No todo vale

Lejos de diluirse con el tiempo, el caso Snowden sigue provocando episodios tan graves como inusitados. El último, este domingo, fue la retención en el aeropuerto londinense de Heathrow de David Miranda, ciudadano brasileño y pareja del bloguero Glenn Greenwald, que ha venido publicando en el diario The Guardian las filtraciones del informático estadounidense sobre la red de espionaje global de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

Miranda regresaba a Río de Janeiro desde Berlín, y la policía británica aprovechó su escala en Londres para aplicarle la ley antiterrorista: lo retuvieron nueve horas (lo máximo que permite esa normativa excepcional) y le confiscaron los dispositivos electrónicos que llevaba, entre ellos el ordenador, tarjetas de memoria y DVD, antes de dejarle partir.

Greenwald ha calificado este episodio como acto de intimidación, y sin duda mucho de eso tiene. Pero hay algo más: Miranda había viajado a Berlín como correo, para intercambiar con otra periodista documentos procedentes de las filtraciones de Snowden. El viaje había sido costeado por The Guardian, según ha confirmado el diario. Y esos documentos, encriptados en memorias portátiles, fueron confiscados en el aeropuerto. Ahora Greenwald ha prometido el desquite con nuevas publicaciones.

El juego del gato y el ratón forma parte del turbio mundo del espionaje. La policía británica asegura que cumplió estrictamente la ley. La pregunta es si la usó con la persona adecuada. Miranda no era sospechoso de terrorismo, y de hecho en ningún momento fue interrogado sobre esa cuestión. A pesar de ello se le aplicó una legislación que deniega la asistencia de un abogado y que convierte en delito la negativa a cooperar.

Todo apunta a que las fuerzas de seguridad han utilizado la ley antiterrorista como un subterfugio para requisar los documentos que llevaba el brasileño. Las autoridades británicas pueden argumentar que se trata de información confidencial previamente sustraída a un país aliado, pero eso no justifica su actuación. Abusar de las leyes, sobre todo cuando son de excepción, no es aceptable en un Estado de derecho. El Gobierno de Londres ha querido zanjar la polémica escudándose en los procedimientos de seguridad fronteriza. Pero no va a poder evitar las explicaciones, que varios diputados han empezado a exigir.

En el eterno debate de la seguridad y la privacidad, muchos ciudadanos creían poder confiar razonablemente en sus autoridades, pero los hechos están demostrando lo contrario. Acabamos de saber que, en su barrido planetario de llamadas e Internet, la NSA ha violado reiteradamente las normas de privacidad, muchas veces por simples errores. Tapar los excesos y acotar los daños entra en la lógica de los Gobiernos a la defensiva. Pero no todo vale en la lucha contra los filtradores.