Un plan malogrado

El equipo del Gobierno que se ocupa de la energía ha propuesto una reforma con numerosas piezas legislativas destinadas a eliminar el déficit de tarifa del sistema eléctrico (diferencia entre los ingresos y los costes reconocidos a las empresas), calculado en unos 26.000 millones de euros antes de los cambios normativos. Dicha reforma incluía, como pieza principal, una aportación presupuestaria de hasta 2.200 millones, más otras cantidades complementarias que, en total, sumaban más de 3.500 millones. Pues bien, la reforma y su intención de acabar con el déficit de tarifa han descarrilado por una decisión política perfectamente previsible. El Ministerio de Hacienda ha considerado que el criterio de reducir el déficit público es de orden superior a la necesidad de enjugar el déficit de tarifa y, por tanto, ha cancelado las aportaciones públicas.

Así pues, el déficit de tarifa aumentará este año unos 3.600 millones, que el Gobierno ha aceptado asegurar a un plazo de 15 años con los intereses correspondientes. Es difícil entender como el autor de la reforma no obtuvo de Hacienda el compromiso en firme de la aportación presupuestaria. Que la reducción del déficit público es prioritaria sobre el déficit de tarifa es un criterio tan cierto hoy como antes de redactar los proyectos y decretos eléctricos. Pero parece que al Ministerio de Industria no se le ocurrió una evidencia tan elemental y se embarcó en un cambio legal ambicioso (y controvertido) sin negociar con Hacienda los fondos requeridos. El resultado final es decepcionante: el déficit de tarifa no solo no desaparecerá, sino que este año subirá probablemente a 30.000 millones y la credibilidad del Ministerio de Industria queda bajo mínimos. Ha sido el Ministerio de Hacienda el que ha negociado con las compañías la titulización con garantía del Estado del déficit anual.

La consecuencia de esta mala gestión es que la reforma eléctrica está muerta antes de nacer. Pero no se trata solo de una iniciativa legislativa desperdiciada, sino de que errores tan manifiestos tendrán malas consecuencias para los consumidores. El efecto principal será un encarecimiento del recibo de la luz —recuérdese que la electricidad española es de las más caras de Europa— porque, en mayor o menor proporción, las familias tendrán que pagar unos 400 millones más de intereses cada año durante los próximos 15. Se ha convertido en un lugar común aludir al descontento de las empresas con la reforma eléctrica; pero, de momento, tienen muchas razones para la irritación los consumidores.

Para las empresas también puede tener consecuencias nocivas. Pueden titulizar, pero la progresión del déficit y los apuntes en sus balances empeoran —o acabarán haciéndolo— su calidad crediticia en los mercados. El sistema eléctrico merece una reforma eléctrica de verdad, que no se conforme con poner parches dudosos y elimine el mecanismo de generación del déficit.