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Tribuna
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Manifiestos complementarios

No aticemos falsos enfrentamientos. Los dos textos exponen preocupaciones comunes

Francesc de Carreras

Dos manifiestos, avalados por conocidos nombres del mundo cultural, han coincidido en el tiempo: el denominado Libres e iguales, suscrito entre otros por Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Andrés Trapiello y Joaquín Leguina; y la declaración Una España federal en una Europa federal, una iniciativa de Nicolás Sartorius y José Antonio Zarzalejos, suscrita también, entre otros, por Ángel Gabilondo, Fernando Vallespín, José Luis Cuerda y Almudena Grandes. Muy combativo el primero y más reposado el segundo, ambos se hicieron públicos la semana pasada.

Este periódico se ha hecho amplio eco de estos manifiestos. Algunos han tratado de oponerlos: no estoy de acuerdo. El tono y el estilo son distintos, las materias que tratan también, pero no son contrapuestos sino complementarios, nada impide firmarlos a la vez, yo mismo acabo de hacerlo.

El primero, el Libres e iguales, tras dejar constancia que España atraviesa por un momento crítico, hace una llamada a la movilización institucional y ciudadana. En sustancia dice que el secesionismo catalán pretende romper la convivencia, adopta formas populistas y no ha recibido la respuesta adecuada. Para enfrentarse a él, los poderes públicos deben velar por el cumplimiento de la ley, abrir un debate público que sirva de información a todos los ciudadanos, reafirmar el valor de la Constitución (y, si conviene, reformarla), rechazar toda negociación que limite la soberanía del pueblo y alcanzar un pacto que comprometa a la unidad de acción.

El otro manifiesto, la declaración Una España federal en una Europa federal, parte de premisas muy semejantes al anterior y formula una propuesta específica de reforma constitucional que culmine nuestro Estado de las autonomías en sentido federal dentro de una Europa del mismo signo. Para ello propone el reconocimiento de las identidades diversas que componen nuestro país, el establecimiento de una cámara territorial que permita la participación de las comunidades en el Estado, una distribución clara de competencias y un nuevo sistema de financiación justo y equilibrado. Esta solución, dice, es la alternativa a dos opciones igualmente rechazables porque sólo conducen a un estéril enfrentamiento: seguir como estamos, pensando que los problemas se arreglarán por sí solos, o plantear una ruptura entre ciudadanos que conviven desde hace muchos años en una misma comunidad política.

El tono y el estilo son distintos, las materias que tratan también, pero no son contrapuestos sino complementarios

Por tanto, en ambos manifiestos existen preocupaciones comunes en proporciones distintas. En el primero la preocupación principal es el riesgo de secesión, en el segundo el deficiente funcionamiento del Estado de las autonomías. Ambos comparten también, sin embargo, las preocupaciones del contrario y, en todo caso, con mayor o menor énfasis, admiten la necesidad de la reforma constitucional y piden a los partidos leales a la Constitución el imprescindible consenso. Asimismo, de forma más o menos explícita, pero indudable, exigen que todo ello se lleve a cabo bajo los procedimientos propios de nuestro Estado de derecho.

Lo que más distingue a ambos manifiestos es que uno aboga por determinadas reformas en sentido federal y el otro guarda silencio en este punto sin rechazarlo, ya que abre las puertas a reformas constitucionales. Es más, algunos de los firmantes de Libres e iguales —en concreto, los profesores Juan José Solozábal y Roberto Blanco— han abogado en sus obras por el cierre definitivo del modelo autonómico en sentido federal. Por tanto, buscar contradicciones entre ambos manifiestos es, en lo sustancial, una tarea bastante inútil, sólo explicable para intentar justificar un punto de vista a mi parecer engañoso: que el escenario del actual conflicto tiene como protagonistas a dos nacionalismos, el español y los periféricos, sean catalanes o vascos. Así pues, las culpas están repartidas, ambos se retroalimentan.

Que los nacionalismos catalán o vasco existen es evidente, lo confirman sus partidos autodefinidos como nacionalistas. Que existen nacionalistas españoles también es evidente, sólo cabe estar atentos a los medios de comunicación. Ahora bien, que los partidos estatales sean nacionalistas españoles, en igual medida que lo son los partidos nacionalistas catalanes y vascos, no resiste la prueba de los hechos.

¿Dónde encontramos, además de otras evidencias, esta concluyente prueba? En la existencia misma del Estado de las autonomías: reconocido en la Constitución, desarrollado con una rapidez e intensidad inusitadas, respetuoso con las diversas lenguas y otros hechos diferenciales. Si los partidos que han sido ampliamente mayoritarios en España —UCD, PSOE y PP, los tres de ámbito estatal— hubieran sido partidos nacionalistas españoles, ni en las Cortes constituyentes, ni en el desarrollo autonómico posterior, se hubiera alcanzado el alto grado de autonomía política actual. Lo mismo podría decirse de las posiciones a favor del europeísmo, tanto del PP como del PSOE, que nunca cayeron en el euroescepticismo de otros partidos europeos, de derechas o de izquierdas, sino que, por el contrario, han contribuido a impulsar una Unión Europea cada vez más federal.

Por tanto, no aticemos falsos enfrentamientos. Unos son nacionalistas y los otros constitucionalistas: no todos son iguales. El firmante de un manifiesto nunca está del todo de acuerdo con el texto en el que estampa su firma. Si dejamos de lado pequeños detalles, estos manifiestos que, casualmente, han coincidido en el tiempo, no son contradictorios sino complementarios, concordantes en lo sustancial.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.

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