Derecho a saber

Convergència Democràtica (CDC) propició la comparecencia parlamentaria del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, con objeto de dar carpetazo al asunto de su reiterado fraude fiscal. Pretendía así evitar una más enojosa comisión de investigación. Erró. La sesión de ayer dio nuevo impulso a la urgencia de aclarar el caso. Pujol fue inconcreto y confuso sobre la fortuna (quizá) heredada de su padre; nada explicó sobre la conducta de su esposa e hijos, y menos sobre los vínculos de sus negocios y la gestión de la Generalitat que presidió durante 23 años. La conclusión de los portavoces fue unánime (excluido el convergente Jordi Turull): las respuestas fueron insuficientes, por lo que se impondrá la creación de una comisión de investigación parlamentaria.

El expresidente no solo no aclaró el alcance de su fraude fiscal personal-marital, sino que complicó la explicación dada en julio. El “legado” de su padre, dijo, fue por carta a su esposa. ¿Con requisitos de testamento hológrafo? ¿Fue protocolizado en el registro de últimas voluntades? ¿Abonó los impuestos devengados? No aclaró nada.

Peor aún. ¿Es creíble el importe del patrimonio exterior? La única novedad fue que el legado ascendió a una cuantía en dólares equivalente a 140 millones de pesetas (¿de 1972?). ¿Se multiplicaron hasta 4,8 millones de euros, 8.000 millones de pesetas, (¿de 2010?) solo por efecto de la revalorización del dólar? Tampoco aclaró si liquidó el impuesto de donaciones por la entrega de acciones que, alega, le obligó su padre a ponerle en garantía. Todo indica que las irregularidades fiscales del presidente de una Administración titular de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio fueron aún superiores a lo ya sabido.

La sesión del Parlament no fue vana. Los distintos grupos -—salvo el partido pujolista— formularon las preguntas adecuadas, útiles ahora para realizar un índice de la comisión de investigación. Unos, con mayor cortesía. Otros, en tono levantisco. Pero Turull nada aclaró tampoco: lanzó un patético alegato contra los demás en vez de criticar el fraude de su padrino político, y acabó de enfangar así a su partido.

Muchas cuestiones desbordaron los aspectos del caso circunscritos a la actuación personal de Pujol, en relación con el dinero público (mejor, evadido al sector público), sino también a su impacto en las contrataciones de la Generalitat; así como a una larga ristra de casos de la era pujolista que sí han aflorado en estas décadas. De la averiguación de las responsabilidades políticas de Pujol se pasará así a la evaluación del pujolismo. Eso, si Esquerra mantiene su exigencia de rigor anticorrupción (aunque sea en la complaciente actitud sumisa de su portavoz) y no la brinda en el altar de un compadreo prosecesión con CDC.

Conviene iluminar todos los rincones oscuros, también porque los herederos de su responsable político aceleran ahora la convocatoria a los ciudadanos a una aventura de “transición nacional”. Pero para tomar decisiones se requiere toda la información. Para ejercer cualquier derecho a decidir hay que haber colmado antes el derecho a saber. ¿De qué credibilidad gozaría una nueva Administración que no hubiera identificado y purgado las irregularidades y corrupciones de sus promotores?

Estamos pues ante un asunto de alta tensión, cuya densidad emocional se reflejó ayer cumplidamente en el hemiciclo. Resultó penoso constatar que Pujol se crea aún titular de un derecho de regañar a sus rivales y dar lecciones morales. Aunque los Pujol mantengan la inocencia desde un punto de vista judicial —por evaporación de pruebas, por prescripción o por otras causas— lo que han perdido para siempre es la altura moral. Del heroico resistente antifranquista de 1959 al embaucador de 2014 va similar colapso político-moral al del mariscal Pétain entre Verdún y Vichy.