La pescadilla que se muerde la cola

El Gobierno debe por mandamiento constitucional velar por la defensa de los consumidores, es decir, de los ciudadanos, debiendo proeger los legítimos intereses de los mismos. Sin embargo, en el servicio de la electricidad ha ido emprendiendo una serie de medidas que no cumplen con esta obligación.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial dependiente del Gobierno se encarga de otorgar subvenciones destinadas a la gestión de la demanda energética. Estos estudios son clave para el ahorro energético; tanto para el bolsillo del ciudadano, que se prevé que podrían suponer un ahorro de 18 millones de euros, como para el medio ambiente. Los distintos proyectos para la gestión de la demanda energética han sido dotados con hasta 200 millones de euros. Pero llama la atención que las principales eléctricas son las receptoras de dichas ayudas destinadas al estudio de gestión de la demanda: dicho de otra manera, las empresas que ofertan son las encargadas de realizar proyectos para que haya una menor demanda. De tener éxito estos proyectos, las eléctricas pasarían a facturar menos y, dicho vulgarmente, se estarían tirando piedras contra su propio tejado.

Sin embargo, estas compañías no están viendo sus cuentas perjudicadas por estos estudios, más bien todo lo contrario. Por un lado acaparan el dinero de las subvenciones, cerrando las puertas a aquellas empresas tecnológicas que no ofertan electricidad pero sí tecnología para reducir su consumo y, por otro, no obtienen resultados palpables, dado que el coste de la electricidad no ha hecho más que aumentar.

La jugada les está saliendo redonda: reciben subvenciones para actuar de tapón para los estudios de eficiencia y, por otro, se llenan los bolsillos. Me pregunto qué hace el Gobierno mientras tanto.— Tomás Pascual Ruiz.