Invertir en el futuro de Europa

Seis años después del comienzo de la crisis financiera, el PIB europeo continúa muy por debajo del nivel que tenía antes, alrededor de un 10% menos de lo que indicaba la tendencia antes del desplome. Europa está en una situación peor que la de Japón después de la crisis financiera de los años ochenta y que la de la Gran Depresión de los años treinta. La tímida recuperación que tanta esperanza nos había dado se ha estancado en los últimos tiempos. El desempleo y la brecha de producción negativa han alcanzado niveles sin precedentes, y nos encontramos al borde de la deflación. Incluso Polonia, en plena expansión económica, tiene un desempleo elevado y la perspectiva de un crecimiento por debajo de sus posibilidades.

El paro persistente implica la amenaza de una generación perdida y de la desintegración de la estructura social de la Unión Europea. Adquieren fuerza los partidos extremistas, y los europeos no debemos olvidar jamás que la depresión y la deflación fueron los factores que llevaron al poder al régimen totalitario responsable de la destrucción de nuestro continente en la II Guerra Mundial, hace 75 años.

Las medidas aprobadas para luchar contra la crisis demuestran que, aunque a veces difieran nuestras opiniones, podemos hallar soluciones a nuestros problemas que sean beneficiosas para todos. Pero ni siquiera la necesaria y enérgica actuación en los tres frentes principales, reformas estructurales, política monetaria y finanzas públicas, basta para impulsar las inversiones. Los motivos son que el sector privado no confía en la demanda futura de sus productos; el tipo de interés real no puede volverse negativo y mejorar el equilibrio entre el ahorro y la inversión debido al entorno deflacionario; las reformas estructurales necesarias tardarán en dar fruto; y, en la mayoría de los Estados miembros de la UE, el sector público carece de margen fiscal para aumentar las inversiones. Por eso propongo una gran iniciativa europea de inversiones públicas que dé un empujón a la economía de Europa, cierre la brecha de producción, facilite la absorción de los jóvenes en el mercado de trabajo y contribuya al crecimiento a largo plazo. Todo sin dejar de proteger la sostenibilidad fiscal garantizada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Partiendo de varios supuestos multiplicadores razonables, dicha iniciativa requeriría introducir de forma gradual un gasto europeo en inversión pública de aproximadamente el 5,5% del PIB de la Unión Europea, alrededor de 700.000 millones de euros. El gasto de capital empezaría en el 0,5% del PIB europeo en 2015, alcanzaría el 2% en 2017 y luego iría descendiendo poco a poco. Esa progresión gradual es la propia de proyectos de inversión pública de gran dimensión, y daría a los responsables políticos tiempo suficiente para reaccionar y ajustar el volumen del programa con arreglo a las circunstancias.

La iniciativa aseguraría la implantación de una infraestructura paneuropea fundamental para el crecimiento a largo plazo, con especial énfasis en energía, transporte y TIC, y defensa. Los proyectos de inversión contribuirían a la interconexión, la independencia y la seguridad energéticas, la reducción de las emisiones de carbono, el fomento del comercio, las inversiones y la movilidad entre los Estados miembros y el giro de Europa hacia un modelo de crecimiento basado en el conocimiento.

Habría que dar prioridad, mediante desembolsos inmediatos y en función de las brechas de producción, a las inversiones en las economías más deprimidas. El Fondo no ayudaría a los que se hubieran quedado rezagados solo como consecuencia de su debilidad estructural, ni tampoco compensaría las diferencias de rentas, ni sería una forma disimulada de legitimar la irresponsabilidad fiscal. Centrar la atención en las brechas de producción ayudaría a sincronizar mejor los ciclos económicos nacionales y promover las reformas estructurales.

Habría que crear una nueva institución, el Fondo Europeo de Inversiones, bajo el paraguas del Banco Europeo de Inversiones. El capital apalancado del Fondo se invertiría directamente en nuevos proyectos de infraestructura, porque Europa necesita verdaderas inversiones de capital, no meras propinas. Con el tiempo, los activos creados con esas inversiones se privatizarían y así generarían ingresos para el Fondo.

El Fondo debería contar con una inyección gradual de capital suscrito y garantías de todos los Estados miembros de la UE, de forma y dimensión similares a las del Mecanismo Europeo de Estabilidad, como requisito indispensable para obtener una calificación de AAA. Las aportaciones de los Estados miembros a la capitalización del Fondo quedarían excluidas del cálculo del déficit presupuestario, y su financiación en los mercados no se desviaría a los Estados miembros.

La responsabilidad de poner fin a la década fallida y evitar que se pierda toda una generación corresponde a todos los Estados miembros de la UE. El Fondo Europeo de Inversiones podría conseguirlo. Es una iniciativa asequible; sería una irresponsabilidad económica y financiera que se rechazara, teniendo en cuenta los bajos tipos de interés, su gran repercusión en el crecimiento y las posibilidades aún mayores de crecer gracias a los numerosos multiplicadores del gasto de inversión en una economía deprimida.

Mateusz Szczurek es ministro de Finanzas de Polonia.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia