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TRIBUNA

Alternativas para un nuevo modelo energético

Hay que evolucionar hacia otro sistema en el que habrá muchos y variados operadores

El 2 de julio terminó el plazo dado por la Comisión Europea para enviar comentarios a su documento de análisis y preguntas sobre cómo diseñar las políticas de energía y clima en Europa de modo que permitan cumplir la senda de descarbonización fijada por los líderes europeos para 2050.

Se trata de trazar la línea que nos permita transitar entre 2020 y 2030 de la forma más inteligente y eficaz, promoviendo competitividad e innovación, eficiencia en el uso de recursos y equidad en el reparto de tareas. Es, además, un asunto capital desde el punto de vista de seguridad de suministro energético y de contribución al perfil político de un actor, Europa, que todavía aspira a mantenerse como referente global.

Lograr reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 85% y el 90% en 2050 supone contar con un sector eléctrico libre de CO2, generar cambios en nuestros sistemas de transporte y apurar al máximo los esfuerzos en ahorro y eficiencia energética.

Somos muchos los convencidos de que para alcanzar estos objetivos resulta imprescindible establecer para 2030 un compromiso de reducción unilateral de gases de efecto invernadero del 45%, un objetivo de energía renovable del 30% y un incremento notable —y obligatorio— de las actuales exigencias en materia de ahorro y eficiencia. Es mucho más fácil si, además, revisamos la senda a 2020 para adecuarla a la realidad actual, generando confianza y estabilidad para los inversores y los tecnólogos con respecto a la apuesta de Europa y orientando la recuperación económica de la UE hacia la transformación que se necesita.

Es necesario reducir emisiones y apurar al máximo los esfuerzos en ahorro y eficiencia

En ese contexto, la generación distribuida y el máximo aprovechamiento del potencial fotovoltaico en países con alta radiación solar son algunas de las opciones más atractivas, especialmente tras la significativa reducción de costes asociada al despegue de la tecnología y la mejora de la capacidad de gestión de las redes. Sin embargo, se están viendo perjudicadas por un contexto hostil fruto de determinados errores —propios de un aprendizaje reciente— y, sobre todo, de muchos prejuicios e intereses en contra. No es de extrañar, por tanto, que surjan colectivos que reclamen la “insumisión energética” o la “desobediencia solar”. Su aparición sí es, sin embargo, un asunto preocupante. Ningún responsable de políticas energéticas o ambientales, ningún regulador u operador del sistema eléctrico debería atrincherarse frente a la preocupación legítima de quienes abanderan el autoconsumo y el balance neto como aportaciones interesantes al difícil sudoku que tenemos delante: cómo conseguir un sistema moderno y confiable, de costes bajos y predecibles, libre de CO2.

El balance neto es un mecanismo que permite intercambiar con el sistema eléctrico los excedentes de energía del autoconsumo instantáneo. En el caso fotovoltaico, los kWh de más que se pueden producir durante el día se compensarían con kWh suministrados por la red durante la noche. Con ello se abriría el mercado para aquellos consumidores, como los hogares, que concentran su consumo cuando los paneles solares no producen. En el autoconsumo instantáneo no tiene sentido el cobro de peajes por el uso del sistema eléctrico, igual que no tiene sentido cobrarlos por sustituir una bombilla incandescente por otra de bajo consumo o por encender una chimenea. En cambio, con el balance neto la situación es diferente, porque hay interactuación con el sistema.

Por eso, es muy razonable proponer que el balance neto abone todos los peajes que proceda, pero solo los que proceda, es decir, que se pague por el uso efectivo que se hace del sistema al intercambiar los excedentes. En otras regulaciones, como la californiana, la italiana o la danesa, se exime al balance neto del pago de peajes —y en otras, como la brasileña, se aplican grandes descuentos—, atendiendo a sus grandes ventajas de generación distribuida y renovable. Son opciones que no requieren subvención alguna sino un marco regulador estable y acertado, equitativo en la atribución de los costes del sistema.

Son alternativas concretas para transitar hacia un nuevo modelo energético en el que los operadores ya no serán unos pocos sino muchos y muy distintos. Será, por ello, imprescindible disponer de un excelente gestor de la red, capaz de hacer el seguimiento real de lo que hay, lo que entra y lo que sale, cuándo y cómo lo hace y de qué manera tiene un efecto más beneficioso para el conjunto del sistema. Condenar a la “alegalidad” y el ostracismo o, lo que es peor, a la ilegalidad y la desobediencia alternativas que son ya hoy una realidad no parece ser la respuesta más acertada.

Teresa Ribera fue secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011.

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