Reforma a paso lento

Para reformar un punto de la Constitución bastaron unas pocas semanas en 2011. Sin embargo, ha costado un año plasmar en un proyecto de ley la batería de medidas anticorrupción prometida por Mariano Rajoy en febrero de 2013, tras el escándalo provocado por el caso Bárcenas. Además del tiempo empleado en alumbrar la nueva regulación de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, no puede decirse que el resultado envíe una señal en verdad fuerte contra la corrupción, el problema que los españoles consideran más importante después del paro.

Lo que se pretende es reducir las vías por las que los partidos políticos reciben financiación privada. Para ello se prohíbe la condonación de deudas bancarias y también las donaciones de empresas (“personas jurídicas”) directamente a los partidos, pero queda la puerta abierta a que el dinero llegue a sus fundaciones. A la vez, se intenta lograr un poco más de transparencia al forzar la publicación en Internet de los nombres de las personas físicas que entreguen donativos o legados a los partidos por más de 50.000 euros —incluso menos, si así se negocia durante el trámite parlamentario—.

Sin embargo, el proyecto del Gobierno resulta débil en cuanto a los mecanismos de control y sanción. La fiscalización del sistema continúa confiada al Tribunal de Cuentas, sin introducir controles más profesionalizados a cargo de una autoridad independiente o de auditores externos. El proyecto de ley mantiene la idea ya anunciada de organizar una comparecencia anual de los tesoreros de los partidos ante el Parlamento, de dudosos efectos prácticos.

El problema de fondo es la cultura del gasto que se instalado entre las principales organizaciones políticas, sobre todo aquellas que mantienen una fuerte competencia porque se juegan opciones de poder. Tampoco sería responsable banalizar las actividades de los partidos, que están constitucionalizados como canales de participación política, aunque en la práctica operan como empresas y sufren, también ellas, los efectos de la crisis: en los últimos años se les ha recortado el monto de la subvención pública y ahora verán dificultadas las vías de financiación privada, de modo que, o reducen los gastos, o seguirán tentados de sortear las nuevas cortapisas legales. Durante la tramitación parlamentaria habrá que aclarar el papel de las fundaciones vinculadas a partidos políticos, en principio sometidas a menos requisitos que estos.

Para cambiar a fondo las grandes normas que regulan las organizaciones políticas haría falta un consenso hoy por hoy muy difícil, sobre todo a medida que se echa encima el calendario de procesos electorales. Las medidas confirmadas por el Consejo de Ministros del 21 de febrero no son desdeñables, pero de ahí a considerarlas piezas clave para “impulsar la regeneración democrática” media un buen trecho.