Contra la corrupción

No podemos esperar más. Un paquete de reformas legales profundas, severas, urgentes, actualizadas, deben ser aprobadas en las Cortes en el combate contra la más dañina de nuestras termitas antidemocráticas: la corrupción. Todos coincidimos en que, entre las causas de la desafección ciudadana con la política y con los partidos, la peor sin duda, la más corrosiva, es la corrupción.

Instituciones, partidos políticos, representantes públicos, estamos siendo arrastrados al barro del desprecio ciudadano por una serie de escándalos que, en plena crisis, en el fragor del desempleo, los recortes, los sacrificios, resultan más insoportables todavía, alimentando una preocupante deriva antipolítica y, en consecuencia, antidemocrática, en un país cuya historia y tradición cultural son extraordinariamente sensibles a este tema.

Llevamos meses asistiendo a este peligroso clima sin que hasta la fecha el sistema político, es decir, el arco parlamentario, haya actuado de manera inmediata y contundente. En el debate del estado de la nación en febrero de este año, se aprobaron una serie de resoluciones, mandatos que todavía no se han materializado. A veces, la política es desesperadamente lenta y el Parlamento, más todavía. Para colmo, en el camino se ha interpuesto la causa Gürtel-Bárcenas, que ha roto cualquier expectativa de acuerdo con el Gobierno en una materia en la que la ejemplaridad es condición necesaria de credibilidad. Puestas así las cosas, resulta imprescindible tomar iniciativas. La nuestra es muy clara: crear una subcomisión parlamentaria, poner sobre la mesa las propuestas de todos los grupos políticos, llevar a la sociedad a ese debate parlamentario, acordar las reformas legales y presentarlas a aprobación de las Cortes como proposiciones de ley, suscritas por la mayoría o todos los partidos de la Cámara. En consecuencia, aprobarlas y ponerlas en marcha en los primeros meses del año 2014.

Debemos dar una respuesta común contra este tumor mortal que puede destruir nuestro progreso

El Gobierno ha anunciado que presentará sus proyectos de ley a la vuelta del verano. Bienvenidos sean, pero las iniciativas de reformas legales contra la corrupción ya han sido presentadas también por los partidos políticos de la Cámara. Además, reformas que afectan al funcionamiento de nuestras instituciones: Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Código Penal, partidos políticos, etcétera, no deben ser aprobados a iniciativa de un Gobierno o de un partido, sino promovidas por el conjunto de ellos mediante proposiciones de ley. Lo mismo cabe decir respecto a leyes que afectan a ámbitos competenciales compartidos con CC AA y Ayuntamientos, como son la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Bases de Régimen Local. Por otra parte, no está el Gobierno en condiciones de liderar estas reformas. Su actitud en el caso Gürtel-Bárcenas le inhabilita para liderar esta iniciativa reformista. Su mayoría parlamentaria ya no es mayoría social y, mucho menos, en este tema. Por otra parte, una tramitación parlamentaria consensuada desde su origen puede dar un amplio juego a la participación ciudadana, en un debate en el que debemos escuchar en sede parlamentaria las múltiples voces que desde la universidad y el asociacionismo cívico se vienen manifestando y al tiempo tener en cuenta el amplio abanico propositivo anticorrupción que esos mismos foros han realizado.

Con un método como el que proponemos conseguiríamos, además, dos cosas importantes: por una parte, pondríamos el foco del debate en el Parlamento, en las propuestas, en las soluciones, en vez de estar pendientes de las portadas periodísticas o de las tertulias. Recuperar la iniciativa, devolver a las instituciones, especialmente al Parlamento, su papel principal en estos temas y colocar a los partidos políticos ante su principal responsabilidad es capital en estos momentos y en este tema. Por otra, además de una respuesta consensuada y urgente del sistema político a la corrupción en España, lo que conseguiríamos con este procedimiento es superar el bloqueo político que sufre actualmente la política española. Desgraciadamente, este asunto es como una pared que se ha intercalado en las relaciones parlamentarias desde febrero de este año, cuando este periódico publicó los papeles de Bárcenas. A un lado, todos los partidos de la oposición exigiendo responsabilidades al presidente y a su partido y al otro, su grupo parlamentario empeñado en negar las evidencias, cerrado al debate y a las iniciativas parlamentarias y defendiendo una mayoría absoluta que ha dejado de ser mayoría social. La política española está bloqueada en el peor momento de su historia democrática y este es el único camino para avanzar.

Las reformas en nuestra democracia no deben parar ahí. Ha llegado el momento de sacudir nuestro entramado institucional-democrático para hacer frente a la desafección democrática y antipolítica. Son reformas más complejas y más controvertidas: la ley electoral, el sistema parlamentario, la participación ciudadana, la sociedad de la información y su impacto en la democracia, etcétera. Son tareas pendientes para una segunda reflexión en la segunda parte de esta legislatura. Pero antes, ahora mismo, debemos ofrecer al país, todos juntos, sin protagonismos partidistas, sin oportunismos, sin más tiempo que perder, una respuesta común, integral, resolutiva, definitiva, contra este tumor mortal que es la corrupción, que en un país como el nuestro puede destruir las bases de nuestra convivencia y de nuestro progreso.

Ramón Jáuregui es diputado del PSOE por Álava.