Indemnización por desguace

En un platillo de la balanza, la quiebra de Catalunya Banc, con unas pérdidas de 11.819 millones de euros; en el otro, el salario de su presidente, Adolf Todó, 3,3 millones de sueldo por cinco años de trabajo (1 de abril de 2008 a 10 de mayo de 2013). En uno de los platillos, una inyección de 12.050 millones de dinero público en el capital de Catalunya Banc para reflotar la institución; en el otro,  los 4 millones de fondos de pensiones que negoció para sí Todó con Caixa y los 1,4 millones que negoció su consejero delegado, Jaume Masana. El fiel de esa balanza lo dice casi todo. Ambos fueron despedidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), nuevo propietario forzoso de Catalunya Banc, por mala gestión y por una política obstructiva que el nuevo dueño no ha podido probar en los tribunales. Pues bien, el Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona ha reconocido a cada uno de ellos el derecho a una indemnización de 600.000 euros. El Frob recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; pero si este tribunal ratifica la sentencia, Todó y Masana volverán, como McArthur, pero para embolsarse sus pensiones.

Todó y Masana son el último ejemplo, quizá ni siquiera el más significativo, de un orden financiero desquiciado que dejó en herencia una crisis similar a la de la Gran Depresión. Es grotesco que dos exdirectivos de una entidad quebrada, hundida y en desguace —en parte por su evidente pobreza como gestores— pleiteen por una indemnización; y es más grotesco todavía que ese dinero, los 1,2 millones de euros, tengan que salir de los contribuyentes. Moraleja: la quiebra de una institución financiera puede arruinar a accionistas y depositantes, pero no a Todó y a Masana, como tampoco afectó a otros directivos de cajas quebradas.

No hay que mirar más de lo necesario al juez en este caso; se limitó a aplicar estrictamente la ley. El problema es que si esa es la ley, no sirve para retribuir los éxitos y los fracasos, desde el momento que permite una indemnización por desguace. Tampoco para mantener a los ciudadanos en la confianza de que existe un orden racional en el que no cabe el expolio. Es, pues, un problema político. Una vez más.