del proceso, y que los tribunales sabrán ponderar en todo su alcance: ni más, ni tampoco menos. Políticamente es desastrosa la inseguridad jurídica a la que se aboca una autoridad que sortea, burla o desobedece normas y sentencias. ¿Con qué legitimidad podría exigir el cumplimiento de la ley a sus administrados? ¿Son conscientes los partidarios de un Estado independiente de que si llegaran a este conculcando la ley validarían toda evasión fiscal, todo desorden público, toda infracción de tráfico, todo delito de desacato contra ese mismo Estado?