El misterioso permiso para festejar en el panteón más digno de México

El “uso indebido” del himno, el escudo o la bandera mexicanos es castigado hasta con un año de cárcel. Pocos países guardan un respeto a sus símbolos patrios con tanta solemnidad. Y la Rotonda de las Personas Ilustres de México es el sitio que, según indica el propio sitio oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob, Ministerio de Interior) es el homenaje a los que merecen “un sepulcro de honor” como indica la letra del himno nacional. Pero el 13 de junio pasado, una actriz organizó ahí una fiesta privada con mariachis, un DJ, una carpa y motocicletas. “Aquí la gente viene a descansar en paz, pero nosotros no”, dijo a sus invitados. "Es el cumpleaños más original que he hecho", afirmó en una entrevista días después.

La festejada, Claudia Cervantes, dijo en una entrevista el martes que lamentaba haber cometido lo que calificó "su mayor rotondez" y afirmó que, como disculpa, organizaría una misa en honor de los hombres y mujeres ahí enterrados, entre los que se encuentran expresidentes, músicos, pintores, artistas, escritores y poetas. Reiteró también que había pagado ya la multa por la violación del supuesto permiso que le había concedido para "la filmación de un vídeo": 34.000 pesos mexicanos, unos 2.600 dólares. Pero, ¿quién permitió que la fiesta se realizara ahí?

"Tú pagas, tú mandas", es el eslogan del Gobierno de la delegación Miguel Hidalgo, una de las 16 regiones administrativas de la Ciudad de México y la más rica de todas. Su peso económico es tan importante que, por sí misma, contribuye al 3% del PIB nacional, según presumió en una entrevista radiofónica concedida en enero el encargado de gestionarla, Víctor Hugo Romo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la mayor formación de izquierdas del país. "Diez colonias [barrios] concentran casi la economía de Buenos Aires", se ufanó. Desde que estalló el escándalo, las culpas han caído sobre el delegado, pero él ha respondido que no conocía de la fiesta, que no concedió el permiso para realizarla, que ya despidió al funcionario que lo había concedido (Rafael Del Val Ruiz), que la multa había sido pagada y que el asunto estaba zanjado.

La letra pequeña de la ley mexicana indica que la responsabilidad de otorgar el permiso para filmar en la Rotonda de las Personas Ilustres no correspondía, al menos por entero, a su delegación. La Rotonda se encuentra en el Panteón Dolores, dentro de su territorio, pero su gestión corresponde a la Secretaría de Gobernación, al Ministerio de Interior mexicano. Cualquier permiso para una filmación, sobre todo de la envergadura que implicó el evento que organizó Cervantes, debió de haber contado con un permiso de la Comisión de Filmaciones del Distrito Federal, que no depende de la delegación sino del Gobierno de Miguel Ángel Mancera, alcalde de la ciudad. Además, la importancia de la Rotonda implica a varias instituciones federales. La Segob, que preside su Consejo Consultivo, según el decreto presidencial del 26 de febrero de 2003. La multa impuesta corresponde al mal uso de bienes públicos de la Miguel Hidalgo, pero no a la Rotonda. Una obra de restauración, por ejemplo, no puede ser realizada sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Irónicamente, el único responsable que ha dimitido a raíz del escándalo es un funcionario menor de la Miguel Hidalgo: Rafael Del Val Ruiz, quien ha guardado un hermético silencio. El periódico El Universal ha difundido desde el lunes conversaciones telefónicas que son un retrato preciso de la política mexicana.

—¿No te pide ni siquiera disculpas tu patrón?, pregunta su interlocutor.

—No, no me pide, responde resignado Del Val.

—¿Y qué vas a hacer ahora?

—Pues estar lo más invisible que se pueda.

El jefe referido, Romo, esgrimió como defensa una carta firmada por el propio Del Val en la que se culpa de haber autorizado la fiesta sin avisar a su jefe. “Reprobamos el hecho y tomamos medidas sancionando [a la] casa productora que violó el permiso”, insistió en su cuenta de Twitter la mañana del martes. No ha concedido más entrevistas.

La multa por el permiso otorgado por una delegación que no tenía a su vez las facultades de otorgarlo es de poco menos de 34.000 pesos, unos 2.600 dólares, algo más de la mitad del alquiler de un salón de lujo en el DF. Ese ha sido el precio de organizar una fiesta en el sitio donde según el Gobierno mexicano se guarda “un homenaje a valores como respeto, tolerancia, igualdad, libertad y justicia social, entre muchos otros, que han personificado quienes han recibido su sepulcro de honor en este lugar”.