La nueva reforma fiscal

El Gobierno saca pecho de la tan anunciada reforma fiscal, que supondrá grandes beneficios para los ciudadanos. En especial en lo referente al IRPF, en el que se reduce el número de tramos y el tipo impositivo aplicable a los mismos. Aunque no me parece tan claro que esa reducción sea justa y ecuánime en función de los diferentes niveles de ingresos. Para compensar esa “posible” rebaja —es de suponer—, a partir del pasado 20 de junio todas las indemnizaciones por despido tributarán a Hacienda, sin excepción —salvo una cantidad exenta por año, por determinar— (uno de los puntos oscuros no explicados públicamente).

Otro punto no anunciado: a partir de 2015 se suprimirá la deducción por el pago del alquiler de la vivienda habitual para los nuevos contratos, y también se reduce la exención del 60% al 50% sobre los ingresos provenientes de arrendamientos y desaparece la exención del 100% por inquilinos menores de 30 años. Evidentemente, estas medidas no favorecen ni fomentan en absoluto el acceso a la vivienda en alquiler.

Y el que más me llama la atención, por lo disparatado y abusivo: el nuevo sistema por el que tributarán las ventas de inmuebles de segunda mano. Desde el próximo 1 de enero desaparecerá la corrección de la inflación acumulada entre la fecha de compra y la de venta, además de otros coeficientes correctores que hasta ahora se aplicaban a los inmuebles adquiridos con anterioridad a 1994. El resultado de todo ello es que se tributará directamente entre el valor de compra y el de venta como ganancia patrimonial, y en muchos de los casos supondrá pagar hasta cuatro veces más de lo que se viene pagando en la actualidad. Si lo que pretenden es recaudar más —como resulta obvio—, y en aras de una fiscalidad más razonable y equitativa, elaboren una reforma fiscal de verdad —no parches sobre parches—, graven a las multinacionales, a las grandes fortunas y a los bancos, y no a los ya de por sí empobrecidos trabajadores y endeudadas familias.— José Manuel Fernández-Arroyo Castellano.