No hay excusas económicas para no reformar la ciencia en España

Es obvio que la falta de recursos económicos es uno de los grandes problemas, si no el mayor, que debe afrontar en la actualidad la ciencia española. Todas las administraciones han –hemos– reducido los recursos destinados a I+D y a políticas universitarias, como de hecho se ha producido en prácticamente todas las áreas de actuación públicas.

El impacto de la reciente crisis económica sobre las finanzas públicas ha sido durísimo y ha provocado, además, un gran incremento en la deuda pública. Recientemente desayunábamos con la superación, por primera vez en la historia, del billón de euros en deuda por parte de las administraciones públicas, la gran mayor parte a cuenta de la Administración General del Estado. Podríamos aquí recordar y discutir las políticas de reducción de gasto público implementadas en los últimos años y también recordar que no todas las administraciones lo hemos hecho igual, ni en magnitud ni en metodología. Pero no es tal el propósito fundamental de este artículo.

El propósito es recordar que la ciencia española tiene otro problema, tanto o más grave que el económico, la solución del cual no requiere más inversión pública. Y aquí está la clave: puede ser discutible (al menos, en el sentido estricto de la palabra) una reducción presupuestaria en los tiempos actuales. Lo que no puede ser discutible es disponer de soluciones a problemas de gran magnitud, soluciones que no requieren más dinero, y simplemente no implementarlas. Ésta es precisamente la situación en la que nos encontramos en la política científica y universitaria del Estado español: posibles cambios que provocarían grandes pasos adelante, sin necesidad de recursos económicos adicionales y que “sólo” requieren de voluntad política.

Más allá de los fondos económicos, el problema fundamental de la ciencia española es la falta de autonomía de sus instituciones, a todos los niveles. Profundizando en este punto, diríamos que la falta de autonomía es el efecto: la causa es más profunda y tiene que ver con la incapacidad de la administración estatal de entender que la pertenencia al sector público de una institución no implica necesariamente ser tratada de una determinada forma. Vamos, que la rigidez y burocratización aparece de manera bastante natural en una Universidad o un centro de investigación, si se les pide lo mismo que se pide a Correos o a Renfe. Y no parece lógico aplicar los mismos patrones a entidades tan diferentes. Es fácil de entender, ¿verdad?

El diagnóstico es, para más inri, compartido de manera unánime por multitud de informes internos y externos. Precisamente, he tenido la oportunidad de participar en la discusión de un informe de evaluación de la política científica española realizado, a petición del propio Ministerio de Economía y Competitividad, por un panel de expertos europeos. Una de las principales conclusiones es bastante simple: es imprescindible incrementar radicalmente la autonomía de las instituciones académicas. Esta autonomía llevaría a que cada institución se especializase y compitiese. Y, por tanto, incrementase poco a poco su calidad, sus resultados, sus esfuerzos. Y se viera obligada a tomar decisiones, a escoger, a priorizar.

Para que esta autonomía conduzca a óptimos resultados se necesita, además, de un par de condiciones de contorno: estabilidad y flexibilidad. Casi tan importante como la misma autonomía es la razonable seguridad de que los cambios políticos no modifiquen los criterios. En este sentido, el caso de Catalunya y, concretamente, del Pacto Nacional por la I+D+i firmado de manera casi unánime en 2008, es quizás un ejemplo a seguir. Y uno no es autónomo de verdad si el marco en el que se desarrolla no le respeta toda la flexibilidad necesaria: porque ni tan siquiera dentro de un mismo departamento ni todos los grupos ni todos los investigadores tienen porqué seguir los mismos patrones.

Todas estas ideas se podrían concretar de inmediato en un conjunto de medidas que no dependen, en ningún caso, de articular nuevas fuentes de financiación públicas. De hecho, estoy convencido que, a medio plazo, todas estas medidas redundarían en la atracción de nuevos fondos para la ciencia española.

Creo que existe un cierto consenso en que lo más importante y urgente es flexibilizar la gestión de los recursos humanos en las instituciones académicas: empezando por supuesto por las universidades y los Organismos Públicos de Investigación (OPI). Es posible hacerlo mediante legislación, tal y como se hizo en Cataluña en 2011. Vista la facilidad legislativa que el actual Gobierno español tiene a través de los decretos ley, no parece que esto tenga que ser un problema. No obstante, como en todos los temas de gran calado, sería deseable el máximo consenso parlamentario.

Esta flexibilización debe dar absoluta autonomía a cada institución en su política de personal: contratación bajo cualquier figura, sin mayor limitación que las restricciones presupuestarias lógicas de cada institución. En este punto, destacar que la impuesta “tasa de reposición”, aplicada a las posiciones de profesores e investigadores, se ha demostrado un auténtico disparate: corta carreras prometedoras, impide a universidades y OPI renovar y rejuvenecer a sus equipos, y no es relevante para el control del gasto público.

Otra medida fácil de implementar es evaluar el trabajo científico por sus resultados y no por la supuesta habilidad administrativa en la justificación burocrática del dinero público recibido. Es mucho más eficiente concentrar el foco en las publicaciones y patentes conseguidas, por ejemplo; que en los recibos del taxi o de las tarjetas de embarque. Además, bajo la ridícula presión administrativa a la que son sometidos los investigadores, se dificultan avances deseables como una mayor relación con el sector productivo.

Una interacción –entre investigación y empresa– absolutamente factible sin necesidad de destinar nuevos fondos públicos: basta hacer uso de manera sistemática de instrumento administrativos que ya existen (como los contratos programa), nada más.

Estas dos actuaciones se podrían completar con otras de distinta índole, como una mayor autonomía en la gobernanza de cada institución (de nuevo se necesita “solamente” voluntad política y no nuevos fondos públicos) o la creación de la Agencia de Investigación, prevista en la Ley de la Ciencia. Se ha hablado tanto sobre ello que ya no hace falta más, amén de denunciar el inconcebible retraso administrativo en aplicar una de las leyes que más consenso generó en la pasada legislatura.

Todos estos cambios, insisto, son posibles sólo con una firme voluntad política. En Cataluña ya hemos avanzado muchísimo en estas cuestiones: desde la creación de institutos de investigación con nueva gobernanza, a principios del 2000, hasta la legislación antes mencionada, que data del año 2011, pasando por la creación de la Agencia que gestiona las ayudas a la investigación (Agaur) o la firma en 2008 del Pacto Nacional antes referido. Estos avances no benefician directamente a todo el sistema de I+D (¡ya nos gustaría!), pero sí a aquellas instituciones donde tenemos competencias. Lo que, por desgracia, no incluye siempre a las universidades.

No pretendo ser iluso: todas las administraciones son, por definición, conservadoras y alérgicas a los cambios. Pero en Cataluña se ha demostrado que con tesón, razón y un fuerte liderazgo político, es posible mejorar relevantemente la situación.

En conclusión: demos a los científicos tanta autonomía como sea posible en la gestión de sus recursos, respetemos la flexibilidad que cada uno necesite, y pactemos una mínima estabilidad en lo fundamental, independientemente de los cambios de gobiernos. Dispongamos de buenos y simples sistemas de evaluación ex-post (¡preferible a los ex-ante!), basados en resultados, para asegurar el buen uso de los recursos públicos, y dejemos que el tiempo haga el resto. Porque, además, es necesario que la ciencia española se prepare para cuando los recursos públicos puedan volver a aumentar para así evitar caer en todos los vicios y errores del pasado.