La séptima

Se mire como se mire, creo que haber tenido siete leyes para la enseñanza en 35 años es un disparate que raya con el suicidio educativo. Supongo que no hay españoles menores de 40 años que hayan podido cursar todos sus estudios dentro de un solo plan, una situación delirante que debe de influir en el bochornoso nivel de educación de nuestro país. Ya saben que, según la Evaluación de la Competencia de los Adultos llevada a cabo por la OCDE entre 23 países, España saca la peor nota de todos en matemáticas, y la segunda peor en comprensión lectora. Son unos datos catastróficos y me temo que la responsabilidad es colectiva, porque en ese diluvio de leyes para la enseñanza veo un ejemplo del sectarismo, de la incapacidad de nuestros políticos para trascender sus míseras batallas de poder y llegar a acuerdos nacionales en pro del bien común.

Total, que aquí tenemos la LOMCE de Wert, la séptima ley de la democracia, a la que la oposición ha prometido derogar en cuanto pueda (¡a por la octava!) y que no pinta nada bien: parece reforzar los centros concertados y debilitar a los públicos, además de dificultar que padres y profesores elijan a los directores. A lo peor el instituto Beatriz Galindo de Madrid, en donde yo estudié durante siete años, es un ejemplo de lo que puede pasar con la ley Wert si no lo impedimos. En julio de 2012, el PP les impuso un director a dedo, Carlos Romero, que desde entonces ha creado un conflicto monumental con los padres, los alumnos y todos los profesores. Romero fue denunciado por el PSOE en la Asamblea de Madrid por su “despotismo”, por no consensuar nada; por “arbitrariedades” como gastarse el dinero en barnizar los bancos de la capilla mientras la biblioteca permanecía cerrada. En suma: profesores, padres y alumnos debilitados, directores politizados que hacen y deshacen al servicio de su partido. No parece un buen plan para desasnarnos.