A resguardo de la piqueta

En la fiebre edificadora que caracterizó los años del boom inmobiliario, la construcción no siempre fue escrupulosa con las normas urbanísticas. El resultado es una pléyade de edificaciones que no cumplen la normativa y han sido declaradas ilegales.

En su memoria de 2012, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente señala la paradoja de que mientras continúa el goteo de sentencias con orden de demolición —unas 100 al año— su ejecución choca con todo tipo de obstáculos, de modo que raramente llega a actuar la piqueta. Solo en Cádiz hay unas 40.000 edificaciones ilegales y 70 órdenes de demolición pendientes de ejecutar.

A las obvias resistencias de los condenados se añade la dificultad objetiva de aplicar la sentencia. La casuística es muy variada pero la mayoría de los casos tienen algo en común: una dilatadísima tramitación judicial. Los demandados suelen recurrir a todo tipo de artimañas para dilatar el proceso. Con esta estrategia buscan, en primer lugar, el desestimiento de los demandantes, que suelen ser vecinos o grupos ecologistas, por cansancio o porque no puedan soportar los costes, pues cada peldaño judicial exige nuevos y complejos informes técnicos.

Y si no desisten, cuanto más dure el proceso más fácil es instaurar una situación de hecho difícil de revertir. Entre la demanda y la sentencia de la última instancia, que suele ser el Supremo, suelen pasar más de diez años. Mientras tanto el uso del inmueble se ha consolidado y hasta ha podido cambiar varias veces de manos.

La desesperante lentitud de la Justicia facilita el éxito de estas estrategias y en ocasiones hasta las premia con una amnistía, como ha ocurrido con la última Ley de Costas.

Las edificaciones irregulares tienen, pues, muchas posibilidades de librarse de la piqueta. La memoria de la Fiscalía constata “la extraordinaria reticencia de los jueces, en dictar sentencias de derribo”. Si las que se dictan no se cumplen, la sensación de impunidad crece. Y ya se sabe que la impunidad engendra nuevos delitos. Tal vez por ello, el Tribunal Supremo ha advertido que en las sentencias con orden de demolición, el derribo debe ser la regla general, y no la excepción.