“No hay justicia en Sudán”

La condena a muerte impuesta por un tribunal sudanés a Meriam Yehya Ibrahim representa una chispa para un país inflamable como pocos. Sentenciada por apostasía —aunque es hija de padre musulmán y madre cristiana, el tribunal considera que debe profesar el Islam—, esta mujer de 27 años lucha por no morir en la horca mientras una multitud de familias como la suya cruzan los dedos. “Esta gente vive ahora en paz, pero si alguien les denuncia el tribunal no les considerará cristianos. Es un precedente muy peligroso y una amenaza contra los sudaneses que tienen un progenitor no musulmán”, explica Alí Agab, abogado sudanés especialista en derechos humanos. Regido por la sharía —legislación islámica— el país se asoma a la radicalización tras la independencia de Sudán del Sur.

Aunque varios estados contemplan la pena de muerte como castigo por abandonar la fe islámica, la sentencia de Meriam apenas tiene precedentes. Sudán, que aplica la pena de muerte por apostasía en el artículo 126 de su Constitución, ejecutó al teólogo reformista Mohamed Taha en 1985 en un caso con claros tintes de revancha política. Mientras Malasia incorpora el mismo castigo en su ordenamiento, la pena capital es una opción factible en países como Arabia Saudí, Mauritania o Irán. “Las acusaciones por apostasía generalmente han sido motivadas por razones políticas. Sucede, hay casos, pero no con la frecuencia que sugiere el gobierno sudanés”, asegura Khataza Gondwe, responsable para África y Oriente Medio de la organización Christian Solidarity Worldwide. Las autoridades dan un determinado plazo al acusado para que abrace el Islam —en el caso de Meriam fueron tres días— y, si rectifica, suele ser puesto en libertad.

El abogado Agab, que representó a la profesora británica condenada a muerte por llamar Mahoma a un peluche para ser después absuelta, ve una clara razón detrás de la sentencia a Meriam: “Como la sharía es aplicable solo a los musulmanes, si alguien dice que es cristiano el tribunal no puede condenarle. El Gobierno está tratando de bloquear esa escapatoria imponiendo a cambio la pena de muerte”. Si los dos progenitores son musulmanes, el tribunal no contempla que el hijo no lo sea. Sin embargo, la opción es generalmente aceptada si padre o madre pertenecen a otra confesión.

Los abogados de Meriam han presentado una apelación que debería resolverse en los próximos seis meses. Si fuera rechazada, aún podrían recurrir al Supremo y a la Corte Constitucional. Aunque la Carta Magna debería prevalecer, el sistema vive en el terreno de lo arbitrario. “Si la ley les beneficia, la aplican por encima de la Constitución, como cuando prohíben las manifestaciones en Jartum [la capital] pese a que está permitido constitucionalmente. Si no les interesa la ley, recurren al mandato constitucional. No hay justicia en Sudán”, explica el abogado. El Gobierno “tiene un control total sobre el sistema judicial” y prevalece sobre el Constitucional en altas decisiones políticas y seguridad.

La población sudanesa tiene una interpretación sufí del Islam, especialmente tolerante

La mayoría de la población sudanesa defiende una interpretación sufí del Islam, especialmente tolerante. No creen que haya que perseguir a nadie por sus creencias: consideran que el hombre es libre de creer en lo que quiera hasta su juicio divino. "Muchos denuncian que en Sudán no se aplica la sharía, sino unas leyes implantadas por un grupo de islamistas radicales", explica el abogado. El país choca con las obligaciones internacionales de derechos humanos a las que se ha comprometido. “Hay una gran preocupación por la discriminación y formas de violencia establecidas hacia las mujeres”, subraya Lutz Oette, consejero legal de REDRESS, una organización que ayuda a víctimas de la tortura en todo el mundo.

Tras la independencia de Sudán del Sur, en 2011, el sistema tiende hacia la radicalización. Ha habido denuncias sobre torturas y otras prácticas violentas hacia colectivos sursudaneses que han permanecido en el país. “Sudán les considera musulmanes, aunque en realidad son casi todos cristianos que practicaban libremente su religión, para aplicarles la sharía en su totalidad”, explica el abogado Agab. “Los tribunales se están mostrando más rígidos a la hora de aplicar las leyes criminales islámicas. El riesgo al que se enfrentan las minorías es constante y no hay suficientes herramientas para protegerles”, añade Oette.

La repercusión de la sentencia a Meriam —hay cerca de un millón de firmas para pedir su libertad, más de 50.000 en España— traslada el caso al entorno más próximo del presidente Omar Al-Bashir, reclamado por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad en la región de Darfur. “Ganará la apelación, no veo ninguna opción de que sea ejecutada, sobre todo con el impacto mediático que ha tenido. No hay forma de que el Gobierno permita que muera”, asegura una integrante del grupo Sudan Change Now que no quiere dar su nombre por seguridad. La plataforma, integrada por unas 200 personas que viven en Sudán, lucha por una transición pacífica. “Estado y religión deben convivir separados. Estamos en contra de la sharía como medio para gobernar a la población porque en cualquier código religioso hay aspectos incompatibles con los derechos humanos”.

Integrante de Sudan Change Now

El movimiento, fundado en 2010, tiene miembros desde los 19 a los 39 años. “Nunca le hemos preguntado a nadie por su religión, no es asunto nuestro. Tenemos otros problemas como la igualdad, los casos de corrupción y el altísimo coste de vida”. Pese a sus esfuerzos, la mujer, de 38 años y responsable del área de comunicación, reconoce las dificultades del movimiento para llegar a la población sudanesa debido al control mediático de las autoridades: “Logramos más atención internacional. Aunque esa comunicación no llega a los sudaneses, sí mete presión al Gobierno”. Sudán cuenta con avances poco habituales en otros países islámicos como el acceso de la mujer a la política o la judicatura, unos derechos que, sin embargo, se aplican de forma arbitraria.

“Hay casos de corrupción contra Gobiernos locales, especialmente en Jartum, por lo que esto sirve para desviar la atención y que nos olvidemos del político que se llevó 100 millones”, subraya la integrante de Sudan Change Now. Madre de un hijo de año y medio que le acompaña en prisión, Meriam dio a luz a una niña este martes, informa Amnistía Internacional. Una familia víctima del cautiverio de cuyo destino dependen las vidas de una multitud de compatriotas y la paz de un país que vuelve a jugar con fuego.