Los malhechores y Rajoy

Hace mucho tiempo que el presidente del Gobierno debería haber dado explicaciones sobre la trama de corrupción del caso Gürtel, complicada aún más por las imputaciones a Luis Bárcenas, gerente y tesorero de su partido desde 1989 hasta 2009. Si algo empujaba a Rajoy a aplazar esas explicaciones, confiando en que el paso del tiempo u otras circunstancias enterrasen el problema en el olvido, el presidente debió haber cambiado radicalmente de actitud el 31 de enero pasado, cuando este periódico publicó las anotaciones contables que recogen donativos presuntamente ilegales y el reparto de gran parte de esas sumas entre cargos del PP.

Sin embargo, el presidente del Gobierno se limitó en su día a negar que él hubiera recibido o repartido dinero negro, dejando a sus escuderos el trabajo de desacreditar lo publicado. Cinco meses después, el conocimiento de los mensajes intercambiados con Bárcenas, algunos de ellos cuando ya existía constancia judicial sobre la fortuna del extesorero, compromete seriamente la posición del jefe del Ejecutivo. Por respeto al sistema democrático, a los ciudadanos, a su propio partido y a sus votantes, el jefe del Gobierno tiene que dar una explicación veraz ante el Congreso. De otro modo será imposible que recupere su credibilidad.

También debe explicaciones públicas y precisas la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sin permitir que Carlos Floriano siga siendo la imagen visible de su partido, si es que en algo aprecia el futuro del mismo. Es tarde para reparar los errores cometidos desde un principio, cuando se intenta desde hace meses esquivar el problema de fondo, jugando con insinuaciones, haciendo declaraciones ininteligibles, sin abordar el problema de frente y pretendiendo ahora, en el colmo de los despropósitos, que existe una connivencia entre el extesorero del PP y la oposición política. ¿Quién ha convencido a estos portavoces de que los españoles son idiotas? Y si no ha sido así, ¿por qué los tratan como a tales? El señor Bárcenas es un producto genuino del Partido Popular y de nadie más. Es preciso aclarar quién fabricó a este malhechor, quién lo alimentó y quién compartió con él sus fechorías. Pero el partido gobernante ha dado todas las lecciones posibles sobre lo que no se debe hacer cuando estalla un asunto de la gravedad del que nos ocupa. Ahora está obligado a dar un giro inmediato.

Mención aparte merece la utilización de la prensa por parte de los presuntos delincuentes imputados. Es sabido que tanto Bárcenas como Correa se han entrevistado en los últimos meses con decenas de periodistas de todos los medios, tratando de colocarles su particular mercancía. Merece la pena recordar que esas conversaciones nada tienen que ver con el periodismo de investigación y pueden contribuir a intoxicar al máximo el proceso. Si algo ya sabemos a ciencia cierta es que Bárcenas es un mentiroso de aúpa y es inadmisible que los acusados en un proceso pretendan marcar ellos los tiempos de la justicia.

No puede repetirse el espectáculo de la administración de mensajes de correo electrónico ofrecido por Diego Torres, antiguo socio de Iñaki Urdangarin, en el procedimiento del caso Nóos. El juez Ruz debe exigir a Bárcenas que entregue todo el material de que disponga y que sea relevante para la causa, sean mensajes o registros de llamadas telefónicas, correos electrónicos o de otro tipo. Y también alguien debería explicar por qué todavía no se han ordenado los registros pertinentes del archivo de Bárcenas, al que por otro lado se le permitió durante meses hacer numerosos viajes al extranjero. La sospecha de que se han podido destruir o fabricar pruebas en ese periodo es más que razonable. La justicia no puede trabajar a impulsos de las estrategias de las defensas. Más aún cuando el nuevo abogado de Bárcenas es otro antiguo malhechor, Javier Gómez de Liaño, un exjuez condenado en su día por prevaricación, expulsado de la judicatura por ello, e indultado después por el Gobierno de Aznar, en agradecimiento por los servicios prestados con su prevaricación.

La situación política es extremadamente grave. Corregir la creciente inestabilidad corresponde al PP, cuya mayoría absoluta conseguida en las últimas elecciones le confiere la responsabilidad de evitar a este país traumas de consecuencias impredecibles. Habrá de hacerlo con el menor coste posible, en una sociedad castigada por una larga crisis económica, de la que costará mucho recuperarse. Por sentido de Estado y por obligación democrática, el PP está obligado a abordar de frente el problema político creado por su mala gestión del caso Bárcenas.