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Vivir con miedo: la frontera entre Marruecos y España

España y Marruecos pueden y deben asegurar sus fronteras, pero esto no habilita a ninguno de los dos gobiernos a cometer abusos contra migrantes ni los exime de su responsabilidad de respetar los derechos humanos

Desde el monte Gurugú, la vista de Melilla —que al menos jurídicamente, si no geográficamente, pertenece a Europa— permite creer a los migrantes que es posible llegar al continente europeo desde Marruecos. Sin embargo, al mirar hacia abajo, también pueden ver que su proximidad es en cierta medida un espejismo. El enclave español se encuentra protegido por tres vallados, alambres de púas y el patrullaje constante de las autoridades españolas y marroquíes.

En enero, participé en un equipo que escaló este monte boscoso y escarpado para entrevistar a migrantes que intentan desesperadamente llegar a España. Los migrantes desconfían de cualquier extraño, y antes de hablar con nosotros verificaron que no nos siguieran policías y que no hubiera presencia de miembros de Fuerzas Auxiliares, una fuerza paramilitar que se encarga de vigilar las fronteras de Marruecos.

Los migrantes intentan ingresar a Melilla a través de asaltos en grupos numerosos, que a veces consisten en sortear el vallado con escaleras de madera o directamente trepar manualmente el alambrado. Tan sólo intentar trepar la cerca conlleva el riesgo de graves heridas a causa del alambrado de púas. Y a menudo las Fuerzas Auxiliares arrojan piedras y golpean con palos a los migrantes, según nos contaron algunos de ellos durante entrevistas sostenidas en enero y febrero.

Los migrantes también arriesgan su vida cuando intentan ingresar a Ceuta, el otro enclave español en la costa mediterránea. El 6 de febrero, al menos 15 personas murieron ahogadas mientras trataban de llegar a Ceuta por vía marítima. El ministro de interior Jorge Fernández Díaz confirmó que la Guardia Civil española disparó balas de goma al agua, y fueron tomadas grabaciones de video donde se ve a los agentes españoles que, tras interceptar a los sobrevivientes en la playa, los devuelven inmediatamente a territorio marroquí. El ministro Fernández indicó que se trataba de una actuación legítima, debido a que los migrantes no habían cruzado la línea policial y no se consideraba que estuvieran en territorio español.

En Melilla, es habitual que miembros de la Guardia Civil aprehendan a los pocos migrantes que consiguen entrar al territorio español antes de que puedan llegar al centro de recepción de migrantes. Los agentes los llevan de vuelta hasta el vallado, abren las puertas y los expulsan de manera sumaria entregándolos a las Fuerzas Auxiliares marroquíes al otro lado, contaron los migrantes. Las autoridades españolas no cumplen el debido proceso para la deportación que exige la legislación nacional, ni tampoco conceden a los solicitantes de asilo la oportunidad de buscar refugio.

Una vez que son devueltos al lado marroquí, los migrantes quedan a merced de las Fuerzas Auxiliares. Diversos migrantes con quienes dialogamos en Nador y Rabat indicaron que guardias de las Fuerzas Auxiliares a menudo los obligaban a permanecer boca abajo en el suelo —con las manos esposadas por la espalda— mientras les propinaban golpes y les robaban dinero y objetos de valor.

Los migrantes son luego llevados a la dependencia policial. Hasta noviembre, normalmente eran a continuación arrestados, llevados en autobús hasta la frontera con Argelia y obligados a abandonar Marruecos, y se eludían así los correspondientes requisitos de debido proceso administrativo y judicial para la deportación que exigen las leyes nacionales y el derecho internacional. A fines del año pasado, la policía comenzó a trasladarlos en autobuses a grandes ciudades como Rabat y Casablanca, para liberarlos una vez allí.

A pesar de las reformas en Marruecos que pusieron fin a las expulsiones en la frontera con Argelia, los migrantes en las zonas al norte del país próximas a Ceuta y Melilla viven todavía atemorizados por la posibilidad de abusos de agentes de control de fronteras marroquíes y españoles.

España y Marruecos pueden y deben asegurar sus fronteras, pero esto no habilita a ninguno de los dos gobiernos a cometer abusos contra migrantes ni los exime de su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Marruecos debería garantizar que las Fuerzas Auxiliares apliquen la fuerza contra migrantes solamente en la medida necesaria y proporcional para el cumplimiento de leyes legítimas. Y las autoridades deberían a su vez investigar las denuncias de maltrato. En ocasiones, las autoridades marroquíes y españolas afirman que actúan en respuesta a migrantes que se resisten a ser arrestados o atacan a agentes de frontera, pero muchos de los migrantes con quienes tuve oportunidad de hablar dijeron que fueron golpeados una vez que ya estaban bajo custodia de las autoridades.

España debería abstenerse de expulsar en forma sumaria a migrantes y entregarlos a agentes fronterizos marroquíes que podrían golpearlos. El derecho español no sólo contempla un procedimiento claro para la deportación, sino que además estas expulsiones contravienen el derecho internacional y de la Unión Europea, que prohíben a los países enviar a las personas forzadamente de regreso a territorios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante.

Las autoridades españolas deberían asimismo investigar todos los señalamientos sobre uso excesivo de la fuerza por miembros de la Guardia Civil y adoptar protocolos escritos claros para los operativos fronterizos que contribuyan a prevenir lesiones y pérdida de vidas.

En la ejecución de operativos de seguridad fronteriza, Marruecos y España no deberían olvidar que los migrantes indocumentados, al igual que todas las personas, tienen derechos humanos.

Katya Salmi es becaria del programa sobre África de Human Rights Watch y autora de un nuevo informe sobre condiciones en la frontera marroquí con los enclaves españoles.

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