Las milagrosas elecciones plebiscitarias
Quizás sean el único mecanismo posible para calibrar la voluntad de independencia de los catalanes
La propuesta de Artur Mas sobre unas eventuales elecciones plebiscitarias en Cataluña merecerían más atención de la que aparentemente se le ha prestado en la propia Cataluña y en el resto de España. Es indudable que el principal problema que tropieza cualquier análisis sobre la situación es que no existe un mecanismo constitucional que permita averiguar si se ha conformado, o no, una mayoría clara en Cataluña a favor de la independencia. Manifestaciones como las de la Diada de 2012 o la cadena humana de la semana pasada no son, en absoluto, instrumentos válidos para calibrar un asunto de semejante dimensión.
Hace falta encontrar una salida dentro del orden constitucional que esté a la altura del problema. Si como demuestra la realidad política no es posible plantear una reforma de la Constitución a corto plazo y si ningún gobierno español se va a considerar previsiblemente capacitado para convocar un referéndum consultivo, las elecciones plebiscitarias se convierten, quizás, en el único mecanismo capaz de evaluar si existe esa pretendida mayoría favorable a la secesión. Saber si existe una mayoría tan cierta, incuestionable y sostenida en el tiempo que interpele al resto de los españoles y nos comprometa a exigir la reforma constitucional que permita al menos empezar a andar ese camino.
Las elecciones plebiscitarias tienen ventajas e inconvenientes. Si se confirma su constitucionalidad (y así lo mantiene el informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, que fue el primero en hablar de esa posibilidad), tiene la ventaja de dejar la iniciativa a los propios defensores de la independencia catalana, sin romper el orden constitucional.
El proceso habitual en unas elecciones plebiscitarias llevaría a los independentistas a crear un Frente electoral único. Si se atiende al teórico Maurice Duverger, los procesos electorales plebiscitarios suelen estar también vinculados a candidatos únicos, que dejen claro al elector cual va a ser el sentido de su voto.
El principal inconveniente es que al reducir las elecciones a un único punto del programa, el Parlamento resultante no tendría prácticamente compromisos sobre otros aspectos de la vida política o económica. Supone un alto coste, pero podría estar justificado si, como se afirma, la cuestión de la independencia se ha convertido en el principal problema para la convivencia política en Cataluña.
Sería ingenuo ignorar las dificultades que tendrían unas elecciones de este tipo. De entrada, es difícil que cuenten con la aprobación de Esquerra Republicana (ERC), que defiende la celebración del referéndum aun a costa de romper el orden constitucional, o de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP), con un programa asambleario. Obviamente plantearía también problemas a quienes, como Unió, o una parte del PSC e ICV, juegan con el derecho a decidir, una opción que no les obliga a pronunciarse sobre nada.
Es seguro que unas elecciones de este tipo plantearían muchos interrogantes, pero quizás no serían insolubles. Sobre todo, si se llega a la misma conclusión que el Consell, para el que las elecciones plebiscitarias son la alternativa “más adecuada” al referéndum, por su legalidad, carácter democrático y sencillez técnica.
Artur Mas no parece haberse decidido por ninguna propuesta. De hecho, el President pudo haber convocado unas elecciones plebiscitarias después de la Diada de 2012, pero no lo hizo. Disolvió el Parlament, pero rehusó acudir con un programa independentista y se las arregló para que su propuesta fuera deliberadamente confusa. Semanas después sus diputados votaron a favor de una declaración secesionista, pero hasta el informe del Consell recuerda que no tiene el mismo valor elegir unos diputados que voten en un sentido determinado, que convocar unas elecciones en las que los ciudadanos se expresen directamente sobre un único proyecto político.
Una última observación: quienes atacaron en Madrid la librería Blanquerna no son solo los enemigos de la Generalitat. Son los enemigos de los madrileños.
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