La normativa que regula el mundo de la ayuda al desarrollo

Pongamos que Luxemburgo, un país donante de fondos, decide financiar un proyecto para fomentar el mejor uso de las energías renovables en Guatemala. Para llevar a cabo el proyecto se prevé realizar una serie de contratos. Estos contratos buscan, entre otras cosas, comprar suministros destinados a crear infraestructuras energéticas.

Si la gestión del proyecto es centralizada, las licitaciones de estos contratos serán llevados a cabo por y de acuerdo con las normas del país donante (Luxemburgo, en este caso). Y esto a pesar de que, tarde o temprano, será el estado beneficiario (Guatemala) el que tendrá que entenderse con la empresa para implementar el contrato.

Es frecuente que este tipo de licitaciones estén abiertas a empresas de distintas nacionalidades. También es habitual que las empresas ganadoras no provengan del estado beneficiario. Puesto que, como decíamos inicialmente, una parte importante de los ingresos de los proyectos de desarrollo van a las empresas que lo implementan, al estado guatemalteco le interesará que sea una empresa de su país la que ejecute el contrato. Pero puesto que Guatemala no licita: ¿Qué medidas podrá llevar a cabo para lograr este objetivo? El país centroamericano podría sabotear el contrato para disuadir, en el futuro, a empresas no guatemaltecas de participar en licitaciones cuyos contratos se ejecutan en su país.

El Señor Kourisky es el nombre ficticio de un experto en la resolución de este tipo de litigios. En el supuesto en el que estamos, él sería contratado por los luxemburgueses para resolver el bloqueo. Él lo explica así: “Los guatemaltecos han recibido ya los suministros de parte de la empresa proveedora, pero retrasan una y otra vez la firma del documento que acredita la recepción de los mismos. Para ello se escudan en diferentes argumentos. Sin este documento la empresa no puede recibir el correspondiente pago de Luxemburgo. Este retraso puede mantenerse muchos años (cinco o seis, a veces más…) causando un grave perjuicio a la mencionada empresa”.

El Señor Kourisky ha visto decenas de situaciones como esta. Una vez que él entra en juego, la situación se normaliza prácticamente siempre: “En toda mi carrera profesional como mediador, solo una vez no llegamos a un acuerdo” dice. “Lo que demuestra la falta de voluntad que ha existido es que al acuerdo se llega en apenas unos días, unas semanas, a lo sumo…”. Concluye el experto: “Se trata de apretar sin llegar a ahogar a la empresa… otro gallo hubiera cantado si hubiese tenido nacionalidad guatemalteca”.

Este no es el único fallo del sistema de elección de las empresas que implementan la ayuda al desarrollo. Estas empresas, ávidas de liquidez y frecuentemente grandes conocedoras de los modus operandi de las entidades donantes de fondos, pueden presentar ofertas cuyos costes por ellos presupuestados son deliberadamente inferiores a los que tendrán que hacer frente posteriormente: Lo importante es ganar la licitación y hacerse con el contrato.

Efectivamente, la cultura de la reclamación cada vez está más extendida en el mundo de la cooperación: Una vez en marcha el contrato, la empresa que implementa presenta al órgano contratante una reclamación según la cual, por causas imprevistas (aumento de precios, acontecimientos inesperados…), los costes del contrato se han visto incrementados. Junto a la reclamación, estas sociedades pueden presentar una solicitud de enmienda de aumento presupuestario. Así, el coste real del contrato puede llegar a ser muy superior al presupuestado inicialmente… pero para entonces, la empresa ya se ha llevado el contrato a casa.

“Hecha la ley, hecha la trampa” reza un viejo dicho popular que no es ajeno al mundo de la cooperación. Y por eso, la normativa que regula el mundo de la ayuda al desarrollo debe actualizarse periódicamente y protegerse de las prácticas fraudulentas que constantemente acechan su buena labor.

Hace poco tiempo un conocido mío, comentando mis artículos y lo crítico que en ellos me mostraba con la ayuda al desarrollo, me preguntaba que por qué seguía trabajando en este terreno. El año pasado se cumplieron cien años del nacimiento de uno de los mayores escritores y filósofos del siglo XX: Albert Camus. Entre todos sus libros y ante el comentario hecho por mi conocido, hay uno que me gustaría mencionar: Es “El hombre rebelde”.

En este ensayo Camus define al hombre rebelde no como aquel que odia al mundo (como, según algunos, cabría esperar) sino como aquel que lo ama tanto que lucha por mejorarlo. Para ello, ese rebelde señala y trata de corregir aquello que no funciona bien.

La ayuda al desarrollo hace hoy una labor buena y necesaria. Pero no es perfecta. De lo que se trata es de mejorar la cooperación internacional con críticas que se pretenden constructivas y nunca destructivas.

Miguel Forcat Luque es economista y trabaja para la delegación de la Unión Europea en Marruecos (las opiniones de este artículo no reflejan el punto de vista de esta institución).