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EDITORIAL

Tras la emoción

Generalitat y Gobierno deben dar cauce político al malestar mostrado en la cadena catalana

Como se esperaba, la cadena humana en Cataluña alcanzó ayer un seguimiento nutrido, un impacto icónico espectacular y una notable densidad emocional. Todo ello dentro de un tono festivo y cívico, lo que hace a sus componentes dignos de respeto, independientemente de su número exacto. Justamente lo contrario de lo demostrado por el grupo de individuos que interrumpió un acto en la delegación de la Generalitat en Madrid, exhibiendo banderas falangistas y zarandeando a varios de los asistentes, en un grave incidente que debe ser investigado inmediatamente por el Ministerio del Interior.

La celebración de la Diada en Cataluña tuvo una coloración mayoritaria, pero no únicamente  independentista, como querían sus organizadores, que supieron arrastrar al nacionalismo de Convergència. Pero Artur Mas no debiera abrumarse por los sentimientos ni cometer el mismo doble error en que incurrió hace un año, que acabó erosionando la solidez de su liderazgo. El primero, confundir el carácter masivo de la asistencia con una mayoría o la totalidad de la ciudadanía catalana. El segundo, dejarse arrastrar por el calendario e impulsos de los organizadores, al tiempo acicates y criaturas de su indecisa estrategia.

En términos políticos, lo acontecido ayer fue sobre todo una confirmación de lo sucedido hace un año. Más allá del colorido de la jornada, los sondeos dibujan, si acaso, un ligero aumento del independentismo (un 52%, en ausencia de alternativa) y un incremento más pronunciado (hasta el 80%) de los partidarios de celebrar un referéndum. Nada extraño tras un año de continua agitación, de intensa propaganda oficial y de ausencia de real gobernación. La institución hace seguidismo de la calle y los representantes autorizados de esta actúan como estrambote de los eslóganes oficiales, en una confusa espiral de contornos imprevisibles.

La mediocre calidad de la gobernanza del titulado “proceso de transición nacional” se traduce así en una confusión total entre el objetivo secesionista de un —aunque notable y creciente— segmento político y la mayoritaria exigencia de convocatoria de una consulta. Y en consecuencia, el Gobierno autónomo, cuando esporádicamente gobierna, enfoca el proceso no para todos, desde la mínima imparcialidad exigible ante una ciudadanía que se quiere plural. Lo hace escorado hacia una parte, la más visible y activa de la población, como ayer se volvió a constatar, pero solo una parte. No son esas las condiciones mínimas para el ejercicio imparcial del pluralismo requerido para cualquier consulta.

Esta defectuosa dinámica es en gran medida tributaria del inmovilismo del Gobierno central, pues no plantea otra alternativa al secesionismo que una involución autonómica con algún perfil neocentralista. De seguir los dos Gobiernos implicados sin asumir el imperativo de encauzar políticamente emociones y reivindicaciones, el problema no hará sino agravarse. Y su solución se hará cada día más ardua.

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