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TRIBUNA

La reforma energética en México: un cambio de paradigma

Los cambios en la legislación mexicana que afectan a Pemex son de los más importantes en los últimos 25 años

Vista aérea de una plataforma exploratoria de Pemex.
Vista aérea de una plataforma exploratoria de Pemex. AFP

Por su peso histórico, político y cultural, además de sus profundas consecuencias económicas y sociales, la reforma energética de México es una de las iniciativas más importantes y significativas en los últimos 25 años.

En la década de los años treinta, derivado de un prolongado conflicto laboral, las compañías petroleras extranjeras se negaron a acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apoyaba las demandas de los trabajadores. Esto propició una situación sumamente difícil para el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, quien se enfrentó a una decisión que marcaría la historia de los próximos 80 años en la discusión pública en la materia.

México necesitaba a las empresas para producir combustibles y obtener ingresos fiscales. No puede soslayarse que habían pasado apenas 10 años de la culminación de los movimientos armados y el país estaba en proceso de reconstrucción. Era fundamental garantizar el Estado de Derecho puesto en entredicho por la renuencia de esas compañías a respetar el fallo judicial.

La infraestructura petrolera y eléctrica está en franco deterioro, obsolescencia y abandono

El Gobierno optó por expropiar los bienes de las empresas extranjeras, emprender reformas a la Constitución y promulgar nuevas leyes para sentar las bases institucionales de la industria petrolera que, al igual que la eléctrica, son hoy –y han sido por varias décadas– el principal sostén de la economía mexicana. A partir de entonces, la organización industrial se apoyó en un monopolio estatal, en donde la participación privada juega un papel limitado. Esta decisión se convirtió en un referente para la cultura política nacional; una decisión de tal relevancia que fue protagonista en la discusión de la reforma energética recién aprobada.

El origen de la reforma: la sustentabilidad energética en riesgo

Por décadas, Pemex (Petróleos Mexicanos) y la CFE (Comisión Federal de Electricidad) proporcionaron con eficacia los energéticos que necesitó la economía de México. A finales de los años setenta, México ya era un país prácticamente autosuficiente en este sector. En este contexto se descubrió en las costas del estado de Campeche, el yacimiento petrolero de Cantarell, uno de los más grandes del mundo, que le permitió a México convertirse en una potencia petrolera exportadora.

Las crisis económicas de mediados de los ochenta y principios de los noventa generaron una situación precaria para el grueso de la población. El Gobierno federal y al Congreso se vieron obligados a recurrir a la renta petrolera para cubrir el gasto público, reducir el impacto de los ajustes fiscales y compensar con los ingresos de Pemex la limitada recaudación de impuestos.

En este contexto, a Pemex y a la CFE se les administró para producir la mayor cantidad de ingresos públicos, restringiendo sus inversiones productivas. La consecuencia natural fue el abandono y consecuente deterioro de la infraestructura a grado tal que, por ejemplo, tenemos gas en el subsuelo pero México debe importarlo; tenemos petróleo, pero importamos gasolina de Estados Unidos.

La reforma energética aprobada cambiará el paradigma de la política pública de energía

Estas contradicciones pudieron sostenerse por años, porque para el Estado mexicano resultaba rentable destinar recursos para extraer y exportar un barril de crudo hasta en 80 dólares y, con ese dinero, importar gasolinas, petroquímicos y gas.

Este modelo entró en crisis cuando la extracción de Cantarell entró en una fase de declive y la producción petrolera cayó en casi un millón de barriles diarios. La infraestructura petrolera y eléctrica se encuentra hoy en franco deterioro, obsolescencia y abandono.

Los planteamientos

Todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en la necesidad de emprender una reforma energética. Las propuestas que se presentaron en el Congreso fueron coincidentes en el diagnóstico, según se desprende de la lectura de las iniciativas que presentaron los principales partidos políticos.

Desde la perspectiva jurídico-conceptual las discrepancias se centraron en analizar si los problemas podían solucionarse mediante una reforma constitucional o si algunas modificaciones legales eran suficientes. El debate se dio entre dos alternativas contrapuestas:

En primer lugar, se propuso permitir la participación de empresas privadas en la generación de electricidad, previo permiso, y en la exploración y extracción de hidrocarburos mediante contratos o licencias. La segunda propuesta proponía fortalecer institucionalmente a Pemex y a la CFE a través de la reducción de su carga fiscal, entre otras.

Desde la perspectiva económica era necesario considerar una simple lógica aritmética: perforar un pozo en aguas profundas en el Golfo de México cuesta de 100 a 200 millones de dólares. De cada diez pozos perforados resultan exitosos, en el mejor de los casos, cuatro. Para diversificar este riesgo geológico, se necesita hacer un gran número de perforaciones y, por tanto, gastar miles de millones de dólares. El gobierno de México no cuenta con esos recursos y sería irresponsable recurrir a deuda para ello –una de las causas que detonó la crisis de los ochenta fue precisamente la deuda pública–.

La reforma aprobada: un cambio de paradigma

El proceso deliberativo que dio paso a la reforma fue ejemplar: fue transparente, abierto y participativo. Se contó con la participación de expertos y de organizaciones de la sociedad civil a través de foros y consultas. Todas las fuerzas políticas presentaron sus argumentos y posturas. Los legisladores votaron mayoritariamente por eliminar el monopolio estatal y permitir la participación privada en las industrias eléctrica y petrolera. Se reiteró una y otra vez que esto no significa que la nación renuncie a la propiedad originaria sobre los recursos naturales del subsuelo.

La reforma energética aprobada cambiará el paradigma de la política pública de energía porque contempla que el sector privado pueda generar electricidad y celebrar contratos con el Estado Mexicano para la exploración y extracción de hidrocarburos. De tener éxito, recibirá como pago sus inversiones y un porcentaje de la producción o de las utilidades; si fracasa, el mismo sector privado absorbe las pérdidas. En contraste, bajo el modelo actual, Pemex está obligado a pagar a los contratistas, independientemente del resultado.

El éxito de la reforma energética se concretará con la aprobación de las leyes reglamentarias y del régimen fiscal, mismas que se concretarán en los meses por venir.

Esta reforma es pieza clave de la estrategia de actualización del marco jurídico mexicano planteada por el presidente de México para impulsar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social. Es una reforma que cambia la concepción del esquema productivo del país y, con ello, ofrece a México una nueva ruta de crecimiento y bienestar. Hemos de confiar en que las reticencias mostradas, que devienen de concepciones reiteradas, pero no comprobadas de modelos de desarrollo económico, irán cediendo conforme la reforma se demuestre como un verdadero camino hacia la ampliación de oportunidades. La convicción de quienes aprobamos esta reforma es que el símbolo mismo del petróleo como sustento del desarrollo nacional se irá llenando de contenido gracias a la aprobación de la reforma energética.

Raúl Cervantes Andrade es presidente del Senado mexicano y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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