No es igual tener que declarar

Modificar impuestos es tarea delicada. Cuando se decide una subida o una rebaja fiscal, la primera obligación es calcular bien los efectos secundarios. Supongamos el caso del PP, es decir, el de un Gobierno que acaba de ganar las elecciones de 2011 y se encuentra con que necesita subir los impuestos porque, según declaración propia, el déficit público era muy superior al reconocido por el Gobierno anterior (socialista). El menú básico de opciones disponibles era subir el IVA o el IRPF; de ambas, la segunda era con mucho la peor, porque equivalía a reducir la capacidad de gasto.

Pero el PP venía de una campaña en contra de la subida del IVA (populismo genuino) y rechazó la solución más sencilla y eficaz. Así que se escudó en el socorrido argumento de “subir más a los que más tienen” —sin caer en la cuenta que gravar los tramos más altos de renta no obliga a pagar más a los que más ingresan sino a los que más declaran, que son cosas bien distintas— y elevó el marginal máximo del 45% al 52% y la tributación de los rendimientos del ahorro del 21% al 27%.

Ahora se aprecian las consecuencias de aquella decisión. Según la Agencia Tributaria, el número de declaraciones con bases imponibles superiores a 60.000 euros anuales cayó el 10,5% respecto a las registradas en 2011. Puesto que el número global de declaraciones bajó sólo el 0,5% ese año, parece lícito suponer que las rentas más altas respondieron a la subida ocultando los ingresos. En el ejercicio fiscal de 2012 la cuota resultante de todas las declaraciones subió el 1% y alcanzó los 67.000 millones; la cuota de las superiores a 60.000 euros bajó el 1,3% y se situó en 21.700 millones. ¿Merecía la pena gastar la pólvora en las salvas de proclamar “una carga mayor para las rentas más altas” a cambio de tan magros resultados?

Reglas sencillas como ésta son un tópico fiscal. Como se siguen olvidando a pesar de su sencillez, es lógico suponer que los Gobiernos actúan para salvar su imagen con soluciones discutibles (incluso dañinas) antes que para resolver los problemas reales de las finanzas públicas.

En fin, tardaremos otros dos años en comprobar cuáles son los efectos de la reciente y desordenada rebaja fiscal.