Al Sisi contra la revolución

Se ha extendido la idea de que el general Al Sisi dio el golpe de Estado del 3 de julio a petición del clamor popular y para defender la revolución democrática egipcia. Es la única versión que se acepta en Egipto. Lo demás se considera alta traición y la policía —o en su defecto la judicatura— actúa de inmediato. Es, por supuesto, la versión que se hace circular desde las cancillerías egipcias, y la que conviene a la opinión pública internacional, que no simpatiza con los islamistas. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente.

Valiéndose de las protestas contra Morsi, Al Sisi dio un golpe de Estado para acabar con la revolución, encarnada en parte por los manifestantes. Apenas una semana después del golpe ya alertaba de ello la premio Nobel de la Paz yemení Tawakkul Karman: “Volverán las políticas y los hombres de Mubarak. (...) El derrocamiento de Mohamed Morsi, el presidente elegido, mediante una declaración militar y su sustitución por otro, apoyado por todos los poderes, o el asesinato de decenas de manifestantes pacíficos que protestaban por ello, no son sino dos ejemplos de prácticas terroristas” (Al-Masry Al-Youm, 12/07/2013). Y eso que todavía no se había producido la masacre de la plaza de Rabaa, que dejó más de 800 muertos, ni la declaración del estado de emergencia (en vigor durante los 30 años de presidencia de Mubarak), ni la excarcelación del mismo Mubarak o el encausamiento de cualquier opositor, incluido Mohamed El Baradei, otro premio Nobel de la Paz, que en un principio se alió con el bando golpista y al que ahora la fiscalía acusa de “traicionar la confianza nacional”.

El golpe de Al Sisi no fue contra los islamistas, sino contra el proceso democrático que llevó a los islamistas al poder. El Ejército y las fuerzas de seguridad no tenían grandes cuentas pendientes con los Hermanos Musulmanes (HHMM), que se habían plegado durante el Gobierno de Morsi a sus intereses. Las cuentas pendientes eran, en el fondo, con la revolución y las fuerzas democráticas. Era una cuestión de supervivencia: si la democracia seguía su curso, el “Estado profundo” organizado en torno al estamento militar (Ejército, fuerzas de seguridad y judicatura) corría el riesgo de desaparecer. Hasta tal punto ha crecido su imperio empresarial que en los últimos años el Ejército ha prestado al Estado, que se sepa, 2.000 millones de dólares. La cúpula militar forzó la caída de Mubarak para preservar sus privilegios, no para complacer al pueblo, y ha hecho ahora lo propio con Morsi, representante, mal que bien, del proceso democrático. Con la gente en la calle, Al Sisi vio una oportunidad de oro para servirse del peculiar mamismo de los egipcios, que da por hecho que si Egipto es “la madre del mundo”, el Ejército es la madre de Egipto.

Los militares eliminaron a Mubarak primero y a Morsi después para preservar sus privilegios

Aunque Morsi no es Mubarak, cosa que con frecuencia se olvida, los dos cayeron sobreestimando la lealtad de sus generales. Tantawi y Sisi responden a una misma lógica: la identificación entre Estado y Ejército. Cuando en febrero de 2011 el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFA) dejó caer a Mubarak, mató dos pájaros de un tiro: se erigió en garante de la voluntad popular y se deshizo, que era lo que más le interesaba, de la república hereditaria diseñada por el dictador, que entregaba el control del Estado a Gamal Mubarak y a una camarilla de tecnócratas neoliberales. Cuando hace dos meses el CSFA secuestró a Morsi, la amenaza era otra: la democracia.

Es cierto que Morsi no acometió las necesarias reformas ni del Ejército ni de los cuerpos de seguridad, pero al recomponer a su medida el entramado civil de la Administración heredada de la dictadura puso en peligro el Estado profundo. Uno de los terrenos en los que esto se aprecia con mayor claridad es en la política de nombramientos de gobernadores civiles, cuyas competencias incluyen, a escala local, las propias del Estado, desde la seguridad a la fiscalidad. Tradicionalmente se designaba para este puesto a altos cargos militares o policiales retirados, por lo que cuando Morsi emprendió su sustitución por personas afines a la presidencia se le acusó de islamizar el cargo, si bien solo 11 de los 27 nombrados pertenecían a los HHMM. Tras el golpe, las aguas han vuelto a su cauce: en agosto, el nuevo Gobierno ha nombrado a 17 exmilitares, 2 policías y 2 jueces entre los nuevos 25 gobernadores provinciales (se ha mantenido a los 6 militares designados por Morsi).

También en el ámbito de los cargos civiles son fundamentales para el Estado militar paralelo los puestos de perfil político medio. Este verano han sido colocados en los ministerios clave para los negocios de los militares (Vivienda, Agricultura, Transportes, Planificación) veteranos burócratas del entorno del Partido Nacional Democrático (el antiguo partido del régimen), con buena experiencia en la cooperación con los militares y la no interferencia en sus intereses. En compensación, y para disimular, el abanico de ministros cuenta con nombres de los que John Kerry pudo decir al día siguiente de la toma de posesión del nuevo Gobierno: “Conozco personalmente a varios, y sé que son muy competentes”.

Se ha identificado islamismo con fascismo y luego con terrorismo

En donde ni la revolución ni la contrarrevolución han cambiado las cosas es en la ayuda estadounidense al Ejército egipcio: 1.300 millones de dólares al año. Esta contribución es un insulto a la democracia, por más que la cantidad ya no sea muy relevante (no ha variado desde 1979) y los militares cada vez la necesiten menos. Lo más irónico es que ahora en Egipto los más enconados enemigos del Gobierno estadounidense son los voceros del régimen, no los naseristas o los islamistas. Es algo que no pasa desapercibido en EE UU, aunque de momento no tenga consecuencias políticas. Hace pocas semanas, The New York Times (25/8/2012) se hacía eco de las declaraciones de Tahani El Gebali, vicepresidenta del Tribunal Constitucional entre 2003 y 2012, en las que acusaba a Obama de connivencia con los HHMM argumentando que ¡su hermanastro keniano dirigía un grupo de inversiones de la Hermandad! La vieja paz militar de Egipto con Israel sigue atando de pies y manos a EE UU, y hoy por hoy su apoyo al Ejército golpista le convierte en invitado de segunda del club de Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, que han decidido sufragar la represión con 12.000 millones de dólares, casi 10 veces la ayuda americana.

Para Al Sisi y la cúpula militar, demonizar al islamismo era el camino más corto para acabar con la revolución. El plan estaba bien trazado. Primero se identificó islamismo con fascismo (idea por otra parte con mucho eco en la islamofobia euroamericana). La prensa y los medios de comunicación no islamistas se dedicaron a ello desde la elección de Morsi. Luego, una vez consumado el golpe, todo islamista se convirtió en terrorista (el 15 de agosto ningún gran diario egipcio publicó en portada una foto de los islamistas masacrados en la plaza de Rabaa, sino imágenes de la “batalla del Estado contra el terrorismo”). Y ahora que la represión ha empezado a hacer mella en los demócratas que habían apoyado la asonada, cualquier voz crítica es acusada de islamista. Ninguna disidencia ha quedado a salvo: incluso los llamados “liberales” figuran hoy en el campo de la “traición islamista”. Acalladas las élites, quedaba la calle.

Barrer a los HHMM de la calle ha sido un paso decisivo para acabar con el espacio público como centro de la revolución. No es que los hermanos encarnen solos el futuro de la revolución, que tal vez sí en este momento, sino que clausurando la calle mediante el toque de queda y el estado de excepción los militares han ido contra la raíz del proceso revolucionario. La calle está neutralizada, los partidos políticos amedrentados y no queda un medio de comunicación que no haya sido doblegado. La contrarrevolución se ha consumado, utilizando en buena medida a las fuerzas revolucionarias.

Luz Gómez García es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid.