La Sanidad es un ‘gruyère’

La sanidad en España tiene cada vez menos de gratuita y universal. Camina hacia atrás. El año 2013 dejó una sanidad enferma que veta a los sin papeles, cierra urgencias rurales, recorta personal sanitario, cobra dos veces las medicinas, prescinde de tratamientos, pruebas y servicios, se cruza de brazos ante las listas de espera... Y parece que se encamina a convertir un servicio básico en un negocio, como pretenden las comunidades que han intensificado la privatización de hospitales. Un desmantelamiento perpetrado en tiempo récord: apenas han bastado dos años de Gobierno conservador espoleado por organismos internacionales obsesionados por el ahorro a toda costa. Esta nueva sanidad es más injusta, según la OCDE, que ha denunciado en un reciente informe un "serio riesgo" para la cobertura de las personas más vulnerables. Ahora es el sistema sanitario el que se ha convertido en paciente; hagamos un recorrido por su enfermedad.

A Adrián García la Comunidad Valenciana le retiró el pasado mayo la prótesis de rodilla por no pagar 152 euros. Es uno de los afectados por la última reforma sanitaria, que ha convertido los objetos ortopédicos, las muletas y las sillas de ruedas en accesorios financiados en parte por el paciente, que debe abonar el 10% del coste de farmacia del producto.

El ministerio separó las prestaciones en tres categorías y creó una "cartera suplementaria" de servicios dentro de la que se incluyen las prótesis ambulatorias, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente. El objetivo del Gobierno fue en un primer momento que el paciente pagara además cinco euros por cada traslado no urgente en ambulancia, incluidos los enfermos crónicos. La polémica abortó la iniciativa. Y la decisión de quién debe usar este servicio quedó en manos de los médicos.

En los centros de salud los trabajadores se quejan del material: de su calidad y su escasez. “Me parece bien que no se derroche, pero no merece la pena tener material más barato si para poner una cosa tienes que usar siete. Por ejemplo, los catéteres pequeñitos para vías venosas son mucho peores y se te puede romper una vena por mal funcionamiento. Los apósitos para sujetarlos se despegan; hay que poner varios, cuando antes bastaba con uno”, explica C. S., enfermera del hospital extremeño de Mérida.

El problema no se limita solo a los guantes y las gasas. Fuentes del centro de salud Las Calesas, en el madrileño distrito de Usera, denuncia que entre marzo y abril "faltaron las vacunas de la hepatitis A y B". "Venían los padres con los niños y le teníamos que decir que no sabíamos cuándo las recibiríamos".

"Llevo desde septiembre dando vueltas y dos veces me han ofrecido irme a la privada”. S. V. es una joven con pérdida temporal de la vista en un ojo. Para hacerse pruebas en el hospital de Ciudad Real, en septiembre de 2013, le dijeron que había entre 6 y 12 meses de espera. Tanto el oftalmólogo como el neurólogo le propusieron acudir a una clínica privada para evitar la cola.

Según fuentes médicas del centro, para reducir listas, se derivan al sector privado las operaciones de neurocirugía, angiología, cirugía vascular, patología de columna y cirugía maxilofacial. "Hacen paquetes con las enfermedades", explica. El retraso en la prestación de servicios afecta a otras comunidades. En Madrid, 30.000 mujeres se quedaron sin mamografías preventivas en 2013. A mediados de enero, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, anunció que la Comunidad había practicado 163.954 mamografías voluntarias preventivas (un 8% más que en 2012), por lo que acusó a los socialistas de mentir con las cifras de este asunto. El líder del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, cuestionó la veracidad de las cifras.

El tiempo que pasa hasta que un paciente es llevado al quirófano aumentó de forma vertiginosa en la segunda mitad de 2013: Madrid batió en septiembre pasado su récord, con 70.918 personas aguardando una intervención. En Cataluña llegaron a 79.300; y en Castilla-La Mancha, a 49.000, según fuentes socialistas. Ya antes, en diciembre de 2012, en toda España 571.935 pacientes esperaban su turno, un 6,4% más que seis meses atrás.

Dolores Raposo Sánchez conversa con su farmacéutico mientras otros clientes realizan sus compras. “Hoy me he dejado 10 euros en Emportal; y el otro día me gasté 30”. Su receta ocupa dos páginas, incluye una veintena de productos. Antes de que entrara en vigor la reforma sanitaria, Raposo pagaba solo a través de sus impuestos, por ser pensionista. Los bolsillos de los jubilados y enfermos crónicos son los más afectados por el copago.

Los pensionistas con una renta inferior a los 18.000 euros anuales pagan ahora el 10% de sus medicamentos, con un tope de ocho euros mensuales. Por encima de esa renta, el máximo es de 18 euros al mes. “Lo ideal sería que nadie tuviera que pagar”, explica Fernando Redondo, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, “pero los recursos son limitados y sin copago se puede crear una conciencia del todo gratis”.

En su opinión, está bien que los parados de larga duración no abonen nada, y considera que el tope para los pensionistas, que oscila entre los 2,67 y los 4,13 euros por producto, es asumible. Algunas comunidades se han mostrado en contra de este sistema. País Vasco comenzó a devolver en noviembre el importe que los pensionistas y otros colectivos vulnerables pagan en la farmacia para sortear el copago.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, llama "participación" al copago de 42 medicamentos dispensados en hospitales a pacientes no ingresados. Entró en vigor en octubre, pero no todas las comunidades lo han implantado. Cataluña, Baleares y Asturias se negaron; y Mato ha dado de plazo finales de enero de 2014. El ministerio no aclara, sin embargo, qué medidas tomará con las que lo incumplan.

Los pacientes con cáncer lo notarán especialmente, según un informe de la Asociación Española Contra el Cáncer. Aunque la principal medicación de estos enfermos es la quimioterapia –que sigue siendo gratuita–, también consumen unos fármacos específicos que solo se dispensan en las farmacias de los hospitales. Esta medida tiene problemas prácticos añadidos. "Los hospitales ni siquiera tienen medio para cobrarlos", explica el presidente de los empresarios farmacéuticos.

“Los dolores son insoportables, para ir al hospital tengo que llamar a la ambulancia y a veces me tienen que internar un par de días hasta que los supero”. El testimonio de José (nombre ficticio) es uno de los que recoge la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal para protestar contra la retirada de tarjetas sanitarias. Aproximadamente, 150.000 personas sin permiso de residencia (inmigrantes indocumentados) han perdido la tarjeta sanitaria en España entre 2012 y 2014, según cálculos de EL PAÍS.

Entre todos los indocumentados, solo los menores de 18 años y las embarazadas (y madres con bebés) conservan su derecho absoluto a la sanidad. En el caso de José le atienden cuando entra por Urgencias a su centro, pero ya no tiene consulta con su doctor de cabecera. La organización Médicos del Mundo y las plataformas como Yo Sí realizan campañas de concienciación entre los profesionales sanitarios para atender a todo el mundo. Cuando se aprobó la medida, más de 1.700 miembros de este colectivo se declararon objetores.

Vídeo de la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal.

Los españoles han perdido en el último año múltiples prestaciones que estaban cubiertas por la Seguridad Social. Por ejemplo, las mujeres solas y las lesbianas, así como las mayores de 40 años, quedaron excluidas de la reproducción asistida (como la inseminación artificial y la fecundación in vitro). Al presentar la medida, en julio de 2013, la ministra Mato aseguró que no había motivos ideológicos, sino una mera necesidad de “priorizar" gastos. El tijeretazo también ha sido selectivo en distintas comunidades autónomas. La vacuna del neumococo, que cuesta 78 euros en farmacia y hasta 2011 se ponía de forma gratuita en Madrid, dejó de ofrecerse a los niños.

Una de las más controvertidas medidas de ahorro tomada por distintos Gobiernos autonómicos ha sido el cierre de centros de urgencias nocturnos. La Junta de Castilla-La Mancha justificó la clausura de 21 puntos de atención continuada en enero de 2013 alegando que se trataba de un “despilfarro” debido a la baja afluencia de pacientes. Pero en marzo el Gobierno regional derogó la orden, tras ser temporalmente paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Donde no se ha dado marcha atrás ha sido en Cataluña, con 60 puntos cerrados en horario nocturno en 2011. Madrid, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Navarra también han adoptado esta medida.

España siempre ha sido de los países de la UE con menor número de camas por habitante. No hay cifras oficiales sobre el cierre de áreas hospitalarias y los datos del Ministerio de Sanidad no indican cuántas camas han desaparecido por la crisis. En verano, los recortes presupuestarios puestos en marcha por las comunidades autónomas incrementaron las camas fuera de servicio. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que en 2012 cerró 330 camas más que durante el verano de 2011 para ahorrar cinco millones. En 2013, la Consejería de Sanidad de Galicia anunció el cierre de 50 camas en Vigo. La muerte de una octogenaria en la sala de emergencias en marzo del mismo año evidenció la saturación del servicio de esta ciudad gallega, que tenía a 25.000 personas esperando a ser ingresadas.

En 1990, había 4,3 camas por cada 1.000 habitantes en España; en 2011, pasó a 3,2 —la media de la OCDE en ese último año era de 4,8—. Esta disminución es el resultado de la reducción de la duración de estancia en el hospital y el aumento de intervenciones quirúrgicas realizadas en un mismo día, según los mismos datos.

Un trato "innecesariamente vejatorio" y una actuación de la consejería que demostró el "desprecio" a los facultativos. Así calificó el Colegio de Médicos de Madrid la jubilación forzosa de 700 profesionales —500 según la Comunidad— en mayo de 2013. Para cubrir estas bajas, la consejería convocó solamente 31 plazas de médico en hospitales públicos. Si a este proceso se añaden los despidos, sale la cifra total: en Madrid hay 5.462 trabajadores menos (de todos los sectores) que en 2011 en la sanidad pública, según datos de Hacienda.

Además, los trabajadores han visto empeorar sus condiciones laborales en los últimos dos años: principalmente sufren una mayor carga asistencial y explican que están haciendo esfuerzos suplementarios para que los pacientes no sufran los recortes. “El ciudadano nota las reformas en Sanidad a los 10 años”. Eduardo García del Castillo es médico, jefe de sección en el hospital universitario de Ciudad Real. "Por ahora, lo que más ha cambiado en la Sanidad pública es que los profesionales se han concienciado de que deben defenderla", explica Paulino Cubero, jefe de sección en el Centro de Salud General Ricardos en Madrid.

Las Mareas Blancas, formadas principalmente por profesionales, que comenzaron a echarse a la calle en 2011 continuaron hasta finales de 2013 en algunas comunidades como Madrid debido a la conjunción de la privatización de seis hospitales con las medidas de recorte. [El 27 de enero el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, da marcha atrás a este proceso de privatización y su consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, dimite. Ambas decisiones a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid rechazara el recurso del Gobierno autonómico contra la paralización del proceso privatizador]. 

No es así en toda la Península: "Los trabajadores han llegado a un punto en el que todo se traga, aunque hay mucho descontento", explican fuentes del hospital de Mérida.

"Me ingresaron cinco días después de darme el alta con una infección en el pecho. Me tuvieron que operar de vida o muerte". Miguel (nombre ficticio), un joven madrileño de 24 años, ha denunciado al hospital 12 de Octubre por una supuesta alta precipitada. La asociación de víctimas de negligencias médicas Ani Benavent ha visto aumentar sus consultas un 30% en los últimos años. Su presidenta, Fina Benavent, achaca al tijeretazo en Sanidad este incremento en las consultas por supuestas negligencias. Pero aunque han subido los afectados, cuesta mucho que lleguen a denunciar por la subida de las tasas judiciales.

La asociación Defensor del Paciente denunció en septiembre al Ministerio de Sanidad por omisión de socorro y homicidio imprudente en las listas de espera. Esta misma asociación publicó en su Memoria de 2012 que las quejas por supuestas negligencias aumentaron a 13.782 ese año, 772 más que en 2011. Según esta asociación, de los 692 casos recibidos de personas supuestamente fallecidas por errores médicos, el principal motivo fue un error de diagnóstico, aunque también apuntaron a razones como altas precipitadas, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias.

"Estamos sufriendo una contrarreforma sanitaria", sentencia Marciano Sánchez-Bayle, jefe de Pediatría del hospital Niño Jesús en Madrid. "Es un proceso paralelo de recortes, desmantelamiento y privatización con el argumento de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades”. Según la OCDE, la salud pública en España es superior a la de Alemania, Reino Unido y Francia. Y aun así es de las más baratas de la UE: en 2011 el porcentaje del PIB invertido en Sanidad fue del 9,30%, precisamente por debajo de estos tres países. Recientemente la agencia Bloomberg designó a España como el quinto país más eficiente del mundo en su sistema sanitario y el primero de la UE.

Los presupuestos sanitarios per cápita de las comunidades cayeron un 8% entre 2008 y 2013. El dato fue calculado por este suplemento dividiendo el presupuesto de cada comunidad por su población, con datos del INE y del Ministerio de Sanidad. Este recorte ha obligado “a parar en seco las inversiones y congelar plantillas y salarios”, explica José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad. No hay necesariamente un plan detrás de los recortes. “El ministerio busca desesperadamente la reducción del gasto público y no se preocupa de identificar la línea que separa la austeridad del “austericidio”.