Menos declaraciones y más coherencia

Han pasado 15 años. Comenzaba el milenio y con él las buenas intenciones para reducir la pobreza extrema a la mitad. Entonces, 189 países se comprometieron con los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que hasta 2015 conseguirían, desde reducir la pobreza extrema, hasta frenar la propagación del sida, garantizar el acceso a una educación primaria, o promover la igualdad entre los sexos. El tiempo se agota, los logros se mezclan con los fracasos y las valoraciones dependen en gran medida de las gafas con que se miren.

Para entender el porqué de esa diferencia de opiniones debemos analizar cómo fue configurada esa agenda de desarrollo. Su construcción se produjo de arriba a abajo; es decir, desde países del Norte desarrollado a países del Sur en desarrollo y donde la participación de la ciudadanía brilló por su ausencia. En este contexto no es de extrañar la escasa implicación y participación de la sociedad en unas propuestas sobre las que no ha sido consultada.

Sin duda, la limitación fundamental de los ODM es que pusieron el foco en los efectos de la pobreza extrema, sin considerar sus causas. Esto ha hecho que el sistema que rige el mundo continúe siendo profundamente injusto y ecológicamente insostenible. Aunque en estos años se ha reducido la pobreza absoluta, asistimos a un crecimiento indecente de las desigualdades: las 85 personas más ricas del mundo tienen lo mismo que los 3.500 millones de personas más pobres, ¡la mitad de la población mundial!

La Agenda de los ODM se concibió a partir del modelo de desarrollo propio del paradigma neoliberal basado en el crecimiento económico, sin tener en cuenta los límites sociales y medioambientales del modelo actual. El propio gobierno español en la propuesta de posición para la agenda post-2015, reconoce que no es posible avanzar "en una estrategia de sostenibilidad si ello no implica una mutación en los modelos de producción y de consumo hoy vigentes”.

¿Y después de los ODM, qué?

15 años después, la realidad mundial exige, más que nunca, una nueva y diferente agenda común. La interdependencia entre lo que ocurre en un lugar y otro del planeta no tiene precedentes. Entender ese complejo engranaje con múltiples aristas es absolutamente necesario si no queremos caer de nuevo en análisis que cojeen desde su punto de partida.

Los derechos humanos deben estar en el epicentro de la agenda para avanzar hacia un nuevo paradigma de desarrollo que sea igualitario y sostenible. Sobre ese pilar debe construirse un nuevo camino, que necesariamente tiene que contemplarla lucha contra la desigualdad como un eje central, y por tanto incorporar en la agenda políticas redistributivas. Y tiene que apostar por la equidad de género porque no hay desarrollo posible mientras el 50% de la población continúe sufriendo una sistemática violación de sus derechos por el mero hecho de ser mujer.

El nuevo acuerdo que sustituya a los ODM debería ser universal con objetivos globales para todos los países, pero con metas adaptadas a los contextos nacionales y regionales. Las responsabilidades de los gobiernos ante los compromisos asumidos deben ser compartidas, aunque diferenciadas en función de los contextos, capacidades, responsabilidades históricas y un principio general de equidad y justicia social universal. Una responsabilidad que también tienen que asumir otros actores de cuya actuación depende, tanto en positivo como en negativo, los niveles de pobreza y desigualdad en todo el mundo como son las empresas transnacionales o los mercados financieros. La transparencia y la responsabilidad de todos ellos tienen que asegurarse mediante mecanismos fiscalizadores efectivos que midan resultados reales y exijan rendición de cuentas.

Pero sobre todo, el nuevo acuerdo debería apostar con valentía por una agenda transformadora que afronte las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad y apueste de verdad por un cambio de paradigma en el modelo de crecimiento. Esto implicaría cambios radicales en el enfoque de las políticas fiscales, agrarias, comerciales o energéticas —por mencionar algunas— a nivel global, pero especialmente de los países industrializados.

En este nuevo marco, la política de Cooperación, exige un replanteamiento integral. No tiene sentido seguir hablando de Cooperación para el Desarrollo sin ponerla en relación con las políticas fiscales, comerciales, financieras, migratorias, agrícolas, etc. La coherencia de políticas pasa porque el desarrollo humano sostenible este en la mira de todas las políticas públicas.

“El nuevo siglo ha comenzado con una declaración de solidaridad sin precedentes y con el firme propósito de acabar con la pobreza en el mundo”, decía el Informe de Desarrollo Humano de 2003, del PNUD. Ya ha pasado bastante tiempo como para que las declaraciones y los propósitos dejen de serlo y pasen a convertirse en hechos reales que atajen de raíz las causas de la pobreza. La sociedad civil de todo el mundo tiene claro cuál es el camino, ¿serán capaces los gobiernos de recorrerlo de su mano? Esperamos que así sea porque lo que como humanidad nos jugamos es mucho.

Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar es presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.