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TRIBUNA

Urge un Pacto de Estado para la infancia

Frente a la creciente desigualdad económica, la situación de la infancia en España impone la necesidad de blindar los derechos de nuestros niños y niñas

El 19 de junio El País publicaba una noticia titulada España sufre la crisis más desigual, en la que se hacía eco de un reciente informe de la OCDE según el cual España es el país en el que más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres. Hecho que también ha sido apuntado por diversos organismos y entidades, incluido el FMI. Más desapercibido ha pasado, sin embargo, un dato sobre el que venimos alertando desde el Comité Español de UNICEF en los últimos años: las diferencias entre ricos y pobres se acentúan aún más en el caso de los niños. Y están creciendo.

Se trata de una realidad en primer lugar injusta, puesto que la infancia debería ser precisamente un espacio privilegiado para la igualdad de oportunidades. Y en segundo lugar, muy preocupante, por lo que supone como semilla de futuro para el conjunto de la sociedad. Una situación que se traduce en los rostros y en los nombres de aquellos que están en el extremo más desfavorecido de la brecha: los 2,3 millones de niños que viven bajo el umbral de la pobreza en nuestro país.

De la pobreza infantil se viene hablando cada vez más en los últimos años. En unos casos, para negarla, tildando las estadísticas de exageradas. En otros, para argumentar que España se está convirtiendo en un país pobre que pronto va a necesitar ayuda internacional. Ni lo uno ni lo otro. En UNICEF conocemos bien la situación de los países en desarrollo. Luchamos en todos ellos contra una pobreza extrema que se lleva -por causas evitables con medidas como una vacuna o el acceso al agua- las vidas de 18.000 niños menores de 5 años cada día. Nuestra realidad sigue estando abismalmente lejos de ese escenario. Pero eso no quiere decir que debamos conformarnos con estos niveles de pobreza relativa.

Con crisis o sin ella, seguimos formando parte del grupo de países más ricos del mundo. Y tenemos los recursos suficientes para no permitir que una sola madre viva con angustia el cierre de los comedores escolares en verano. O que un solo niño se quede sin libros de texto cuando comience el curso. Pero estos casos se están dando a día de hoy en España. ¿Por qué ocurre esto?

Desde el Comité Español de UNICEF hacemos hoy público nuestro tercer informe sobre la situación de la infancia en España (los anteriores corresponden a 2010 y 2012), en el que tratamos de responder a esta pregunta. La respuesta se encuentra implícita en el título del informe: El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia.

El valor social de los niños. ¿Por qué hemos tenido que esperar a ver la cara más cruel de la crisis para darnos cuenta de una realidad como la pobreza infantil, que afectaba ya en 2008 a casi uno de cada cuatro niños en España? ¿Por qué las políticas públicas son menos eficaces con la infancia que con el resto de la población? ¿Estamos dando el suficiente valor político y social a uno de los colectivos que más deberíamos estar protegiendo?

La respuesta de las organizaciones que trabajamos en España en este campo es que debemos prestar mucha más atención a los derechos de la infancia. Un ejemplo: la desventaja entre los niños y la población adulta no se manifiesta sólo en la injusta distribución de la riqueza, sino también en el volumen y el impacto de las políticas públicas destinadas a corregir esta situación. Así, las prestaciones sociales en España reducen la pobreza infantil menos de la mitad que la adulta y una cuarta parte menos que el promedio europeo. O, dicho de otra manera, estamos protegiendo menos que al resto a uno de los colectivos que más necesitaría de esta protección.

Por este motivo, consideramos urgente alcanzar un Pacto de Estado que permita situar a la infancia en el centro de la atención de las políticas públicas. Llevamos años trabajando en esta dirección. En 2010 acompañamos la firma en Andalucía del primer pacto autonómico por la infancia, y hace pocas semanas Aragón se convertía en la novena comunidad en alcanzar un acuerdo de este tipo. Acuerdos que nos demuestran que el consenso es posible, pero que también nos marcan el camino por recorrer para lograr resultados concretos y tangibles para los niños.

Ahora que se habla de síntomas de recuperación, cuando se han dado pasos como el Plan de Inclusión Social y se anuncian medidas fiscales para favorecer la economía familiar, es el momento de abordar acciones concretas que avancen en los caminos abiertos y logren blindar los derechos de la infancia. El reto es, sin duda, urgente, porque los niños no pueden ni deben esperar y, como sociedad, nos estamos jugando el futuro.

Carmelo Angulo es presidente del Comité Español de UNICEF

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