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EDITORIAL

Retoques en los partidos

El Gobierno aprueba cambios en la financiación política que no revisan a fondo el sistema

La reforma de la financiación de los partidos políticos, concretada tras la última reunión del Consejo de Ministros, no altera nada verdaderamente sustancial respecto a las fuentes legales de dinero ya existentes. Ni se aprecia una apuesta decidida por las contribuciones de asociados y simpatizantes para sostener a los partidos —es lo que acaba de decidir el Gobierno italiano, acosado por el movimiento antipolítico en su país—, ni el sistema se encamina hacia la financiación pública como única vía para organizaciones que están constitucionalizadas al máximo nivel en la Ley Fundamental española.

Es cierto que el paquete legislativo no carece de medidas significativas, como la prohibición de condonaciones de créditos a los partidos políticos, lo cual cierra el recurso a las donaciones encubiertas en forma de créditos bancarios que no se devuelven. También se prohíben las donaciones procedentes de personas jurídicas, lo cual no impedirá que las empresas sigan financiado a las fundaciones vinculadas a los partidos —aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se dice convencida de que estarán más vigiladas—. Y seguirán siendo legales las donaciones de personas físicas, sometidas a una imprecisa exigencia de publicidad.

Mueve al escepticismo la prevista comparecencia de los encargados de finanzas de los partidos ante un grupo mixto de parlamentarios del Congreso y del Senado. Recibir a los tesoreros del PP, PSOE, UPyD, IU o nacionalistas, una vez al año, puede resultar un trámite o el pretexto para nuevas trifulcas, según la coyuntura de las relaciones entre los partidos: lo que resulta dudoso es que ese procedimiento redunde en un control efectivo de su actividad económico-financiera. Todo lo que no sean estrictos controles profesionalizados prolongará la duda sobre las cuentas. No menos extraño resulta atribuir al encargado de finanzas la obligación de explicarse, como si esa cuestión fuera ajena a los cargos ejecutivos.

Este plan, presentado como de “regeneración”, intenta responder a los escándalos producidos en el pasado. Pero la excesiva lentitud de los procesos judiciales impide precisar cuánta corrupción es de origen político —como se evidencia en la pelea judicial entre Luis Bárcenas y la dirección de su antiguo partido, el PP— y provoca fuertes daños colaterales, al arrojar una injusta sospecha de corrupción y de cultura del dispendio sobre la clase política en su conjunto. Y sin resolver los casos graves, que tanta alarma han provocado entre la ciudadanía, la credibilidad de un plan de regeneración permanecerá bajo sospecha.

Otra reforma enunciada es que los condenados por ciertos delitos, incluidos los de terrorismo, no podrán ser altos cargos hasta que se cancelen sus antecedentes penales. Podría afectar a los etarras excarcelados; pero, salvo que el proyecto cambie a lo largo de su tramitación, esa medida se refiere solo a la Administración estatal.

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