La resaca del ‘tasazo’

Sabor a tango era su sueño. Ida Bárbara (72 años) y Edgardo Moradas (66) invirtieron los ahorros de toda una vida, 1.300.000 euros, en crear un restaurante que llevara lo mejor de la gastronomía argentina —la del bifé de chorizo y los asaditos— en el municipio sevillano de Espartinas. Pero ese sueño se esfumó a la vez que un transformador de una parcela vecina. Sabor a tango se quedó sin luz. Diez meses.

De pronto, este matrimonio de argentinos, que lleva 40 años en España, lo perdió todo. Pasaron de ganar 6.600 al mes a cobrar, entre los dos, 800 euros de pensión mínima. Y aunque cumplían con el requisito económico, al gestionar su restaurante como una sociedad limitada no podían solicitar la justicia gratuita. Perdieron a sus clientes, a sus trabajadores, al comprador que pensaba adquirir el restaurante por 300.000 euros y la parcela en la que se asentaba por 900.000 euros. Y, finalmente, su local y terreno, que han sido reclamados por el banco al no poder pagar los 3.000 euros mensuales de hipoteca que antes podían asumir sin apuros. Al acudir a la justicia, para reclamar 400.000 euros a la eléctrica, se toparon con 2.225 euros de tasas. "Solo hemos podido seguir adelante porque nuestro abogado y procurador las han pagado por nosotros. Le debemos a la caridad de estos profesionales el poder demandar. La ley de tasas es una injusticia más de todas las que está cometiendo el ministerio del señor Gallardón".

Si el caso de Ida y Edgardo es una gota en un océano o una casualidad de laboratorio es lo que discuten Gobierno y profesionales de la justicia. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, afirma que "es la crisis la que ha provocado el descenso de la litigiosidad, no las tasas". Según Bravo, la medida, que entró en vigor el 17 de diciembre de 2012 y fue modificada con el decreto-ley del 22 de febrero de 2013, no ha variado la tendencia a la baja en el número de juicios. "Si dicen que las tasas afectan tanto, que lo demuestren con números", remata bravo. 

El tasazo grava el acceso de los ciudadanos a los tribunales con dos cuantías: una fija, que depende del tipo de pleito, y otra variable, el 0,1% de lo que cuesta el juicio —un concepto que suele coincidir con el dinero que se reclama y al que se le aplica un valor de 18.000 euros cuando la cuantía es indeterminada— hasta un máximo de 2.000 euros.

En el caso de personas jurídicas —empresas, asociaciones, ONG— el variable sube hasta un 0,5% con un máximo de 10.000 euros. Y en ningún caso se tiene en cuenta el nivel económico del demandante, lo que quiere decir que una pyme, un pequeño comercio o un restaurante, como el de Ida y Edgardo, pagan lo mismo que una gran empresa o un banco, como denuncia la letrada Verónica del Carpio, una de las más activas contra las tasas a través de su blog, El bosque y los árboles.

Los datos de cuántos ciudadanos han dejado de acudir a la justicia desde que entró en vigor este tasazo aún se desconocen. Pero el Gobierno ha admitido que casi uno de cada cuatro ciudadanos (el 23%) que litigaba contra la Administración ha dejado de hacerlo. Un estudio del Colegio de Abogados de Barcelona afirma que el 70% de sus clientes ha dejado de acudir a juicio por las tasas. El Colegio de Abogados de Valencia cifra el descenso en el 30%.

Por qué se ha implantado la ley es una de las cuestiones de la controversia. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el copago jurídico fundamentándose en dos pilares: mejorar con lo recaudado la justicia gratuita y eliminar la “excesiva litigiosidad” de España, escudándose en los más de nueve millones de asuntos en 2012 que acredita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, afirma que las protestas de jueces y fiscales se debían a los recortes en su sueldo y días libres, no a las tasas. (EUROPA PRESS)

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que engloba a los 83 colegios de letrados de España, y Justicia para Todos — compuesta por el CGAE, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y el CSIF— criticaron el primer argumento desde dos frentes. Por un lado, diciendo que lo recaudado, según datos contenidos en el Informe Mensual de Recaudación Tributaria, estaba muy lejos de los 306 millones que pretendía lograr Gallardón. En el informe aparece un concepto, tasas judiciales, cuyo valor ha cambiado desde cuatro millones, a 31 de enero de 2013, hasta 117, a 31 de octubre del mismo año. Estas cantidades, de tomarse como la recaudación total del tasazo, supondrían una media de 15 millones al mes, poco más de la media necesaria para alcanzar los 306.

La clase media es la que más sufre las tasas″ Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia

El Ministerio de Justicia, sin embargo, cifra lo recaudado en torno a los 316,5 millones, según datos de Hacienda. La Agencia Tributaria, encargada de la recaudación, ha asegurado a este periódico que dicha cantidad es la estimación de lo recaudado por las nuevas tasas, a las que habría que sumarle lo que se ingresó en 2012 por las antiguas tasas, implantadas en la etapa Zapatero por la ley 53/2002 que gravaba a las personas jurídicas. De ahí se obtiene una estimación que daría esos 316,5 millones. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, ha cargado contra Carlos Carnicer, por haber dado repetidamente la cifra equivocada. "Lo que no se puede hacer es declaraciones como las de Carlos Carnicer, diciendo que la recaudación era de 100 millones. Uno no puede hablar de datos, y menos si es presidente del Consejo General de Abogacía, sin tenerlos controlados".

La otra crítica apunta no al cuánto sino al qué se va a hacer con este dinero. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia (JPD), recuerda que no se ha especificado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 a qué se destinará esta partida. De hecho, los PGE prevén un nuevo recorte del 2,73% en Justicia. “Lo que habría que preguntarle a Gallardón y a la vicepresidenta Soraya [Sáenz de Santamaría] es dónde ha ido ese dinero. Porque supuestamente era para financiar la justicia gratuita, y esa mejora no figura en ninguna parte en los presupuestos del próximo año”. Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, asociación profesional en activo desde 1985, considera que el fin recaudatorio era secundario y que lo principal para Justicia era “conseguir bajar el número de juicios”. Juan Bravo ha explicado a este periódico que "nunca se prometió repartir el total, sino financiar lo que se gastara a mayores por la reforma de la ley de justicia gratuita".

En cuanto al segundo argumento de la reforma, aliviar el exceso de juicios en los tribunales, el Consejo General de Abogacía afirma que el número de procesos que maneja el ministerio es incorrecto. Un informe elaborado por este organismo concluye que la cifra real de litigios en España es menos de la cuarta parte de lo indicado por el Poder Judicial. La abogacía afirma que en España ha habido 1.833.608 procesos en 2012, un 80% menos de los anotados por Justicia. La razón de la enorme discrepancia, según la asociación nacional de letrados, es la “incorrecta” inclusión por parte del CGPJ de múltiples litigios en los que la actividad jurisdiccional fue “nula o casi nula”.

La condena del tasazo continúa invariable por la mayoría de los profesionales del Derecho. Carlos Carnicer, presidente del CGAE, que engloba a los 83 colegios de letrados del país, se expresaba en términos muy duros un día antes de que se cumpliera el primer cumpleaños del tasazo, el 20 de noviembre de 2013. Carnicer ejemplificó la injusticia de esta ley recordando que ahora los funcionarios tienen que pagar por denunciar a la Administración para la que trabajan, exenta de cualquier tipo de tasa: “La justicia es hoy casi inaccesible para los empleados públicos, que tienen que renunciar a exigir sus derechos a una Administración que no paga tasas”. El Sisej, sindicato de secretarios judiciales, afirma a través de su portavoz, Rafael Lafuente, que la ley “no puede ser más negativa” y que supone la “muerte silenciosa” del derecho a la justicia.

La lucha contra esta indefensión ha sido liderada por los profesionales del sector. Jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales han dado una respuesta casi unánime a través de huelgas, numerosas manifestaciones y constantes exigencias para que se ponga fin al tasazo. “La clase media es quien más está sufriendo”, asevera Bosch, portavoz de JPD, la segunda asociación de magistrados a nivel nacional. “Los peores pronósticos se han cumplido. Se han quedado fuera de la justicia decenas de miles de personas. Es como si en Sanidad dijéramos que para aliviar el abarrotamiento de los hospitales deberíamos prohibirle la entrada a algunos de los enfermos”. Bosch considera también que las clases altas y las empresas más poderosas se han beneficiado, “porque en caso de juicio ellas no tienen problemas con las tasas, y ahora se litiga menos contra ellas”.

El Constitucional acepta a trámite los cinco recursos contra la ley de tasas, uno de ellos de Aragón (PP)

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo de jueces mayoritario y conservador, discrepa del rechazo a la ley. "Creemos que las tasas eran necesarias, ya que hay gente que litiga y recurre solo porque sabe que los costes del proceso los pagamos todos los ciudadanos. Y esta actitud es la que nos ha llevado al colapso de la justicia", afirma Pablo Llarena Conde, presidente de esta organización. "Lo que nos hubiera gustado es que estas tasas no se pagaran de entrada, sino de salida. Y solo en aquellos casos en que el litigante perdiera el juicio, con la posibilidad de que el magistrado pudiera eximirle del pago siempre que considerara que su demanda estaba bien fundamentada jurídicamente".

Para buena parte de las asociaciones de profesionales, la esperanza es que el Tribunal Constitucional (TC) tumbe la ley, y la justicia vuelva a ser un derecho universal para la ciudadanía española. El TC ya ha admitido a trámite los cinco recursos presentados por el PSOE, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y los Gobiernos de Canarias y Aragón, este último gobernado por el PP. El espejo europeo rema a favor de poner punto final al tasazo, ya que el Gobierno francés de François Hollande ha anulado las tasas que instauró en 2011 por "penalizar y restringir el acceso a la justicia a los más vulnerables".

Rafael Lafuente, portavoz del sindicato mayoritario de secretarios judiciales, confía en que el Constitucional siga el mismo ejemplo: "Estamos convencidos de que es una ley claramente inconstitucional. Y bien el Constitucional o nosotros, los ciudadanos, conseguiremos que se anule". Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados de Valencia, no ve las cosas tan claras: "El problema es el daño que hagan las tasas mientras tanto. Yo también quiero confiar en que el TC la tumbará, pero mi sensación es que vivimos en un país el que los derechos y garantías de los ciudadanos han retrocedido absolutamente".