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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

¿Malversación de fondos públicos?

Desde la implantación por parte de la Comunidad de Madrid del bilingüismo en los centros de enseñanza, se ha procedido de forma atropellada a la contratación de cientos de profesores nativos monolingües (solo hablan inglés), que no pasan por ninguna prueba o valoración de idoneidad previa, en detrimento del profesorado español, que para mayor escarnio sufre un alto nivel de paro a raíz de las medidas restrictivas que se tomaron por causa de “la crisis”.

A esta situación carente de sentido “político”, se añade el hecho de que, para que un profesor español consiga la “habilitación” y pueda ejercer como bilingüe, tiene que pasar por un tribunal “no profesional” de personas con un “más que dudoso nivel de inglés”, que deciden de forma caprichosa y ausente de la más mínima objetividad quién aprueba y quién no. Esto último no es una opinión, sino un dato objetivo, ya que al no existir grabación del speaking (entrevista en inglés realizada a cada examinando), resulta imposible recurrir un “no apto” que ni siquiera el tribular puede explicar.

Un alto porcentaje de examinandos quedan negativamente impresionados por el bajo nivel de inglés hablado por los miembros del tribunal (debería existir un tribunal que evaluase al tribunal) que, sin embargo, se permiten no otorgarles el apto.

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¿No sería profesional constituir un tribunal de nativos de habla inglesa que determine de forma profesional y honesta quién es bilingüe para cada asignatura y quién no? De esta manera, españoles magníficamente capacitados para esa labor obtendrían el trabajo que se está regalando a profesores británicos monolingües que, además, no pueden integrarse en el colectivo de profesores de cada centro al no entender nuestro idioma. No me afecta personalmente, ya que no soy profesor ni maestro, pero veo el sufrimiento que esto genera en mi entorno y como ciudadano y contribuyente tengo la obligación de denunciar lo que considero un mal uso del dinero público.— Manuel Guil Cid.

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