Abandono sanitario

Un año después de que entrara en vigor el decreto de exclusión de la sanidad pública de los inmigrantes sin papeles, la situación de este colectivo en España es de una gran confusión y está sometida a una suerte de lotería que genera grandes desigualdades. El decreto dejó sin cobertura a más de 150.000 extranjeros adultos y en este tiempo hemos asistido a tristes episodios de desatención que han llevado incluso a la muerte por falta de asistencia. Pero mientras algunas autonomías aplican rigurosamente la exclusión impuesta por el Gobierno del PP y solo ofrecen atención en casos de urgencia o de parto, otras han continuado proporcionando la tarjeta sanitaria que da acceso a una asistencia normalizada, aunque la mayoría exige un año de residencia para evitar el efecto llamada.

En las comunidades que han acatado la exclusión —Baleares, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Aragón y Castilla-La Macha— los emigrantes quedan desamparados y solo son atendidos en casos urgentes, sin ninguna continuidad y sin financiación para los medicamentos, salvo que encuentren en su camino alguna ONG que sufrague esos gastos. Cuando el Gobierno presentó esta muy discutible normativa, argumentó que estaba destinada a combatir el turismo sanitario. Los progresos que se consigan en esa dirección han de ser saludados, pues no es justo que ciudadanos de otros países que tienen cubierta la asistencia o disponen de recursos suficientes, no abonen la que reciben en nuestro país. Pero ese objetivo podía conseguirse sin dejar en el desamparo sanitario al colectivo más desvalido: el de los inmigrantes forzosos que no tiene ninguna otra cobertura ni ingresos suficientes.

El Gobierno ha mostrado un imperdonable desdén hacia este colectivo. Hasta el mes de julio pasado ni siquiera había concretado los términos del convenio con la Seguridad Social que había anunciado para que los extranjeros puedan recibir asistencia previo pago de una póliza. El convenio entrará en vigor mañana, pero el coste de la póliza —60 euros entre los 18 y 64 años, y 157 para los mayores de 65 años— difícilmente está al alcance de una familia de varios miembros ingresos irregulares. Un año después, se echa de menos una evaluación de los costes sociales de una decisión que nunca debió tomarse, pues parece responder más a motivos migratorios —dificultar la permanencia de quienes no tienen trabajo— que sanitarios y que, como dijo el Tribunal Constitucional, atenta contra el derecho a la salud.